Noticias sobre Ayudas públicas

El Gobierno está “decidido” a luchar contra la existencia de pisos vacíos y por eso ha decidido que, con carácter “excepcional”, las administraciones públicas puedan recalificar algunas viviendas de protección oficial (VPO) en venta para que puedan destinarse al alquiler. Así lo apuntó la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, al ser preguntada por el problema de los pisos vacíos. Defendió que “las viviendas que han recibido algún tipo de ayuda o beneficio públicos no deben permanecer desocupadas, sino que deben ser habitadas, cumpliendo así la función para la que han sido construidas”.
Se recuerda que el último Plan Estatal de Vivienda ya se introducía una modificación para que, con carácter “excepcional”, las administraciones pudieran “descalificar las VPO, devolviendo las ayudas públicas”.

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Fuente: Expansión
 

La nueva Ley de Rehabilitación y el programa cuatrienal de vivienda elaborados por el Ministerio de Fomento podrían resultar un fiasco si no se resuelve el problema de la financiación. Para ello, el departamento que dirige Ana Pastor negocia con la banca española y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) la creación de nuevas fórmulas específicas que faciliten el crédito para obras de rehabilitación a las comunidades de vecinos y a los particulares. La subdirectora general de Urbanismo de Fomento, Ángela de la Cruz Mera, explica que han pedido a la banca que cree nuevos productos financieros para dar respuesta a esta demanda, algo que consideran vital para que el sector pueda salir de la crisis. “Nos hemos reunido con las principales entidades españolas y hemos recurrido también al BEI y les hemos pedido que generen nuevos instrumentos, con otras garantías, con plazos de amortización más largos, de 10 o 15 años, y a tipos más razonables, no los de un préstamo personal”.
El secretario del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, Ángel Ignacio Mateo Martínez, ahonda en esta idea. “En la actualidad, las tres únicas entidades que otorgan créditos a las comunidades de propietarios para obras de rehabilitación son Ibercaja, el Banco Popular y, en menor medida, el Sabadell, y lo hacen a tipos que se mueven en el entorno del 10,5%, a un plazo que en ningún caso supera los 10 años”, explica. Desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid explican que la solución no es recibir más subvenciones o ayudas públicas directas, “que siempre solían llegar dos o tres años después de haberse solicitado, cuando la obra se había terminado y la comunidad de vecinos había logrado la financiación por su cuenta”, sino generar un fondo que el Gobierno dote con los recursos que se pensaba gastar en subvenciones. “Como sería dinero que las comunidades de vecinos tendrían que devolver, estaría permanentemente nutrido con las amortizaciones y de este modo se podrían realizarlas obras y la actividad y el empleo semoverían”, añade Mateo, quien recuerda que lamorosidad en esta clase de préstamos no existe. Otra fórmula que plantean las empresas fabricantes de materiales de construcción es financiar los proyectos de rehabilitación que incidan en la eficiencia energética a través del recibo de la luz o de los impuestos, IRPF e incluso el IBI, como sucede en Reino Unido o Estados Unidos.

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Fuente: Cinco Días

Bruselas estudia su impacto en los objetivos a los que España se comprometió con la CE y el Banco Central Europeo (BCE), al recibir más de 40.000 millones de euros de dinero público europeo para sanear su sistema financiero.“Toda la regulación que tenga un efecto potencial, bien sobre las entidades de crédito españolas, bien sobre la estabilidad financiera, es analizada por los equipos de seguimiento del Programa de Ajuste Financiero para las entidades españolas”, aseguran fuentes comunitarias conocedoras de la situación. “En relación con la normativa aprobada por la CCAA de Andalucía, el equipo de seguimiento del Programa se encuentra actualmente valorando su impacto”, continúan estas mismas fuentes.
El real decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía podría perjudicar los objetivos fijados por el Memorando de Entendimiento en varios frentes. Por un lado, cabe la posibilidad de que surjan más necesidades de capital en las entidades de crédito, especialmente en las que han recibido ayudas públicas y se han sometido a unos estrictos planes de reestructuración. Por el otro, podría generar un coste adicional a la Sareb (que ha absorbido la cartera inmobiliaria de las entidades rescatadas), que cuenta con miles de viviendas en Andalucía y que podría ser multado con 9.000 euros por cada una de ellas si no las alquila o vende. Este coste extra obligaría a revisar el plan de negocio de la institución. Además, también puede influir en la reactivación del crédito a hogares y familias, ya que al endurecerse las condiciones para la entidad financiera, esta tiene menos incentivos para prestar.

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Fuente: Expansión

La duración del declive económico agrava la crisis del ‘ladrillo’ para las familias y agota el margen para la renegociación de los créditos. En el primer trimestre de 2009, fueron desahuciadas por no poder pagar la hipoteca u otras deudas 8.626 familias.  Dos años después, en el primer trimestre de 2011, la cifra de desahucios casi se duplica, hasta los 15.491. Y, respecto a 2008, se triplican. Entre una fecha y otra el desempleo se ha disparado y los bancos y las cajas, que contenían los embargos a base de renegociar las deudas con sus clientes hace un par de años, tienen menos margen de maniobra. El euribor hipotecario se situó en mayo en torno al 2,148%, lo que, de facto, encarece la hipoteca media en unos 67 euros mensuales.  
"Aún hay muchas renegociaciones de las deudas, pero la crisis dura demasiado y ahora la banca ya no puede llegar a tantos acuerdos como antes. No es un negocio quedarse con la casa de nadie, pero si no queda más remedio, se procede a la ejecución de la hipoteca”, explica una fuente del sector financiero. Esos pactos explican que la tasa de morosidad hipotecaria para la compra de una vivienda se sitúe en el 2,4%, una cifra que se considera manejable en el mundo de las finanzas, cuando la general, es decir, todo el volumen de créditos dudosos en la banca, supera el 6% del total por primera vez desde 1995, según los últimos datos del Banco de España, de marzo. El grueso de la morosidad inmobiliaria corresponde a empresas del ‘ladrillo’ más que a las familias, también por aquello de que la hipoteca es lo último que se deja de pagar.
Se habla de bancos zombi en Europa, esos sostenidos únicamente por las ayudas públicas, y de promotoras zombi en España, las que están fundamentalmente quebradas, pero siguen técnicamente en pie por pactos con la banca. Hay también una suerte de hipotecas zombi, cuotas que se negocian a la baja a cambio de ampliar los plazos. También hay viviendas que se queda el banco, pero mantienen a su ya exdueño como inquilino, entre otras fórmulas. Ninguna entidad hará propaganda de ello por evitar una suerte de efecto llamada al impago. Y tampoco es un acto de caridad porque a los bancos y cajas españoles no les conviene almacenar más pisos y casas cuyo valor se ha derrumbado. El parque de viviendas sin vender oscila entre los 700.000 y los 1,1 millones, según el Banco de España, y buena parte está en manos de la banca. Las ventas hasta marzo se desplomaron un 30% tras el fin de los incentivos fiscales. La cartera de suelo que acumula la banca también marea, con un valor de 30.000 millones.

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Fuente: El País