Una subcomisión del Congreso debate modificaciones que podrían mejorar el modelo de concesión de crédito para compra de vivienda. Entre las propuestas se encuentra imponer la entrega del inmueble como único requisito para saldar la deuda hipotecaria. Una medida que, según el informe de la consultora Oliver Wyman que maneja la patronal bancaria, encarecería la hipoteca media entre 60 y 150 euros al mes. La propuesta de imponer la dación en pago ya ha sido tumbada anteriormente por los partidos mayoritarios en la Cámara baja. Esta vez, sin embargo, podría acabar cuajando ante la renovada presión social. Más, cuando la campaña electoral parece haber comenzado ya. Por el momento, el Gobierno ya ha dado algunos pasos para suavizar la legislación hipotecaria de cara a las familias. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha elevado la renta inembargable a una familia en caso de embargo de su vivienda.
En la Asociación Hipotecaria Española (AHE) no parece preocupar este cambio, pues asumen que sólo supone ampliar el plazo en el que se cobrará. Menos convencidos se muestran sobre la otra gran medida aprobada por el Gobierno. En caso de ejecución hipotecaria, la vivienda pasa a subasta pública, que si queda desierta puede ser adquirida por la entidad acreedora al 60% de su valor de tasación frente al 50% anterior. “Es un poco precipitado”, valora Santos González, presidente de la AHE. “En no pocas ocasiones podríamos llegar a que se especule con dicho valor. Para alguien que compró la casa hace dos años no, pero puede ser un negocio magnífico para el que la compró hace 10 años venderla al banco por el 60% del valor de entonces”, agrega. “Es perfectamente asumible por las entidades”, contraponen desde UGT, que plantea subir el valor mínimo para adjudicarse una casa hasta el 80%.
El problema de base, coinciden la mayoría, es la falta de afluencia en torno a estas subastas que se desarrollan en una “virtual semiclandestinidad”, según el Colegio de Registradores, por lo que es casi siempre la entidad acreedora quien se adjudica la casa por el porcentaje mínimo. Para tratar de facilitar el acceso, el Gobierno ha rebajado la cuantía que hay que consignar para pujar, del 30% al 20% del valor del inmueble. “Un 10% de diferencia no va a hacer que la gente vaya más a las subastas. Una propuesta más interesante es llevarlas a internet, algo que ya hacen los juzgados de Murcia”, expone Óscar Franco, del bufete de abogados Ashurst.
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Fuente:Cinco Días
