Noticias sobre Solvencia

Tras la vuelta del verano, la banca ha emprendido una veloz carrera para reducir riesgos en el sector inmobiliario. Ha encontrado dos vías. La primera es vender inmuebles directamente o créditos inmobiliarios fallidos. La segunda, deshacerse de su plataforma de gestión. Son transacciones diferentes, pero persiguen un mismo fin: ganar en solvencia y alejarse del negocio del ladrillo. La diferencia es importante. “Cuando se compran sociedades inmobiliarias, se está adquiriendo el negocio de la gestión de los activos, con el personal, pero los activos siguen perteneciendo al banco y siguen en su balance”, apunta Carlos Ferrer‐Bonsoms, director de residencial, bancos y cajas de Jones Lang Lasalle. Normalmente, cuando esto se produce, se establecen unas tarifas para los servicios. “El banco cede la gestión del negocio, y el fondo la gestiona a cambio de una rentabilidad y de obtener la administración del nuevo negocio inmobiliario que vaya entrando”, aclara Elisa Morillo, directora de expansión de Foro Consultores. En este sentido, según el director de activos bancarios de Savills, Nicolás Llari de Sangenís, “las plataformas de gestión de venta de inmuebles y recobro de préstamos fallidos no son un negocio estratégico para la banca. Su desinversión responde a una estrategia de centrarse en su negocio principal”.
En agosto, Catalunya Banc abrió la senda de este tipo de transacciones vendiendo su plataforma por 40 millones a un consorcio formado por las firmas estadounidenses Kennedy Wilson y Värde Partners. A principios de mes, Bankia anunció que cedía a Cerberus por diez años la gestión de activos y préstamos inmobiliarios. Mientras, Caixa Bank ultima la venta del
51% de Servihabitat al fondo estadounidense, TPG. Santander y Popular quieren hacer lo mismo deshaciéndose de Altamira y Aliseda, respectivamente. Sabadell no ha dado mandato de venta, ni ha abierto un proceso para enajenar Solvia, pero tampoco lo descarta; mientras que BBVA es el único de los grandes que, de momento, no se ha planteado abandonar la gestión de Anida. Por el contrario, anunció hace unos días que vendía 1.000 inmuebles al hedge fund norteamericano Baupost Group por casi 100 millones de euros. En esta misma línea, Sabadell también traspasó un lote de 953 inmuebles, procedentes de la CAM, por 88,9 millones a un consorcio de inversores internacionales. Estas operaciones de venta de inmuebles constituyen un paso más en este proceso desinversor.

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Fuente: La Vanguardia

Las hipotecas van en dirección opuesta a los mínimos históricos que marcan los tipos de interés y el euríbor. Los diferenciales que las entidades financieras añaden al índice de referencia están cada vez más altos y ya se sitúan de media en el 3%, frente al 2,5% de 2012 y al 1% de finales de 2011. A los mayores costes de financiación se añaden la reducción de los plazos de amortización y una alta vinculación para el cliente. Así, nada tiene que ver la oferta actual con las famosas hipotecas baratas de hace apenas dos años, cuando los intereses sobre el euríbor llegaron a bajar incluso del 0,30%. La banca no solo está anclada en la restricción del crédito, sino que cada vez hace menos atractiva su financiación para la compra de vivienda. Según los datos del Banco de España, los tipos hipotecarios medios de los nuevos préstamos a la vivienda retomaron la senda alcista a comienzos de año y al cierre de marzo alcanzaron el 3,12%, mientras el euríbor a un año recala en el 0,492% y el precio oficial del dinero está en el 0,5%, tras el recorte aplicado por el BCE en mayo.
Únicamente la banca abre la mano con las casas de su propiedad. En esos casos, las condiciones de las hipotecas mejoran y la financiación llega al 100% con plazos de amortización más largos. Aun así, el acceso a estos créditos más blandos sigue limitado a compradores prime, es decir, solventes. Ni siquiera las hipotecas online, que habitualmente ofrecían intereses por debajo de la media, son ajenas a la política de precios al alza y las hipotecas con intereses más bajos “han subido considerablemente”.

