El Ministerio de Fomento está negociando con la Sareb que los inmuebles de las entidades que se aparquen en este banco malo puedan sacarse también al mercado del alquiler, y no sólo venderse. Así lo apuntó el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá.
“Los pisos de la Sareb están destinados a ponerse en el mercado. En venta o en alquiler”, dijo Catalá. Fomento está “en contacto” con el equipo directivo del banco malo “para añadir pisos de la Sareb” al fondo social de viviendas, por si a sus gestores “les interesa que renten” hasta que se vendan. En caso afirmativo, pasarían “a formar parte de la disponibilidad de recursos” de la política social de vivienda del Ejecutivo, con alquileres baratos para familias con rentas bajas. Aún no se ha cerrado un acuerdo, pero Catalá confió en “obtener sensibilidad” de la sociedad que preside Belén Romana. “Compartimos intereses”, enfatizó.
Por su parte, Romana dijo que es “bastante improbable” que los pisos de la Sareb entren en la categoría social, porque su valor mínimo es de 100.000 euros. Pero Catalá hizo referencia a inmuebles de hasta 150.000 euros. En esa horquilla podrían situarse muchas viviendas, dijo. En todo caso, el secretario de Estado subrayó que Fomento está trabajando para que se coordine la labor del banco malo con la nueva política de vivienda que prepara el Gobierno. Precisamente ese cambio de rumbo en materia inmobiliaria es lo que se debatía en la Conferencia sectorial con los consejeros de Fomento o Vivienda de cada autonomía. Canarias, Andalucía y Cataluña pidieron que la Sareb destine parte de sus pisos al alquiler social, al igual que Fomento. Las dos últimas también exigieron gestionar esos pisos ellas mismas.
La consejera andaluza, Elena Cortés, demandó también que se realice una quita a la deuda de todos aquellos particulares que tengan hipotecas con cláusulas abusivas, “como ya se ha hecho con las entidades financieras y como ya se ha hecho con los deudores particulares de otros países”. Catalá le contestó: “Se trata de contratos privados; no podemos obligarlos”.
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Fuente: Expansión
