El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha sido el primero que ha criticado de forma abierta algunos de los ejes que sostienen la política de vivienda del nuevo Gobierno. Entre ellas, la recuperación de la deducción por vivienda para la residencia habitual (por ahora falta saber si estará limitada a ciertos niveles de renta) o la más que previsible supresión de la Renta Básica de Emancipación, la ayuda creada por el anterior Ejecutivo para fomentar el alquiler entre los menores de 30 años, con un coste anual para el Estado de 400 millones de euros. Frente a estas medidas, el Banco de España insta al Ejecutivo a que diseñe un nuevo marco que favorezca el arrendamiento “con políticas públicas apropiadas, para transformarlo en una alternativa a largo plazo a la vivienda en propiedad”, tal como indica en su último boletín económico (cuyas conclusiones recogen los distintos diarios).
En su opinión, la evidencia empírica de los últimos años ha tendido a mostrar “que un fomento excesivo de la vivienda en propiedad resulta en un subdesarrollo del alquiler, lo que puede entrañar ciertos costes sociales y económicos. Entre estos últimos cabe destacar la posible formación de burbujas especulativas, en contextos de abundante liquidez y bajos costes de financiación, y la escasa movilidad geográfica, que puede ser especialmente adversa en situaciones de elevado desempleo”. Asimismo, el supervisor indica que en mercados con alto peso de la vivienda en propiedad se producen “sesgos impositivos” que pueden favorecer la adquisición de viviendas con fines especulativos, “hasta el punto de que resulte más ventajoso mantener una vivienda vacía que alquilarla”.
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Fuente:Cinco Días