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Fuente: Cinco Días

Los bancos han elevado su ofensiva para reducir el volumen de inmuebles en sus balances, fruto de las adjudicaciones de impagos de sus clientes. Las entidades vuelven a dar hipotecas con un importe superior al 100% del precio o del valor de tasación. Esta práctica, dirigida exclusivamente para la venta de sus inmuebles, está siendo aplicada, entre otros, por BBVA, Popular y Sabadell, y sirve para que los compradores puedan hacer frente a los gastos de impuestos, notaría y registro, que de media suponen un 10% adicional. Hasta ahora solo Popular ofrecía estas condiciones, pero en los últimos meses esta política se está extendiendo. Aunque de manera oficial las entidades ofrecen créditos hasta alcanzar el valor de la vivienda, en las oficinas se permite otorgar líneas de financiación superiores. En muchos casos asciende al 110% y en algunos llega al 115%. Las hipotecas por más del 100% dependen, no obstante, de la capacidad y solvencia y no son operaciones generalizadas, pero sirven para que los bancos suelten lastre inmobiliario y capten nuevos clientes vinculados a través de la contratación de otros productos.
La mayor facilidad de acceso al crédito, unido a las ofertas con rebajas en el precio de los pisos, que llegan hasta un 60% o 70% sobre los libros, ha reactivado ligeramente el mercado. Las provisiones exigidas por el Gobierno para cubrir pérdidas y la bajada del valor permiten a las entidades ampliar su capacidad de actuación. En este sentido, al sector se beneficia de las ventas con la liberación de provisiones, ya que éstas son más elevadas por tenencia de un inmueble que por la concesión de un crédito con garantías a clientes solventes. Los expertos sostienen que los riesgos de una financiación elevada son limitados, al no ser una política generalizada, pero también que este fenómeno supone un cambio de estrategia que recuerda al boom, cuando la banca otorgaba préstamos sin establecer una rigurosa política de riesgos. Hasta 2008, el sector ofrecía no solo un crédito por el valor del piso más los gastos impositivos y administrativos, sino que el importe servía para financiar obras, muebles, etc. En la actualidad, las entidades no prestan dinero para estos cometidos a priori, aunque también en función de la solvencia del cliente pueden conceder otro crédito vinculado a una cuenta.

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Fuente: El Economista

El Tribunal Supremo hace caso omiso de las sentencias que están dictando jueces de distintas instancias inferiores y avala sin ambages la Ley Hipotecaria y el marco jurídico sobre contratos vigente. Así se desprende de sentencias recientes del Alto Tribunal que confirman la obligatoriedad de distintos contratos financieros, como préstamos hipotecarios o productos derivados, y rechazan la existencia de condiciones o intereses abusivos.
El Supremo se atiene a la legislación y, en una reciente sentencia, reconoce que, en los préstamos hipotecarios, no es posible entrar a valorar el equilibrio de las prestaciones entre las partes ni moderar los intereses en función de la legislación de consumidores o la ley contra la represión de la usura. Y lo hace en un fallo en el que juzga un caso en el que se pedía la nulidad de un préstamo hipotecario por haberse fijado un tipo de interés del 20%.  
En otra sentencia, el Alto Tribunal resuelve un asunto en el que unas personas habían comprado unas viviendas con el fin de venderlas sin haber escriturado siquiera y especular así con ellas. Con la caída del mercado inmobiliario decidieron finalmente no adquirirlas y la promotora les demandó exigiendo que cumplieran con su obligación contractual. Los compradores alegaron que no podían comprar porque no les era posible subrogarse en el préstamo hipotecario. El banco, por su parte, se negó a permitírselo ante su escasa solvencia. En este fallo, el Supremo rechaza la posición de los clientes y sostiene que “los compradores adquirieron con fines especulativos, lo que les podría haber generado una rápida ganancia, obteniendo un precio superior al pactado con la promotora que había dirigido el largo proceso de construcción”. Prosigue que “los compradores cuando se integran en un proceso de rápida obtención de beneficios con la consiguiente disposición urgente de la inversión se están sometiendo a una situación de riesgo aceptado que no pueden intentar repercutir sobre la vendedora, que ningún beneficio obtiene de las ulteriores ventas”. Así, concluye el Supremo, “los recurrentes pretenden aceptar los beneficios de la especulación, pero repercutiendo a la vendedora las pérdidas que se pudieran causar, lo que es contrario a la buena fe”.

