El Gobierno ha anunciado un nuevo paso para intentar restringir los desahucios y evitar los efectos de los impagos de las hipotecas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó dos modificaciones en la regulación de las ejecuciones hipotecarias. Por un lado, elevar de uno a tres los impagos para que se proceda al lanzamiento (ejecución del desahucio). Por otro, los intereses de demora no podrán superar el 12%. Se trata de este porcentaje porque dichos intereses no podrán ser mayores al interés legal del dinero ‐actualmente en el 4%‐ multiplicado por tres. Una de las mayores quejas de los colectivos afectados por los desahucios es que las tasas de demora exigidas por las entidades son, a su juicio, demasiado elevadas (en algunos casos rondan el 20%) y sitúan al consumidor en una posición muy vulnerable.
Este anuncio se ha producido después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara en una sentencia que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque los consumidores se encuentran desprotegidos ante una cláusula abusiva. En concreto, los afectados solo podrían reclamar una vez que hubieran sido desalojados de sus casas. Aunque fuentes jurídicas aseguran que esta sentencia solo podría cambiar las ejecuciones en marcha y no las concluidas (es decir, las que han terminado en desahucio), otras voces autorizadas sugieren que algunos desalojados podrían recuperar su vivienda.
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Fuente: Expansión