Noticias sobre Ejecución hipotecaria

Los jueces españoles podrán paralizar los procesos de ejecución hipotecaria para analizar si las cláusulas del contrato que las vinculan son abusivas para el consumidor. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, “vamos a incorporar” la sentencia del Tribunal de Justicia europeo a la normativa española “en toda su extensión; vamos a modificar el procedimiento para que pueda haber un trámite de suspensión en el que el juez considere si hay cláusulas abusivas, y también vamos a definir qué son cláusulas abusivas”. Los principales partidos de la oposición y autores de las preguntas al ministro, PSOE y CiU, no se dieron por satisfechos y exigieron al Gobierno que paralice todas las ejecuciones hipotecarias a partir de ahora hasta que termine la modificación de la normativa.
El Gobierno ha llevado a cabo el proyecto de ley antidesahucios y prevé introducir las modificaciones durante su tramitación, así como la iniciativa popular que entró en la cámara recientemente. Pero De Guindos dejó claro que la ley hipotecaria es válida en su conjunto y que no tiene intención de reformarla de arriba a abajo. Para el ministro, la sentencia, “no declara ilegal la ley hipotecaria española ni la inhabilita en absoluto”,sino que “se limita a decir que el derecho español no se ajusta a la directiva de consumidores sin cuestionar el resto del sistema”, afirmó.

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Fuente: Expansión

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas por los órganos judiciales españoles han crecido un 368,7% entre 2008‐2012, en comparación con las registradas entre 2003 y 2007, de forma que se han multiplicado por más de cuatro y han registrado un aumento medio anual de un 73,7%, según la memoria estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, para las ejecuciones resueltas, el incremento fue del 199,5%, con media anual del 39,9%, mientras que para las que quedaron en trámite al final del periodo el incremento en los cinco años fue del 482,9%, un 96,6% anual.
El número de los lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos fue de 70.257 en 2012, un 13,1% más que en 2011. De estos, terminaron con cumplimento positivo 46.408, un 13,9% más que en 2011. El 20,3% de las ejecuciones hipotecarias se hizo en Cataluña; el 19,6% en Andalucía; el 17,6% en la Comunidad Valenciana, y el 10,1% en Madrid. El número de las ejecuciones hipotecarias que estaban en trámite en los juzgados españoles al final de 2012 fue de 198.116. De ellas, el 21% corresponde a Andalucía, a la que siguen Cataluña (20,7%), Comunidad Valenciana (15,9%) y Madrid (10,8%). El CGPJ recuerda que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten a un servicio común no significa que éste lo haya podido ejecutar. Asimismo, señala que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos reales.

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Fuente: Expansión, Cinco Días, El Economista, El País, ABC, La Razón, La Vanguardia

El Gobierno ha anunciado un nuevo paso para intentar restringir los desahucios y evitar los efectos de los impagos de las hipotecas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó dos modificaciones en la regulación de las ejecuciones hipotecarias. Por un lado, elevar de uno a tres los impagos para que se proceda al lanzamiento (ejecución del desahucio). Por otro, los intereses de demora no podrán superar el 12%. Se trata de este porcentaje porque dichos intereses no podrán ser mayores al interés legal del dinero ‐actualmente en el 4%‐ multiplicado por tres. Una de las mayores quejas de los colectivos afectados por los desahucios es que las tasas de demora exigidas por las entidades son, a su juicio, demasiado elevadas (en algunos casos rondan el 20%) y sitúan al consumidor en una posición muy vulnerable.
Este anuncio se ha producido después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara en una sentencia que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque los consumidores se encuentran desprotegidos ante una cláusula abusiva. En concreto, los afectados solo podrían reclamar una vez que hubieran sido desalojados de sus casas. Aunque fuentes jurídicas aseguran que esta sentencia solo podría cambiar las ejecuciones en marcha y no las concluidas (es decir, las que han terminado en desahucio), otras voces autorizadas sugieren que algunos desalojados podrían recuperar su vivienda.

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Fuente: Expansión

Los desahucios, los recortes en sanidad y educación y la eliminación de la paga extra de los funcionarios son algunas de las materias que han centrado las quejas dirigidas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo durante 2012. Así lo revela la memoria anual de la institución, que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado. En concreto, tramitó 280.592 expedientes, entre quejas (33.478), investigaciones de oficio (371) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (246.743). “Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado”, señala el organismo en la introducción de su memoria anual. Como consecuencia del desempleo, Becerril destaca que las familias han encontrado mayores dificultades en atender sus pagos.
“Las principales actuaciones de la institución en materia económica”, un apartado que recoge 4.974 quejas, “persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores”, asegura la defensora. Becerril se muestra partidaria, por tanto, de “la conveniencia de elaborar un concepto jurídico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal; insistir en la ampliación de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la dación en pago del bien hipotecado; establecer un acto previo de conciliación antes de emprender la ejecución hipotecaria”, Y, además, propone reformar la ley protección de deudores hipotecarios sin recursos, “ampliando su ámbito de
aplicación”.
El Defensor del Pueblo ha pedido “mayores competencias” para la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el fin de proteger a los inversores, habida cuenta de que el control preventivo ejercido por el supervisor "no ha resultado eficaz" en lo que respecta a las preferentes.