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Fuente:Expansión

Ángel Bouzas, consejero delegado de Freedom Finance, asegura que un 90% de las unificadoras de crédito han desaparecido en los últimos años. “Hemos pasado de cerrar unas 300 operaciones al mes durante los años 2007 y 2006 a firmar poco más de 30 o 40 al mes en la actualidad”, comenta. Bouzas asegura que hoy sólo se pueden unir deudas si el montante total de la deuda pendiente no supera el 70% del valor de tasación de la vivienda. Además, hoy, el perfil de cliente que puede unificar deudas destaca por su demostrada solvencia. En esta definición entran, por ejemplo, funcionarios que han visto reducir sus ingresos, pero que mantienen un salario fijo y, algo muy preciado en los departamentos de riesgos de los bancos, estabilidad laboral. Además, destaca otro perfil que puede optar a la reunificación de deudas: el hipotecado que sigue teniendo trabajo pero que ha visto caer mucho sus ingresos variables y que ahora no puede mantener el tren de vida de hace unos años.  

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Fuente: ABC

Si bien el ajuste de precios de la vivienda continúa, en términos de esfuerzo los hogares españoles siguen necesitando 6,2 años completos de su renta para poder adquirir una casa, un 19,4% menos que en pleno boom, pero todavía demasiados, según advierten los expertos.
A la hora de hablar de lo difícil o fácil que es comprar una vivienda hay distintas formas de medirlo. El Banco de España lo hace de dos maneras. Una es cuantificando qué porcentaje de renta destina un hogar cada mes al pago de su hipoteca. Y en esa cifra tiene en cuenta también las deducciones fiscales. Los detractores de esta forma de calcular la llamada accesibilidad a la vivienda argumentan que no tiene en cuenta el porcentaje del coste de la casa que no se financia (entrada o gastos fiscales, entre otros). Sus defensores recuerdan que es la ratio que suelen tener en cuenta bancos y cajas a la hora de medir la solvencia de sus clientes (que en puridad no debería representar más de un tercio de los ingresos de la familia). La otra forma de medir el nivel de esfuerzo de los hogares a la hora de adquirir su casa es comprobar cuántos años de salario íntegro deben destinar a su financiación. Esta segunda fórmula es la que, según muchos expertos, refleja más fielmente si es o no complicado comprar vivienda en España, ya que incluye el coste total de los inmuebles, tengan hipoteca o no.
La serie histórica que elabora el Banco de España sobre esta última variable arranca en 1995 y constata los cambios que se han producido en los últimos doce años. Así, en aquellos momentos en los que el mercado inmobiliario estaba equilibrado porque no existía ninguna burbuja de precios ni de oferta, la proporción entre los años íntegros de renta que necesita un hogar para comprar casa y el precio de las viviendas se mantuvo bastante estable, entre los 3,6 y cuatro ejercicios de salario. A partir de comienzos de los años 2000 comienza la escalada imparable hasta alcanzar un máximo de 7,7 años de renta en junio 2007. A partir de 2008 y con el estallido de la crisis financiera internacional, esta variable ha vuelto a moderarse, aunque de manera lenta, primero descendiendo por debajo de los siete años y ahora a punto de situarse por debajo de los seis. El último dato publicado por el supervisor (diciembre de 2011), sitúa la ratio en 6,2 ejercicios, idéntico valor que en 2004, cuando se creó el ya extinto Ministerio de Vivienda y el Ejecutivo de entonces consideró como máxima prioridad frenar la escalada alcista de los precios de los pisos.

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Fuente: Cinco Días

La concesión de hipotecas a ciudadanos y negocios dentro de la Unión Europea dejará de depender exclusivamente de la voluntad de los bancos. El Parlamento y el Consejo europeos trabajan en la propuesta de una futura Directiva que contendrá las normas básicas para la concesión de préstamos destinados a la compra de vivienda y que servirá de guión a las entidades financieras y a los consumidores a la hora de firmar este tipo de contratos, protegiéndolos contra denegaciones arbitrarias de créditos. Se explica que con esta medida se intentará reabrir el crédito e incentivar de nuevo el desarrollo económico y, a la vez, evitar que se repitan los años de “crédito para todos”. La futura Directiva se basa en una consulta pública lanzada en 2009 por la Comisión Europea y, de momento, la propuesta, está en trámite de enmiendas. La propuesta pide, entre otras cuestiones, que se establezcan unos criterios claros y unificados para medir la solvencia del solicitante y, especialmente, que éste cuente con garantías como un periodo de reflexión para comparar ofertas o un derecho de reembolso anticipado de la hipoteca bajo ciertas condiciones que deberá fijar cada Estado.  

