La Junta de Andalucía está recrudeciendo la particular batalla que mantiene desde hace tres años contra las entidades financieras. El último paso en este sentido es la aprobación de un anteproyecto de ley que endurece los requisitos para conceder hipotecas. Entre otras cuestiones, obliga a los bancos y cajas a una mayor transparencia y les impide vincular la contratación de ciertos productos a los préstamos para viviendas, como seguros de vida o del hogar. Además exige a los notarios y a los registradores de la propiedad que denuncien “cláusulas abusivas” antes de firmar una hipoteca y a ponerlas en conocimiento tanto del usuario como de la Junta para iniciar el correspondiente expediente sancionador. Para todos aquellos que incumplan la norma, se contemplan sanciones de hasta 600.000 euros y el quíntuplo del valor de los beneficios ilícitos obtenidos o de los perjuicios causados.
Esta iniciativa se une al impuesto sobre los depósitos de 2010 y al decreto de la Función Social de la Vivienda ‐conocido como Ley Antidesahucios‐ aprobado el pasado abril y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, una vez que Bruselas advirtió de que entrañaba riesgos no sólo para la banca sino para la propia recuperación económica de España. En ambos casos, detrás está la mano de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE. La norma anunciada tiene la firma de Diego Valderas, vicepresidente andaluz y titular de la cartera de Administración Local y Relaciones Institucionales, de la que depende el área de consumo, quien ayer destacó que el objetivo es “acabar con los abusos en estas operaciones financieras y asegurar que la ciudadanía conozca en todo momento los derechos que le corresponden, ante qué productos se encuentra y cómo y dónde puede hacer valer las garantías que ofrece la Administración andaluza”. Fuentes de los sectores financiero e inmobiliario, sin embargo, mostraron su temor a que esta medida tenga un efecto contraproducente y que se reduzca aún más la concesión de créditos para la adquisición de una vivienda.
Andalucía es una de las regiones en las que se está produciendo una mayor contracción en la formalización de hipotecas. Según datos del INE, en junio se firmaron 3.000, lo que supone un 40% menos en términos interanuales. Un desplome que, además, viene precedido de otros igualmente significativos en ejercicios previos.
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Fuente: Expansión, El Economista
