Noticias sobre Ley de Economía Sostenible

La avalancha de quejas por cláusulas suelo en las hipotecas recibidas por el Banco de España es de tal volumen que se auxiliará de gestores externos a fin de tramitarlas en plazo. Está obligado por la Orden Ministerial 2502/2012, enmarcada en la Ley de Economía Sostenible, a resolver cualquier queja en un máximo de cuatro meses, algo difícil de conseguir de no reforzar sus recursos de alguna manera. Por eso, el organismo ha sacado a concurso un servicio de apoyo al departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones, con un presupuesto máximo de 1,37 millones de euros ‐1,13 millones por el servicio, más el IVA correspondiente‐. El adjudicatario se ocupará de la tramitación íntegra: desde el registro, gestión y seguimiento, hasta la elaboración de una propuesta de resolución indicativa, que en modo alguno suplirá el veredicto final del Servicio de Reclamaciones.
El ritmo de entrada de reclamaciones se precipitó después de que el Tribunal Supremo anulase las aplicadas por BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco en marzo del pasado año. El Servicio de Reclamaciones pasó de abrir 240 expedientes en enero, dos meses antes del fallo, a 2.976 en octubre. Al cierre del año contabilizaba 16.432, con datos preliminares sin procesar todos los recibidos en noviembre y diciembre. Al abrir el concurso, mantenía 4.900 quejas tramitadas y sin alegaciones de la entidad concernida; 4.200 con alegaciones y 3.200 reabiertas, previamente archivadas por defecto en la documentación. El fallo alentó una oleada de reclamaciones y demandas, a sumar a los miles que desbordan los juzgados desde hace años ‐las quejas comenzaron cuando los hipotecados descubrieron que no podían beneficiarse del descenso del euríbor por el suelo en sus tipos‐. El ministro de Economía, Luis de Guindos, mandató al Banco de España a revisar que todas las entidades retiraban dicha condición si era irregular. Según el supervisor, son legales y pueden incluirse en el contrato, siempre que sean transparentes y no se oculten al cliente. Una ley elaborada a raíz de las quejas obliga a tomar razón manuscrita del cliente de que conoce su existencia y la acepta.

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Fuente: El Economista

La directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, avanzó las próximas reformas legislativas que llevará a cabo su departamento para recuperar a la construcción como uno de los motores de la actividad. Distintos altos cargos del Gobierno admiten en privado que, al igual que ha pasado con las autopistas sin coches y los aeropuertos sin un solo avión, no se puede seguir apostando por más desarrollos alejados de los centros de las ciudades ni seguir despreciando los cascos históricos de los municipios por una razón bien sencilla. Y es que llevar los suministros básicos o las líneas de autobús a esos desarrollos es carísimo y no hay dinero. Sin obra civil ni nuevas promociones, no queda otra que conservar el parque inmobiliario existente y adecuarlo a las nuevas exigencias de calidad para hacer las ciudades más agradables a sus habitantes. La construcción de viviendas ha muerto, ahora toca rehabilitar, proclaman los expertos. El Gobierno defiende que este subsector de la construcción tiene todo para convertirse en un motor de crecimiento y, sobre todo, puede ser clave para recuperar el empleo.
Para que se produzca ese relevo de más rehabilitación en lugar de nuevas promociones, los expertos ven imprescindible una regulación completamente diferente, financiación y concertación de todas las administraciones implicadas. La directora general de Arquitectura y Vivienda garantizó que habrá nuevo marco regulatorio. Habrá hasta una nueva definición de qué es rehabilitar. Está previsto adecuar leyes tan importantes como la de Suelo o la de Economía Sostenible, Ordenación de la Edificación o la de Arrendamientos Urbanos a un nuevo escenario cuyo objetivo esencial será potenciar los procesos integrales de rehabilitación y recuperar los barrios degradados. La palabra más repetida a lo largo de toda la jornada fue financiación. A la pregunta de ¿y esto quién lo paga?, es evidente que tendrán que ser los propietarios de los inmuebles, pero los asistentes también coincidieron en que deberán articularse fórmulas que reduzcan al mínimo el coste para los particulares, para las arcas públicas y, por contra, ofrezcan rentabilidades atractivas para que entre el capital privado.

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Fuente: Cinco Días

Los planes del Ministerio de Fomento para reactivar el sector inmobiliario español van a sufrir un retraso importante a causa de disputas en el seno del Gobierno por controlar las medidas que se adopten en coordinación con la banca y los promotores. El Ministerio de Economía, que dirige la vicepresidenta Elena Salgado, quiere tomar las riendas de la situación, y restar protagonismo al ministro de Fomento y Vivienda, José Blanco. Se asegura que “tal es la situación, que la reunión que estaba prevista entre los responsables de las entidades financieras, las compañías inmobiliarias con los pesos pesados del Ministerio que dirige Blanco se ha pospuesto sine die. Según fuentes conocedoras, ni siquiera se ha llegado a convocar oficialmente”, Otras fuentes sostienen que Salgado pretende hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con cuestiones económicas, debido a las circunstancias por las que atraviesa el país. Es más, apuntan hacia el presidente José Luis Rodríguez Zapatero como impulsor de esta batalla y defensor de la vicepresidenta.
Una de las cuestiones que han llevado a esta situación es que la banca había reclamado a Fomento, en su primera reunión de mediados de enero, modificar la Ley Hipotecaria y la Ley del Suelo. Ambas penalizan sus balances y cuenta de resultados. En dicho encuentro, tanto Blanco como la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, se mostraron dispuestos a cambiar la legislación. Los representantes de las entidades consideran un lastre que se vean obligados a construir el suelo urbanizable en nueve meses para evitar la expropiación. En la actualidad, los ayuntamientos se quedan con los terrenos cuando pasa este periodo, pero a precios muy bajos, similares al suelo rural. Otra cuestión de calado que afectaría al Departamento de Salgado es la relativa a la ley de Economía Sostenible. Blanco quería modificar esta normativa para dar mayor seguridad jurídica e incentivos a la adquisición de viviendas por parte de inversores extranjeros. La crisis y especialmente los casos de corrupción han debilitado significativamente este tipo de operaciones. Las ventas a foráneos se han desplomado desde las 125.000 unidades anuales hasta las actuales 6.000. Fomento pretendía cambiar la ley para reactivar este negocio lo antes posible.

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Fuente: El Economista