La creación de un registro de inquilinos condenados por impagar el alquiler, que ha incluido el PP en el proyecto de ley de Fomento del Alquiler, pretende movilizar más de 500.000 pisos vacíos, situados en ciudades de más de 50.000 habitantes, cuyos propietarios no los ponen en alquiler por miedo a dar con un inquilino que no pague la renta, que les obligue a asumir costes judiciales para desahuciarle o que incluso pueda dañar el piso.
José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, explica que el registro, y otras medidas incluidas en el proyecto de ley como reducir la duración mínima del contrato a 3 años “ha de facilitar la transformación que está viviendo el mercado inmobiliario, que hasta ahora se basaba en la compra y que está pasando al alquiler”", que a su juicio alcanzará al 25% de la población en pocos años. “Con un alto paro, inseguridad en el empleo, renta disponible a la baja, crédito bancario escaso, y el recuerdo claro del desastre que supuso para muchas familias estar atadas a una hipoteca, la demanda de vivienda se ha decantado decididamente por el alquiler”, asegura. La oferta, sin embargo, va en la dirección contraria. Según los datos de la consultora Forcadell “la oferta de vivienda en alquiler mantiene un descenso lento, pero progresivo en grandes ciudades como Barcelona con gran capacidad de absorción”, mientras que “las peticiones de inmuebles en alquiler crecen a tasas del 10%”. Esa oferta, sin embargo, podría aumentarse. Según García Montalvo, “muchos propietarios que compraron pisos como inversión y que no pueden venderlos tendrán que asumir que la única manera de obtener algo de rentabilidad será ponerlos en alquiler. Y lo mismo el Sareb o banco malo o los propios promotores”.
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Fuente:La Vanguardia
