Noticias sobre Legislación

Una subcomisión del Congreso debate modificaciones que podrían mejorar el modelo de concesión de crédito para compra de vivienda. Entre las propuestas se encuentra imponer la entrega del inmueble como único requisito para saldar la deuda hipotecaria. Una medida que, según el informe de la consultora Oliver Wyman que maneja la patronal bancaria, encarecería la hipoteca media entre 60 y 150 euros al mes. La propuesta de imponer la dación en pago ya ha sido tumbada anteriormente por los partidos mayoritarios en la Cámara baja. Esta vez, sin embargo, podría acabar cuajando ante la renovada presión social. Más, cuando la campaña electoral parece haber comenzado ya. Por el momento, el Gobierno ya ha dado algunos pasos para suavizar la legislación hipotecaria de cara a las familias. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha elevado la renta inembargable a una familia en caso de embargo de su vivienda.  
En la Asociación Hipotecaria Española (AHE) no parece preocupar este cambio, pues asumen que sólo supone ampliar el plazo en el que se cobrará. Menos convencidos se muestran sobre la otra gran medida aprobada por el Gobierno. En caso de ejecución hipotecaria, la vivienda pasa a subasta pública, que si queda desierta puede ser adquirida por la entidad acreedora al 60% de su valor de tasación frente al 50% anterior. “Es un poco precipitado”, valora Santos González, presidente de la AHE. “En no pocas ocasiones podríamos llegar a que se especule con dicho valor. Para alguien que compró la casa hace dos años no, pero puede ser un negocio magnífico para el que la compró hace 10 años venderla al banco por el 60% del valor de entonces”, agrega. “Es perfectamente asumible por las entidades”, contraponen desde UGT, que plantea subir el valor mínimo para adjudicarse una casa hasta el 80%.  
El problema de base, coinciden la mayoría, es la falta de afluencia en torno a estas subastas que se desarrollan en una “virtual semiclandestinidad”, según el Colegio de Registradores, por lo que es casi siempre la entidad acreedora quien se adjudica la casa por el porcentaje mínimo. Para tratar de facilitar el acceso, el Gobierno ha rebajado la cuantía que hay que consignar para pujar, del 30% al 20% del valor del inmueble. “Un 10% de diferencia no va a hacer que la gente vaya más a las subastas. Una propuesta más interesante es llevarlas a internet, algo que ya hacen los juzgados de Murcia”, expone Óscar Franco, del bufete de abogados Ashurst. 

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Fuente:Cinco Días

El Ministerio de Hacienda ha aprovechado el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal para modificar la legislación del IVA y asegurarse el cobro del impuesto en los casos en que una empresa inmersa en un procedimiento concursal vende un inmueble. Actualmente, el problema es que los créditos que nacen con posterioridad al auto de declaración de concurso dictado por los tribunales forman parte de crédito contra la masa, que tiene preferencia de pago respecto de los créditos anteriores. Ello puede perjudicar los intereses de Hacienda ya que, como explica Maribel Villaró, socio de Cuatrecasas, cuando una empresa concursada vende un inmueble destinará los ingresos obtenidos, incluido el IVA repercutido, a pagar los créditos contra la masa en orden a su vencimiento. Así, no resulta extraño que cuando llega el momento de liquidar trimestralmente el impuesto ante la Agencia Tributaria, la compañía en concurso puede carecer de recursos para pagar el impuesto. Para evitar esta situación, Hacienda ha incluido una disposición adicional en el proyecto de ley que establece que en las ventas de inmuebles de una empresa en concurso será el comprador y no el vendedor quien ingrese el IVA. Se modifica, así, el sujeto pasivo para evitar que la compañía vendedora se gaste el IVA repercutido antes de liquidar el tributo ante la Administración Tributaria.

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Fuente: Cinco Días

Los sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones de consumidores y asociaciones de vecinos que plantean presentar en unas semanas en el Congreso una iniciativa legislativa popular para permitir la dación en pago solo disponen, hoy por hoy, del apoyo explícito de IU‐ICV y ERC. El PSOE ve inviable y contraproducente la iniciativa tal y como está formulada; el PP rechaza tal cual la dación en pago, y CiU se muestra más comprensiva con el fondo de la propuesta pero avanza que cuando se discuta es probable que presente enmiendas para encaminarla hacia caminos que juzga más viables.  
La parlamentaria del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, argumenta que “la dación en pago tal como se está proponiendo no resolvería los problemas actuales porque no puede ser implantada de forma retroactiva. Si así fuera, nos cargaríamos la confianza en el sistema financiero”. Apunta que aunque se aplicara a los nuevos contratos, la dación conlleva riesgos de especulación por parte del ciudadano que la solicitase. Considera que hay que buscar medidas de cara al futuro: políticas sociales de las autonomías para fomentar el alquiler y la vivienda protegida. Sí ve viable legislar para elevar el precio final al que actualmente las entidades se quedan con el piso subastado, que es el 50% de su valor de la tasación inicial.  
CiU considera que sí que hay que dar respuesta al problema de las ejecuciones hipotecarias. Pere Macías señala que “la dación sin matices solo serviría para encarecer los préstamos. Debemos elevar el 50% del precio del precio tras la subasta, incentivara los bancos que hagan la dación y fomentar los créditos responsables”.  

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Fuente: El Periódico de Catalunya