Los bancos no podrán desalojar durante dos años a las familias que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. Así se establece en la ley antidesahucios, cuya filosofía es evitar que pierdan su vivienda habitual las personas que contrataron un crédito hipotecario durante el boom del ladrillo y ahora, a raíz de la crisis, son incapaces de afrontar sus obligaciones de pago. La norma publicada en el Boletín Oficial del Estado ha entrado automáticamente en vigor. Y su medida estrella, la paralización para determinados colectivos de los desalojos, que no del proceso de desahucio, tiene un impacto económico en las entidades financieras que concedieron los préstamos hipotecarios a esas familias en riesgo de exclusión. Morgan Stanley calcula que la moratoria de dos años costará al sistema financiero español entre 1.000 y 3.200 millones de euros entre este año y 2014, dado que entre 28.000 y 85.000 hipotecados con dificultades se podrán acoger a la medida, según los criterios establecidos para definir un colectivo vulnerable.
Los ingresos de la unidad familiar susceptible de beneficiarse de la medida no deben superar tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), lo que se traduce en 1.596 euros mensuales. En caso de que existan miembros de la familia con discapacidad, el umbral de ingresos se amplía. Además, es necesario que en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud de la medida la familia haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas y que la cuota hipotecaria supere la mitad de los ingresos.
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Fuente: Expansión
