Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada, comenta que “durante el último año, el anterior Gobierno socialista y el nuevo Gobierno popular han tenido algún que otro rasgo común en materia de política de vivienda. La consideración de que el principal objetivo de dicha política es la reducción del elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas en España es lo más llamativo de las declaraciones realizadas en ambos casos”. En su análisis, apunta que “asumido que a pesar de que el alquiler domine ahora entre las nuevas ofertas y demandas de viviendas en las grandes ciudades, la vivienda en propiedad va a ser el rasgo más destacado del nuevo Gobierno, este debe de hacer algo más que bajar los impuestos a los que pueden comprarse una vivienda en las presentes circunstancias. El insrumento más potente de la política social de vivienda en España, esto es, la ayuda a la promoción y compra de viviendas protegidas (VPO), debe de estar pasando por una profunda crisis como consecuencia de la restricción crediticia, pues al fin y al cabo dicho sistema descansa en los nuevos créditos convenidos para tales actuaciones”.
“La política de vivienda forma parte de las prestaciones sociales integrantes de lo que viene a denominarse como Estado del bienestar. La reducción del stock de viviendas terminadas y no vendidas está asociada con la reforma del sistema financiero en España, a la vista del fuerte peso que dichas viviendas no vendidas tienen en los balances bancarios. Aunque sea a nivel de dirección general, hay trabajo en el Gobierno de España en cuanto a política social de vivienda se refiere. La reforma a fondo de la política de vivienda protegida, en un sentido favorable al alquiler y a la rehabilitación, y el conocimiento de la realidad del mercado del alquiler en España figuran entre las principales tareas pendientes”.
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Fuente:Cinco Días
