El 43% de las viviendas con certificado energético obtiene una mala nota

Hace año y medio el Gobierno impuso la obligación de que todas las viviendas que se vendan o alquilen cuenten con un certificado energético. Con este se mide, en una escala que va de la A a la G, la calidad del inmueble desde el punto de vista del ahorro de energía. A la espera de que se publiquen datos oficiales, el balance realizado por Tinsa, una de las compañías certificadoras, es descorazonador. De los 36.500 inmuebles evaluados por esta tasadora, el 43% suspende con la nota G, la peor posible, y apenas un 1,29% del total alcanza una de las tres mejores calificaciones (A, B o C). Los expertos llaman la atención sobre el escaso parque que ha sido evaluado en estos 18 meses a pesar de la obligatoriedad, apenas un 6% de los edificios y un 2,5% de todas las viviendas.