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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013‐2016. Este plan busca sustituir a la VPO, ya que, según el Ministerio de Fomento, no es una salida válida actualmente para las rentas bajas. De hecho, la VPO ya es más cara que la vivienda libre en multitud de provincias de España.
El Gobierno prevé conceder un subsidio, de hasta 200 euros al mes, a 200.000 familias con problemas económicos, para pagar el alquiler hasta 2016. Fomento abonará entre un 33% y un 40% de la renta mensual a los hogares con ingresos de menos de 22.365 euros anuales que arrienden casas por menos de 600 euros. El tope son 2.400 euros al año. La nueva ayuda se concederá durante 12 meses prorrogables a toda la vigencia del plan. Podrán cobrar el subsidio al alquiler de vivienda libre las familias o personas con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (los citados 22.365 euros anuales), pero la cuantía será modulable según el número de miembros de cada hogar, para primar a los más necesitados, según Fomento. Tendrán preferencia las personas desahuciadas. Los beneficiarios de la renta básica de emancipación podrán agotar ésta o comenzar a cobrar la nueva subvención ya. Desde que se resuelva favorablemente su solicitud de la nueva ayuda, perderá la anterior.
 

Los bancos no podrán desalojar durante dos años a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Así se establece en la ley antidesahucios, cuya filosofía es evitar que pierdan su vivienda habitual las personas que contrataron un crédito hipotecario durante el boom del ladrillo y ahora, a raíz de la crisis, son incapaces de afrontar sus obligaciones de pago. La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado ha entrado automáticamente en vigor. Y su medida estrella, la paralización para determinados colectivos de los desalojos, que no del proceso de desahucio, tiene un impacto económico en las entidades financieras que concedieron los préstamos hipotecarios a esas familias en riesgo de exclusión. Morgan Stanley calcula que la moratoria de dos años costará al sistema financiero español entre 1.000 y 3.200 millones de euros entre este año y 2014, dado que entre 28.000 y 85.000 hipotecados con dificultades se podrán acoger a la medida, según los criterios establecidos para definir un colectivo vulnerable.
Los ingresos de la unidad familiar susceptible de beneficiarse de la medida no deben superar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que se traduce en 1.596 euros mensuales. En caso de que existan miembros de la familia con discapacidad, el umbral de ingresos se amplía. Además, es necesario que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la medida la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos.

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Fuente: Expansión

Es difícil, por no decir imposible, poner fecha al final del desplome del precio de la vivienda. No será este año. Así lo aseguran los analistas y así lo ratificó hace una semana el propio Gobierno en el BOE. El pasado 23 de febrero, el Ejecutivo aprobó la reforma del Real Decreto‐ley 10/2008 por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. La norma es una prórroga de la moratoria contable que aprobó en 2008 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar la quiebra de promotoras inmobiliarias. A través de la misma, se eximía entonces durante dos años ‐periodo ahora ampliado a lo que resta de éste‐ a las promotoras de contabilizar las pérdidas “que se derivan del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias “. Es decir, lo que el decreto permite es que las inmobiliarias no tengan que asumir la depreciación del valor que han sufrido sus activos ‐suelos o edificios‐. Al poder mantener la valoración de sus viviendas o suelos, muchas han evitado entrar en causa de disolución, situación que se da cuando el patrimonio neto de una compañía se sitúa por debajo de la mitad del valor de su capital social.
Al justificar la prórroga de este decreto, el Ejecutivo asume que el proceso de consolidación bancaria ‐es decir, la creación de la Sareb, el conocido como banco malo, al que la banca con ayudas a traspasado sus activos inmobiliarios tóxicos‐ va a provocar una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles. Por eso, añade, “se hace necesaria la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector y evitar que las empresas del sector inmobiliario entren en concurso de acreedores”.
Desde que comenzó la crisis, el precio de la vivienda ha caído un 22%, según las estadísticas de Fomento. Y casi nadie duda de que Sareb va a contribuir a profundizar esa caída por cuanto la principal y casi única vía para dar salida a sus activos, poco atractivos por características como sumala ubicación o estado, es vía descuento de sus precios.

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Fuente: La Razón

Hasta 89 entidades financieras se han sumado al código de buenas prácticas bancarias promovido por el Gobierno, entre las que destaca la posibilidad de la dación en pago. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la lista exacta y destaca la ausencia de varias entidades extranjeras con actividad minorista en España. Entre los grandes ausentes figuran Deutsche Bank, Banco Caixa Geral, Banco Espírito Santo, Lloyds Bank International, Citibank, Banco Pichincha, Banco Madrid (adquirido por el andorrano BPA) o Banca Pueyo (participada por el luso Banif). Sí se han adherido al documento ING Direct, Barclays, Bankoa (Crédit Agricole) y Targobank (participado por Crédit Mutuel y Popular al 50%). La lista se actualizará nuevamente los próximos meses de julio y octubre.
Todos los grandes grupos españoles se han acogido a la guía voluntaria de buenas prácticas bancarias. También lo han hecho las principales entidades medianas y un gran número de cajas rurales.

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Fuente: Cinco Días