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Fuentes: El Economista

El presidente y vicepresidente del Consejo General de Notariado, Manuel López Pardiñas y Joan Carlos Ollé -que dirigen desde el 8 de agosto los designios del cuerpo de notarios tras unas elecciones celebradas tras la dimisión del anterior presidente- comentan en una amplia entrevista que la actividad de las notarías es un termómetro de la economía. “Las estadísticas son muy tozudas y no dan síntoma de mejora. Empeoran mes a mes. La rebaja del IVA en la vivienda es positiva pero no sabemos si suficiente para reactivar un sector que quizá con cierta injusticia ha llegado a convertirse en un patito feo. El inmobiliario siempre ha sido un gran tractor de la economía española”, comenta López Pardiñas.  
Ollé piensa que en algunos sectores hay una tímida recuperación, pero no en el inmobiliario. “La rebaja del IVA es un primer paso, un cierto cambio de rumbo a la hora de enfocar la cuestión inmobiliaria. La supresión de las ayudas fiscales a la compra de vivienda ha tenido una incidencia muy importante en la caída más acentuada del mercado. El PP está proponiendo alargar un año más esa bajada del IVA y recuperar las desgravaciones. Es necesario apoyar al sector”, explica.
Sobre el establecimiento de la dación en pago obligatoria, López Pardiñas considera que tendría “repercusiones negativas en el mercado hipotecario”. Y Ollé añade: “Somos plenamente conscientes del drama social de muchas familias. Los juristas tenemos que proponer soluciones justas que atiendan a las diferentes partes. La dación en pago obligatoria existe en algunos estados de Estados Unidos y en Inglaterra. No es recomendable con carácter retroactivo porque crearía un problema de seguridad jurídica que podría afectar a la solvencia de los bancos”. Piensa en soluciones “menos drásticas”, como reforzar la información previa y las medidas de mediación antes de la ejecución.

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Fuente: Cinco Días

La revista Global Finance ha elaborado una lista con los 50 bancos más seguros del mundo y, pese al varapalo de los mercados en las últimas semanas, entre estas entidades, cuya solvencia está acreditada, se encuentran tres españolas.
Según el estudio de esta revista especializada, la entidad española más segura es la que dirige Emilio Botín, que ocupa el puesto número 10, por encima de competidores europeos como BNP Paribas y Deutsche Bank. BBVA ocupa la silla número 17 y Banesto, la 32.
Esta clasificación, que se publica cada año desde hace dos década, tiene en cuenta la calidad de los activos de los bancos y las notas atribuidas a sus líneas de crédito a largo plazo por las agencias de valoración Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch. “Ahora más que nunca las empresas de todo el mundo están reevaluando la fortaleza crediticia a largo plazo de las entidades y nosotros hemos seleccionado los que han demostrado su fuerza y estabilidad”, asegurado el director de la publicación, Joseph Giarraputo.

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Fuente: Expansión

El Consejo de Ministros aprobó elevar al valor mínimo por el que los acreedores pueden adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente del 50% al 60% del precio de tasación y se elimina la posibilidad de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien por debajo de esos límites. Asimismo, se baja del 30% al 20% del valor del inmueble el depósito previo necesario para participar en una subasta, lo que facilitará el acceso de más compradores a la misma. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalacaba, explicó que estas medidas persiguen “garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien”. También se acelerará la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet.  
El Gobierno incrementa también el límite del salario que no se puede embargar cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, quede todavía un saldo vivo de deuda. El límite de inembargabilidad sube desde el actual 110% del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150%. El mínimo se sitúa así en los 961 euros y se podrá incrementar en un 30% adicional por cada miembro de la familia que no se pueda valer por sí mismo hasta alcanzar los 1.300 euros.  
Estas medidas se incluyen en un decreto ley que recogerá las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación. La resolución fue pactada por PSOE, PP y CiU y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias. Según el Gobierno, se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentren  en un situación más difícil, “sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario” y que, además, “distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad”.

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Fuente: La Vanguardia, El Mundo