La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido al Ministerio de Justicia y a la fiscalía que exijan a notarios y registradores revisar de oficio todas las minutas cobradas a clientes en España por cancelación de hipotecas desde 2007. La OCU considera que “cobran de más” a los clientes, ya que la Dirección General de Registros y del Notariado establecía que la cancelación de un préstamo era un documento sin cuantía, es decir, un arancel fijo establecido por norma. Según la OCU, la cancelación de una hipoteca no debería tener más de 70 euros de costes notariales, sea cual sea el importe cancelado, mientras que el importe medio de las facturas analizadas por la organización se eleva a 260 euros. En el caso del trámite registral, la minuta máxima se estima en 24 euros, mientras que según la OCU se están pagando 144 euros de media. Se podría haber cobrado de más unos 93 millones de euros en 2010. La OCU exige su devolución. En un 92% de las facturas analizadas hay “prácticas ilegales”.
Ante las dudas de interpretación que planteó la normativa de 2007, se han emitido varias resoluciones para aclarar que se trata de documentos sin cuantía, es decir, con un arancel tasado no proporcional al importe de la cancelación. El notariado sostiene que “los notarios deben aplicar la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado, que en los últimos meses se ha pronunciado en el sentido de que son documentos sin cuantía”. “Unos notarios lo han hecho de una manera y otros de otra”, explicaba un fedatario, para quien no cabe duda de que la cancelación es un documento sin cuantía. Pero no parece que esta línea haya sido seguida de igual forma. Hay colegios que han emitido una circular aclarando este punto y han abierto expedientes. Los registradores alegan que la interpretación de la norma “está aún pendiente de los tribunales” y que el documento sin cuantía no es en todos los casos.
cambio hipoteca
Fuente:Expansión, El Economista, La Vanguardia