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Fuente: El Economista, La Gaceta, El País, Cinco Días, ABC, El Mundo, Expansión

La banca deberá reducir sus participaciones en firmas tasadoras por debajo del 10% del capital en el plazo máximo de un año, de acuerdo con una enmienda del Grupo Popular al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Idéntica regla regirá para cualquier otro tipo de empresa e, incluso, personas físicas “relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por aquellas”.  
El paquete de enmiendas del grupo popular aborda innumerables aspectos ligados al mundo hipotecario. Entre ellos, se flexibilizan las condiciones para que una familia de las calificadas como en situación de extrema debilidad ‐todos los miembros en paro y sin recursos para impedir la ejecución de la hipoteca‐ pueda exigir a su banco que le reestructure la deuda, le aplique quitas o periodos de carencia en el pago de las cuotas e, incluso, que se le condone con la entrega del piso. Además, la enmienda del PP establece que las entidades deberán aceptar la reestructuración de deuda en casas hasta 400.000 euros.  
La propuesta del PP introduce medidas también para proteger a los avalistas y permitir al propio deudor sugerir un plan de refinanciación, a aprobar por el banco.
Una de las novedades de la reforma hipotecaria es que limitará el interés de demora a tres veces el interés legal del dinero.

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Fuente: El Economista

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creación de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen también a los avalistas de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria.

Sahuquillo, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.

Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.

'Una familia puede ser desalojada sin tener en cuenta sus propias circunstancias, lo que supone robar su dignidad'
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".

La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EE.UU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.

Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.

Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.

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Fuente: El Mundo

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

Cuando se contabiliza el stock de viviendas en España se suele hablar solo de los inmuebles nuevos que intentan vender los promotores. Pero la oferta que no encuentra demanda es muy superior, ya que a esa cifra hay que sumarle los pisos que acumulan la banca y los de los inversores particulares, entre otros. “La oferta actual y potencial a corto plazo de viviendas en el mercado, según los diferentes datos publicados”, es de 2,2 millones de inmuebles, señala el informe Situación y perspectivas del mercado inmobiliario residencial en España, de R. R. de Acuña & Asociados. De esta forma, a las 700.000 casas de los promotores hay que sumarles las 300.000 que ya se ha adjudicado la banca (la mitad usadas y la mitad, adjudicadas de las promotoras), así como 800.000 inmuebles de particulares que no obtienen comprador. Por otro lado, hay 250.000 inmuebles en construcción, que se sumarán a la oferta a lo largo de los próximos meses, así como 150.000 viviendas de familias en proceso de ejecución hipotecaria. La entrada de estas últimas en el stock total de pisos se ha pospuesto durante dos años, por las medidas que ha aprobado el Ejecutivo en aras de frenar la oleada de desahucios. Pero aún así, hay 1,8 millones de viviendas en oferta y 250.000 a punto de estarlo. Es decir, más 2 millones.
Pero la demanda no será suficiente para absorber este enorme excedente de ‘ladrillo’, apunta el estudio. “Según el crecimiento de la población, la generación teórica neta de hogares (nuevos hogares menos hogares extinguidos) en los próximos 18 años será de 2,1 millones”. Así que los tiempos medios de venta que prevé la consultora, por zonas, son: 15 años en áreas metropolitanas, 20 en las provinciales y 12 años en las áreas provinciales de costa. Este último dato es menor porque la consultora estima que la demanda extranjera “seguirá funcionando”. En todo caso, el “mínimo” posible para que el stock desaparezca es de diez años.

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Fuente: Expansión

La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) respaldó de forma oficial las iniciativas que están llevando a cabo los ayuntamientos “para paliar el drama de los desahucios” y las “situaciones de emergencia social” derivadas de estos. En un comunicado, el presidente de la Femp, Íñigo de la Serna, aseguró que los gobiernos locales “no son insensibles ante los dramas personales y familiares que padecen aquellos ciudadanos que se ven afectados por un desahucio”.  
La Femp ha terciado en el debate porque no son pocos los casos de consistorios que han paralizado o boicoteado las ejecuciones hipotecarias. Estos días se sumaron los de Vigo y Zaragoza. El alcalde de la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch, anunció que la Policía Local de Zaragoza no volverá a colaborar en los procedimientos judiciales dirigidos al desahucio de personas o familias de la ciudad hasta que no se regule de nuevo el proceso con criterios sociales. Esto es algo que ya ocurría en Montoro (Córdoba) desde junio. Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, manifestó su “voluntad” de retirar las cuentas municipales de las entidades que ejecuten desahucios y, por ello, dio instrucciones a la concejala de Hacienda para incluir en los concursos públicos la condición de que los desahucios de viviendas sean “causas de resolución del contrato de forma inmediata”. Algo que ya anunció el Ayuntamiento coruñés de Ares y que ha pedido el PSE para todos los municipios del País Vasco.

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Fuente:Expansión

Entre abril y junio pasados los juzgados españoles llevaron a cabo 23.421 ejecuciones hipotecarias, un 14% más que hace un año, según la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al segundo trimestre del año. La cifra equivale a 257 procedimientos por día. El número de ejecuciones del segundo trimestre es similar al del trimestre previo (24.792) y hace que se avance hacia un nuevo récord anual cercado a los 100.000.
Desde junio de 2007 hasta junio de 2012, los juzgados han tramitado 396.651 ejecuciones hipotecarias.

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Fuente: El Mundo