El Ministerio de Vivienda está dispuesto a “pelear” con Hacienda que el recorte anunciado en las ayudas del Plan de Vivienda 2009‐2012 pueda ser inferior al inicialmente previsto. Consciente de que recortar ayudas a compra y promoción de vivienda protegida puede suponer una disminución en la oferta de este tipo de casas, el departamento que dirige Beatriz Corredor “peleará hasta el final” porque en los próximos presupuestos el tijeretazo anunciado sea menor. Medidas previstas como la eliminación de la subvención directa a la entrada o la reducción en las ayudas a la promoción y urbanización de suelo para edificar VPO en alquiler prevén lograr un ahorro de unos 1.200 millones de euros en dos años. Sin embargo, tal y como ya ocurrió con los ajustes anunciados en Fomento, que después se mitigaron en 700 millones, los responsables de Vivienda confirmaron ayer que si se mantiene la ligera mejoría delescenario presupuestario, intentarán reducir el impacto de la reducción prevista en las ayudas durante los dos próximos ejercicios. A la espera de qué ocurre finalmente, todas las empresas afectadas por la política de contención de gastos en Vivienda presentaron ayer un estudio que mide el impacto que tendrá la disminución planteada.
Los presidentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano; de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, y de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), Rafael Fernández, insistieron en que medidas como las anunciadas por Corredor generan a medio y largo plazo más desempleo y un mayor déficit público. Así, explicaron que el recorte de ayudas a la compra de pisos protegidos traerá consigo una reducción de la demanda y ésta por ende otra de la oferta “imposible de cuantificar”. Sí calcularon los efectos que tendrá el ajuste sobre el empleo en el sector, donde ya se han destruido más de un millón de puestos de trabajo. “Por cada casa que se deje de construir, se pierden 2,4 empleos, de los que 1,7 con directos y 0,7 indirectos”, explicó Lazcano.
Al margen de este impacto, que supone más gastos en subsidios por desempleo, la no producción de pisos también conlleva una significativa pérdida de ingresos para Hacienda. “El coste total en términos de recaudación de no construir una casa asciende a 59.373 euros, aunque si se compara el coste fiscal con el ahorro logrado, eso da como resultado una pérdida neta de ingresos de 49.173 euros para las arcas estatales”, señaló Galindo.
Rafael Fernández, de Cepco, insistió en los problemas de acceso a la financiación de promotores y adquirentes de VPO y propuso como solución crear una línea de aseguramiento, garantizada por el ICO, que permita que bancos y cajas concedan hipotecas de pisos protegidos por el 90% del valor de tasación. Por último, el sector reclama una prórroga a los incentivos
para drenar el stock de viviendas sin vender ni alquilar, pese a desconocer cuántas casas de renta libre se han convertido en VPO. El Ministerio cifra estas últimas en poco más de 13.000.
Fuente: Cinco Días
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