Noticias sobre Deuda pública

El Gobierno ha preparado una serie de cambios en el sistema de permisos de residencia que se conceden a cambio de inversiones en España.
El llamado visado de oro o golden visa fue creado para atraer a extranjeros de fuera de la UE que, o bien compraran viviendas de un precio mínimo de 500.000 euros sin contar los impuestos, o bien destinaran dos millones de euros a adquirir deuda pública o se hicieran con un millón de euros en acciones, así como para aquellos que impulsaran proyectos empresariales. De septiembre del año 2013 a diciembre del año 2014 han conseguido la residencia 530 extranjeros y la mayoría de ellos (490) lo han hecho comprando viviendas lujo.
El Ejecutivo ha modificado algunas cuestiones técnicas y jurídicas que entorpecían los permisos. Por ejemplo, un emprendedor que quería poner en marcha una empresa en España cuando acababa un máster en una escuela de negocios en nuestro país, tenía que irse del país primero y luego comenzar el proceso y la solicitud desde el extranjero. Ahora, este tipo de emprendedores podrá solicitar directamente la autorización de residencia desde España, sin el paso previo de pedir un visado de inversor desde fuera.
No se ha modificado ninguna de las condiciones económicas para poder acceder a estos permisos, ni tampoco ninguna de las garantías legales, pero sí se ha facilitado el proceso desde el punto de vista técnico: del programa también podrán beneficiarse las parejas de hecho, no solo los matrimonios, los hijos mayores de edad y los ascendientes dependientes económicamente.
En el caso de las compras de vivienda, también se dará el visado o autorización de seis meses a quienes no han formalizado la adquisición del inmueble, pero ya han firmado el contrato de arras y han depositado el dinero (en el proceso de compra, además, pueden estar en España de forma temporal).
Además, antes el plazo entre que se hacía la inversión financiera y se pedía el visado no podía exceder los tres meses y ahora se amplía hasta un año.
Otro cambio es que los inversores ya no tendrán que visitar España para poder pedir la renovación del permiso de residencia. Además, estas autorizaciones ya no se tendrán que renovar cada dos años (y demostrar que la inversión sigue vigente), sino que se hará cada cinco años.
Y durante el periodo de gestión del permiso contarán con la residencia en España hasta que se resuelva el procedimiento, para evitar lo que le ocurría a aquellos extranjeros que agotaban el plazo para prorrogar su permiso y que durante el plazo que duraba el procedimiento se veían obligados a salir del país.

El ladrillo español es uno de los grandes beneficiados del plan de estímulos del BCE. Los bajos tipos de interés que están ofreciendo los depósitos bancarios y la deuda pública convierten a los inmuebles en una pieza codiciada para las carteras de los grandes gestores de fondos y fortunas. Hay mucho dinero entrando en el sector porque buena parte de lo que antes se invertía en bonos, se está moviendo ahora hacia la vivienda. Fondos de inversión, soberanos y de pensiones, millonarios con exceso de liquidez o las aseguradoras son los principales actores de este nuevo episodio que se ha abierto para el sector inmobiliario. Son inversores que no sólo están comprando el inmueble en sí sino que vienen para invertir en la recuperación del país. Los expertos consideran que sobrepasar en 2015 el volumen de inversión institucional en activos inmobiliarios que se registró el pasado año será difícil, pero sí ven posible mantenerlo. El interés de los inversores por invertir en inmuebles no ha caído y hay mucha oferta en el mercado que va a tardar en absorberse. Si los precios no suben por las expectativas de recuperación, este año también habrá un alto volumen de operaciones”, señala el responsable de banca privada de Citi para España, Eliseo Cervera. Además de los inmuebles, las carteras de deuda y crédito promotor están en el punto de mira de estos inversores y podrían beneficiarse de los flujos de capital que van a inundar el mercado con los estímulos del BCE. Y es que, pese a la crisis y al deterioro que ha sufrido el sector, las firmas de inversión internacionales tienen muy en mente que ningún título español ha dejado de pagar a los inversores.

El sector inmobiliario empieza a resurgir. Los precios han tocado suelo y empiezan a aflorar posibilidades de inversión atractivas. El arrendamiento de los inmuebles puede ser una alternativa a la deuda pública a largo plazo y a los depósitos, que han reducido sus rentabilidades. Los inversores pequeños se encuentran en un momento propicio para comprar inmuebles y arrendarlos, ya que ofrecen rendimientos de hasta el 8% anual. Las mejores opciones son pisos pequeños y plazas de garaje en las zonas prime. Sin embargo, según los expertos para encontrar chollos las mejores opciones están fuera de las grandes ciudades y se aconseja buscar en la oferta de la banca, ya que ofrecen descuentos de hasta el 70% en su stock de viviendas.
Hay otras alternativas para aprovechar la recuperación del sector del ladrillo. Por un lado, la inversión en acciones de compañías inmobiliarias. Pero esta opción es sólo apta para inversores que tengan un alto nivel de riesgo, debido a que la mayoría de estas empresas se caracterizan por su escasa liquidez y su alta volatilidad.
 

