Noticias sobre Ayudas a vivienda

Pedir que se restablezca el derecho “sustraído retroactivamente” a cobrar los subisidios de préstamos para la compra de viviendas es el objetivo de las entrevistas que mantuvo una representación de la Coordinadora Nacional de Afectados por Impagos de Ayudas a la Vivienda con los grupos parlamentarios de la Cortes Valencianas y con el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine.

Ángel de Sancha, representante de relaciones institucionales de la Coordinadora, recordó que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Fomento “que pague las ayudas y luego se dirija a las comunidades autónomas para decirles que se abstengan de no reconocer las ayudas de los planes anteriores a 2009-2012”. Fomento, añadió De Sancha, ya ha dicho que no hará caso de la recomendación, pese a que hay sentencias en ese sentido y dos comunidades ya lo han hecho.

El representante de la Cooordinadora Nacional iba acompañado por Cristina Aguilar, de la plataforma de afectados autonómica, y comparó lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, donde se calcula que la Generalitat debe 250 millones en ayudas a la vivienda a unas 50.000 familias, con la de Madrid. “La venta de patrimonio público de vivienda protegida “también llegará aquí”, advirtió De Sancha, que evaluó en casi 3.000 millones de euros el volumen de impagos en las ayudas a la vivienda. Las afectados por esa deuda de las administraciones son unas 300.000 familias.

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Fuente: El País

El economista José Barea, catedrático emérito de la UAM, expone que un factor determinante del coste de la construcción de la vivienda en España es el suelo, “dado que la oferta está limitada por el monopolio que los ayuntamientos ejercen sobre la misma, al constituir las edificaciones de suelo urbanizable un ingreso muy importante de sus presupuestos”. Apunta que el Grupo parlamentario Popular pactó con el de CiU varias enmiendas al proyecto de Ley de Medidas de Liberalización del Mercado Inmobiliario con el objetivo de abaratar la vivienda, introduciendo cambios en el régimen de valoración de suelo no urbanizable, urbanizable y urbano. “Creemos, sin embargo, que no ha sido suficiente para producir una rebaja sustancial del suelo. La única forma efectiva sería declarar como urbanizable la inmensa cantidad de suelo que existe alrededor de todas las ciudades, excepto aquellas zonas que el ayuntamiento se reserva para la construcción de zonas deportivas, parques, escuelas, etcétera; es decir, para instalar servicios públicos. Se trata de invertir la concepción que hoy existe de que solo es urbanizable el suelo que acuerde el ayuntamiento, por un marco que todo es urbanizable, con las excepciones que acabamos de citar” .
Explica también que dentro del mercado de la vivienda, hay que distinguir el de construcción para alquilar y el de construcción para venta. En cuanto al primero, “es de todos conocido el mal funcionamiento de dicho mercado, que ha dado lugar a una tendencia decreciente del mismo: en 1950 supone más del 50% del parque inmobiliario de viviendas principales, en tanto que en la actualidad representa menos del 10%; en Europa, el porcentaje se encuentra en el entorno del 30%. A mi entender, la principal causa se encuentra en la lentitud de los procesos judiciales; la falta de seguridad jurídica es por tanto la razón fundamental”.   
Barea señala que “la total liberalización del mercado de viviendas en alquiler y la transformación de las ayudas a la compra en ayudas directas a los inquilinos, serían incentivos suficientes para impulsar el mercado de vivienda en alquiler”.

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Fuente: Cinco Días

Artículo en el que se destaca que la retirada de la ayuda directa a la entrada para la adquisición de una vivienda obedece, según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, a que “no ha demostrado ser una ayuda muy eficaz” para la finalidad a la que fue asignada. Corredor inscribió su supresión en el ajuste general de los gastos de la Administración Central y en que la  política prioritaria del Ministerio son las viviendas en alquiler y la rehabilitación. Estas precisiones fueron realizadas por la ministra como respuesta a una interpelación del Grupo Popular en el Congreso en la que el diputado de este grupo Pablo Matos reprochó al Gobierno el recorte en su conjunto y que su política de vivienda pública ha fracasado en distintos frentes. Entre ellos, destacó la escasa utilidad que ha tenido la línea de préstamos ICO Moratoria Hipotecaria, que se dotó de 6.000 millones de euros, de los que sólo se han dispuesto en 15 meses 76 millones, en tanto que las ejecuciones por impago de hipoteca han afectado a 93.319 viviendas. Matos también señaló que la iniciación de viviendas públicas protegidas ha descendido un 17% interanual.

Corredor no entró a valorar la línea ICO, pero defendió que si bien se ha suprimido la ayuda a la entrada no se han tocado las ayudas a las familias más desfavorecidas. La ministra enumeró otras ventajas del plan de vivienda, como la disponibilidad de créditos convenidos con entidades financieras, con tipos de inferiores a los de mercado; los subsidios durante 10 años
para pagar la hipoteca, que pueden suponer hasta 12.000 euros y la posibilidad de que la hipoteca llegue a cubrir hasta el 90% del valor final de la vivienda, lo que dijo suple prácticamente la ayuda a la entrada.

Fuente: El Economista

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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, pide un periodo transitorio en relación a los recortes de las ayudas a la vivienda planteados por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, comentando que el ‘tijeretazo’ impide el desarrollo de una ley estatuaria, la del Derecho a la Vivienda. Por su parte, UGT aseguró que la reducción de las ayudas a la compra de viviendas protegidas “aleja a los ciudadanos de su derecho constitucional a una vivienda digna”.

El consejero de Vivienda y Obras Públicas del Gobierno de La Rioja, Antonio Burgos, dijo que los recortes “torpedean” el acceso a la vivienda de las familias con rentas más bajas y de los jóvenes, mientras que en Valencia, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, criticó a la ministra y calculó que los recortes afectarán de manera directa a 23.245 familias valencianas.

Fuente: El Economista

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