La directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, avanzó las próximas reformas legislativas que llevará a cabo su departamento para recuperar a la construcción como uno de los motores de la actividad. Distintos altos cargos del Gobierno admiten en privado que, al igual que ha pasado con las autopistas sin coches y los aeropuertos sin un solo avión, no se puede seguir apostando por más desarrollos alejados de los centros de las ciudades ni seguir despreciando los cascos históricos de los municipios por una razón bien sencilla. Y es que llevar los suministros básicos o las líneas de autobús a esos desarrollos es carísimo y no hay dinero. Sin obra civil ni nuevas promociones, no queda otra que conservar el parque inmobiliario existente y adecuarlo a las nuevas exigencias de calidad para hacer las ciudades más agradables a sus habitantes. La construcción de viviendas ha muerto, ahora toca rehabilitar, proclaman los expertos. El Gobierno defiende que este subsector de la construcción tiene todo para convertirse en un motor de crecimiento y, sobre todo, puede ser clave para recuperar el empleo.
Para que se produzca ese relevo de más rehabilitación en lugar de nuevas promociones, los expertos ven imprescindible una regulación completamente diferente, financiación y concertación de todas las administraciones implicadas. La directora general de Arquitectura y Vivienda garantizó que habrá nuevo marco regulatorio. Habrá hasta una nueva definición de qué es rehabilitar. Está previsto adecuar leyes tan importantes como la de Suelo o la de Economía Sostenible, Ordenación de la Edificación o la de Arrendamientos Urbanos a un nuevo escenario cuyo objetivo esencial será potenciar los procesos integrales de rehabilitación y recuperar los barrios degradados. La palabra más repetida a lo largo de toda la jornada fue financiación. A la pregunta de ¿y esto quién lo paga?, es evidente que tendrán que ser los propietarios de los inmuebles, pero los asistentes también coincidieron en que deberán articularse fórmulas que reduzcan al mínimo el coste para los particulares, para las arcas públicas y, por contra, ofrezcan rentabilidades atractivas para que entre el capital privado.
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Fuente: Cinco Días