A 31 de marzo de este año las familias españolas tenían deudas por valor de 835.833 millones de euros. El volumen de la deuda sigue siendo muy elevado, pero vuelve a estar en los niveles anteriores al estallido de la crisis, en el año 2008, momento en que llegó a alcanzar los 965.503 millones, según la información publicada por el Banco de España.
Durante la recesión la deuda pública se ha duplicado pero las familias han ido reduciendo la suya y han amortizado en los últimos cinco años unos 130.000 millones que han regresado a manos de los bancos. Los hogares no sólo han reducido sus deudas, también han incrementado sus ahorros durante estos años.
El Banco de España también ha informado sobre el destino que los españoles dan a sus ahorros. En la actualidad, casi 800.000 millones está en depósitos bancarios y unos 82.000 millones lo está en cuentas corrientes. El efectivo apenas ha variado en este tiempo, mientras que el de los depósitos ha crecido notablemente a pesar de la continua caída de la rentabilidad.
 

Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KMPG en España, sobre el anuncio del Tribunal Supremo de la resolución de un recurso de casación sobre las denominadas cláusulas suelo comenta: “debe elogiarse que, según la información comunicada, el Alto Tribunal haya sabido alejarse de la tentación de una sentencia 'fácil' y haya decidido adentrarse por el camino, más correcto técnicamente, pero siempre más angosto, de los matices jurídicos y los detalles”. “Concretamente, el Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión de una declaración de nulidad 'general' de las cláusulas suelo, especificando que dicha nulidad sólo se producirá en casos concretos”. Explica el autor que “lo cierto es que, desde una perspectiva puramente financiera, si tenemos en cuenta datos objetivos como el coste de emisión de la deuda pública española, la inflación, el coste de financiación de la banca española en los mercados o el coste de los depósitos; lo que le cuesta a una empresa o particular obtener financiación o incluso obtener un crédito de una entidad bancaria a día de hoy y, a la vista de los tipos hipotecarios que son normales en toda Europa, podríamos llegar a la conclusión de que los tipos que se están aplicando a los clientes españoles con préstamos otorgados hasta el año 2008 ‐con o sin cláusulas suelo‐ no resultan en absoluto desproporcionados. Recordemos que el tipo preferencial al que el BCE va a financiar a Chipre es del 2,75%,reconociendo expresamente que está por debajo del mercado”.
La sentencia, recuerda Uría, no ha sido todavía redactada y “en esta situación, los efectos de esta relevante sentencia no resultan fáciles de predecir, y habrán de determinarse caso a caso, de forma que, solicitada la declaración de nulidad de una cláusula suelo en un contrato determinado, el órgano judicial competente habrá de decidir si, como dice el Alto Tribunal, se cumplen o no en ese caso “los requisitos de transparencia respecto de los consumidores”. No parece existir, pues, un efecto directo derivado de la sentencia. Se garantiza así la seguridad jurídica en la resolución de la controversia puesto que esos requisitos de transparencia implican una referencia regulatoria precisa. Existen normas en nuestro ordenamiento, vigentes al tiempo en que se redactaron los contratos, que los establecen de forma taxativa”.

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Fuente:Expansión

El euríbor lleva 158 meses, algo más de trece años, marcando la referencia de los préstamos hipotecarios que se firman en España. Había arrinconado a otros índices a la hora de fijar las revisiones de los préstamos para la compra de una vivienda. Ahora, bancos y cajas empiezan a dudar de su eficacia. Hasta tal punto que han pedido al Banco de España que busque otra referencia para el mercado hipotecario. Las entidades financieras empiezan a desconfiar de su alta volatilidad. A creer que no es lo mejor para sus intereses en tiempos duros, con un mercado en que la restricción de créditos está a la orden del día, y la lucha por los depósitos de los clientes y la financiación mayorista han disparado el coste del pasivo.  
El euríbor “no ha muerto o va a formar parte de la historia” en los próximos meses. Simplemente va a convivir con un nuevo índice y con los tradicionales de este mercado: el de los bancos, el de las cajas, el del conjunto de las entidades financieras y algunos otros más residuales aún. Un equipo del Banco de España está ya trabajando sobre el nuevo índice sobre la base de los requerimientos que han hecho bancos y cajas de ahorros. El tema, según fuentes del instituto monetario, no es inmediato. Puede que supere el mandato del actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que se despedirá en el mes de junio.  
Se manejan varias posibilidades. El midswap a cinco años aparece el primero en la lista, junto a la deuda pública a ese mismo plazo. El bono a diez años está descartado. Es la referencia de las emisiones soberanas y está muy vinculado a la crisis griega, a las cuentas públicas de los países... Pensar una referencia a plazos similares a las hipotecas, 23 años, es impensable. No hay referencias en el mercado. Y es que se trata de encontrar una referencia líquida, cuyo precio se fije diariamente en un mercado transparente.

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Fuente:La Razón