El 45% del valor de los activos adjudicados por las cajas de ahorros durante la crisis corresponde a terrenos o solares vacíos, según cálculos del sector. El 38% son viviendas acabadas y otro 8%, edificios en construcción. El resto (9%) son otros tipos de activos inmobiliarios, como aparcamientos o trasteros, entre otros. Las cifras se extraen de los informes de transparencia que han facilitado las cajas informando de sus datos de exposición al riesgo inmobiliario. Durante la crisis, las cajas y bancos se han quedado con pisos, casas, promociones, solares o parkings como pago de la deuda de quien no podía pagar. Era lo que se conocía como dación en pago. Las entidades en cuestión preferían quedarse en su balance esos activos en lugar de declarar que el cliente era un moroso y no podía pagar. La razón es que si hubieran permitido que esos clientes se hubieran convertido en deudores, la tasa de morosidad se habría disparado hasta niveles incompatibles con la actividad bancaria normal.
Un directivo de una caja explica que cuando se habla de solares puede haber de tres tipos. El primero son solares urbanos (que se pueden edificar inmediatamente), el segundo son activos en proceso de transformación (los solares sobre los que se espera una recalificación rápida de suelo rústico a urbano) y el tercero son solares rústicos. Estos suelen ser terrenos de cultivo donde se esperaba en pocos años conseguir la recalificación y multiplicar su valor de compra. Los inversores (o especuladores según algunos) compraban esperando que la ciudad creciera hasta donde estaban esos campos. Ahora todo ha cambiado. El directivo de una entidad explica que las viviendas acabadas se pueden vender con cierta rapidez (unos años) mientras que, en cambio, algunos solares pueden no llegar a encontrar comprador nunca porque será imposible que en aquel huerto se levante un bloque de pisos. Para este directivo la alternativa son los fondos buitres que hacen ofertas a cajas y bancos por el conjunto de una cartera, en ocasiones a un precio equivalente al 20% de su valor inicial. Esa posibilidad permitiría a las entidades sacar del balance esos activos invendibles pero eso sí anotándose pérdidas del 80%.
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Fuente:La Vanguardia
