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“Los acuerdos del Gobierno son miserables y engañosos porque no suponen ninguna ayuda para las familias hipotecadas”, se lee en un comunicado publicado por la asociación de consumidores Adicae. Frente a esta opinión el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que “el Gobierno garantizará que las subasta del bien hipotecado no dé lugar a situaciones abusivas ni malbaratamiento del bien”. Entre ambos extremos, los expertos creen que el Gobierno ha dado un paso adelante, pero que hacen falta más medidas para aliviar la situación de las familias que ven su vivienda en proceso de ejecución hipotecaria (94.000 en 2010, cuatro veces más que al comienzo de la crisis en 2007). 
El abogado experto en insolvencias José María Marqués Vilallonga considera que elevar el sueldo inembargable es una medida positiva: “puede ayudar a que la persona afectada se recupere a medio plazo de la insolvencia”. En cuanto a que los bancos puedan adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente al 60% del precio de tasación, frente al 50% anterior, dice que es una medida “inocua, porque se mantiene la parte más importante de la deuda que queda tras subastar la vivienda”. En este punto coincide con otros expertos, que reclamaban que el banco nunca pudiera quedarse con la casa por menos del 70% o del 80% de su valor. 
El aumento de la parte inembargable hasta 951 euros no supone que el banco se pueda quedar con todo el resto del sueldo de la persona a la que se ha ejecutado la hipoteca. Un mileurista embargado, por ejemplo, puede estar seguro de que se le va a respetar casi todo el sueldo, mientras que la entidad que quiera cobrar su deuda con alguien que gane 2.500 euros aspirará a retraerle entre 500 y 1.000 euros al mes. Marqués Vilallonga considera necesario que el Estado asegure que los afectados que consigan ahorrar gracias al aumento de la parte inembargable tampoco será embargado, así como los intereses que generen esas cantidades. “Así nos encaminaríamos a la doctrina implantada en la mayor parte de Europa y Estados Unidos, que pretende contribuir a que una insolvencia concreta no suponga una condena a la exclusión social”, explica. 
Mientras que algunas asociaciones de consumidores consideran beneficiosas pero insuficientes las reformas gubernamentales, otras, como Adicae, exigen la paralización inmediata de los embargos. Según sus cálculos, esto costaría entre 300 y 500 millones de euros, “una cantidad asumible por el Gobierno”. 

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Fuente: El País

El Consejo de Ministros aprobó elevar al valor mínimo por el que los acreedores pueden adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente del 50% al 60% del precio de tasación y se elimina la posibilidad de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien por debajo de esos límites. Asimismo, se baja del 30% al 20% del valor del inmueble el depósito previo necesario para participar en una subasta, lo que facilitará el acceso de más compradores a la misma. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalacaba, explicó que estas medidas persiguen “garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien”. También se acelerará la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet.  
El Gobierno incrementa también el límite del salario que no se puede embargar cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, quede todavía un saldo vivo de deuda. El límite de inembargabilidad sube desde el actual 110% del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150%. El mínimo se sitúa así en los 961 euros y se podrá incrementar en un 30% adicional por cada miembro de la familia que no se pueda valer por sí mismo hasta alcanzar los 1.300 euros.  
Estas medidas se incluyen en un decreto ley que recogerá las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación. La resolución fue pactada por PSOE, PP y CiU y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias. Según el Gobierno, se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentren  en un situación más difícil, “sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario” y que, además, “distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad”.

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Fuente: La Vanguardia, El Mundo