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Vivienda: A grandes males, grandes remedios

Francisco Poveda Blanco, director del máster de Tributación de la UA. Apunta que la crisis actual, en vías de recesión, apremia la reactivación y refundación del sector inmobiliario, que ha sufrido la pérdida de un millón y medio de empleos desde 2007, el cierre de la mayoría de las grandes empresas y del 90% de las pymes inmobiliarias, “porque sin él no cabe la recuperación”. “Se requiere para ello el apoyo de las entidades financieras, ahora con más ‘ladrillo’ que dinero, y más dedicadas a fortalecer sus balances que a conceder créditos, porque el ‘ladrillo’ acumulado, impide el flujo financiero. Habría que exigir mayor responsabilidad a la banca para añadirla a las medidas adoptadas por el Gobierno -prolongar el IVA al 4% para la compra de vivienda nueva y generalizar la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF- y, aún así, quizá sea insuficiente para resucitar a un sector que sufre una atenazante sobreimposición".
A su juicio, el incremento aplicado al IBI por medio del Real Decreto-Ley 20/2011, "agravando la carga fiscal hasta en un 10% por la titularidad de la vivienda, favorecerá a las arcas municipales, pero reincide en el tratamiento fiscal excesivo y discriminatorio que recibe la vivienda de la Hacienda territorial, algo que resulta inconcebible por su protección constitucional y por el especial protagonismo que tiene en el crecimiento económico”.
Poveda expone que el análisis de la fiscalidad inmobiliaria “denota la multiplicidad de tributos sobre un mismo hecho imponible y el gravamen de rendimientos presuntos, incluso inexistentes, a tipos impositivos superiores a los que se aplican a otras categorías de bienes, quebrando el principio de neutralidad. Esta discriminación es más repudiable tratándose de la vivienda, que debería gozar un tratamiento benefactor”. “La recuperación económica y la justicia tributaria exigen que se emprenda una reforma integral que alumbre un tratamiento más simple, coordinado y justo para los inmuebles y, en particular, para la vivienda. Que racionalice los beneficios fiscales; que elimine los casos de doble imposición; limite la voracidad fiscal; apruebe alícuotas más reducidas para la vivienda; grave valores patrimoniales netos y no brutos; suprima tipos incrementados en los tributos autonómicos y, en general, elimine aspectos discriminatorios que elevan injustamente el coste inmobiliario. Con ello se facilitaría la recuperación económica, se crearía empleo y la vivienda recibiría el digno tratamiento que le otorga la Constitución”.

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Fuente: Cinco Días


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