Noticias sobre Reforma

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) criticó la decisión del Gobierno de reducir el IVA en la compra de vivienda nueva del 8% al 4%. La asociación de los autónomos mantuvo, en un comunicado, que la rebaja "solo tendrá efecto beneficioso para algunas promotoras inmobiliarias que se encuentran en concurso de acreedores". UPTA indicó que el esfuerzo en la reducción del IVA, que solo se mantendrá hasta el 31 de diciembre, debería haberse aplicado en las facturas por rehabilitación de edificios, "potenciando de esta forma el fracasado Plan de Rehabilitación de viviendas". En algo más de tres años se han perdido 170.000 puestos de trabajo autónomo en la construcción "y este proceso continuará si no se actúa adecuadamente en la ordenación de la rehabilitación y reforma de viviendas", detalla en el comunicado. La asociación de autónomos reclamó que el Consejo de Ministros amplíe la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social de los nuevos autónomos.

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Fuente: El País

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que incorpora como novedad una disposición adicional para que el Ejecutivo presente un informe con soluciones extrajudiciales que permitan que las familias con problemas de sobreendeudamiento puedan renegociar sus deudas y evitar entrar en concurso de acreedores.  
En el plazo de seis meses deberá informar sobre el resultado de las medidas tomadas para paliar los problemas de las familias que no pueden pagar sus hipotecas y acaban desahuciadas. Así, el citado informe deberá incluir, entre otras medidas, posibles propuestas para completar la protección económica y social de consumidores y hogares, así como soluciones extrajudiciales que favorezcan la renegociación de deudas a través de mediadores o de pactos notariales.

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Fuente: El Economista

La intención del Partido Popular (PP) si gana las próximas elecciones generales pasa por recuperar la Ley del Suelo que aprobó en 1998 y que el Tribunal Constitucional vetó parcialmente por invadir competencias autonómicas. Así lo sugirieron los responsables económicos del PP Cristóbal Montoro y Álvaro Nadal. Montoro defendió la idea de que “todo el suelo, salvo el protegido, pueda ser urbanizable”.
Para el PP, el boom inmobiliario se originó por el excesivo control del sector público sobre el terreno urbanizable. “Establecer que todo el suelo es urbanizable salvo que esté protegido no lo ha hecho nadie”, apuntó Montoro. Y ese es el objetivo que quiere impulsar su formación si gana las elecciones. El hecho de que el Constitucional limitara la competencia de la Administración Central en urbanismo en favor de las comunidades autónomas supone un hándicap menor en un momento en el que todas las regiones- salvo País Vasco, Navarra, Cataluña y Andalucía- contarán con Gobiernos del PP. Montoro argumentó que si la Ley del Suelo de 1998 se hubiera aplicado en su integridad, España no hubiera sufrido el incremento de precios exponencial registrado en el mercado de vivienda ni el boom inmobiliario. Ello es así porque se hubiera incrementado el terreno urbanizable y, por lo tanto, los precios hubieran caído.
“Liberalizar significa que la firma del concejal de urbanismo no valga dinero”, defendió Nadal. En cualquier caso, ambos diputados resaltaron que en estos momentos no resulta urgente profundizar en la liberalización de suelo para construir ya que el principal problema del sector pasa por deshacerse del exceso de stock. Con todo, indicaron que se trata “de una reforma pendiente”.
Precisamente para revitalizar el mercado inmobiliario, el PP propone recuperar la deducción por vivienda para todas las rentas si gana las elecciones previstas para marzo del próximo año o, si se adelantan, en otoño. Nadal negó que esa promesa provoque que se retrasen las decisiones de compra hasta después de los comicios, como temen los promotores. En este
sentido, apuntó que, si finalmente el PP gana las comicios y recupera la deducción, todos los contribuyentes podrán acogerse a ella desde el momento en que entre en vigor la ayuda fiscal, independientemente del momento en que compraron su vivienda. El actual Gobierno eliminó desde enero de este año la deducción por compra de vivienda para rentas superiores a 24.107 euros y el objetivo del PP es resucitar la ayuda fiscal como se aplicaba antes de la supresión parcial aprobada por el Ejecutivo socialista. Ello significa que todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de renta, podrían deducirse un 15% hasta 9.015 euros de los gastos destinados a comprar casa. Ello permite reducir la factura fiscal un máximo de 1.352
euros al año, lo que supone un ahorro de hasta 33.806 euros para una hipoteca a 25 años.

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Fuente: Cinco Días, El Economista, La Gaceta

“Los acuerdos del Gobierno son miserables y engañosos porque no suponen ninguna ayuda para las familias hipotecadas”, se lee en un comunicado publicado por la asociación de consumidores Adicae. Frente a esta opinión el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que “el Gobierno garantizará que las subasta del bien hipotecado no dé lugar a situaciones abusivas ni malbaratamiento del bien”. Entre ambos extremos, los expertos creen que el Gobierno ha dado un paso adelante, pero que hacen falta más medidas para aliviar la situación de las familias que ven su vivienda en proceso de ejecución hipotecaria (94.000 en 2010, cuatro veces más que al comienzo de la crisis en 2007). 
El abogado experto en insolvencias José María Marqués Vilallonga considera que elevar el sueldo inembargable es una medida positiva: “puede ayudar a que la persona afectada se recupere a medio plazo de la insolvencia”. En cuanto a que los bancos puedan adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente al 60% del precio de tasación, frente al 50% anterior, dice que es una medida “inocua, porque se mantiene la parte más importante de la deuda que queda tras subastar la vivienda”. En este punto coincide con otros expertos, que reclamaban que el banco nunca pudiera quedarse con la casa por menos del 70% o del 80% de su valor. 
El aumento de la parte inembargable hasta 951 euros no supone que el banco se pueda quedar con todo el resto del sueldo de la persona a la que se ha ejecutado la hipoteca. Un mileurista embargado, por ejemplo, puede estar seguro de que se le va a respetar casi todo el sueldo, mientras que la entidad que quiera cobrar su deuda con alguien que gane 2.500 euros aspirará a retraerle entre 500 y 1.000 euros al mes. Marqués Vilallonga considera necesario que el Estado asegure que los afectados que consigan ahorrar gracias al aumento de la parte inembargable tampoco será embargado, así como los intereses que generen esas cantidades. “Así nos encaminaríamos a la doctrina implantada en la mayor parte de Europa y Estados Unidos, que pretende contribuir a que una insolvencia concreta no suponga una condena a la exclusión social”, explica. 
Mientras que algunas asociaciones de consumidores consideran beneficiosas pero insuficientes las reformas gubernamentales, otras, como Adicae, exigen la paralización inmediata de los embargos. Según sus cálculos, esto costaría entre 300 y 500 millones de euros, “una cantidad asumible por el Gobierno”. 

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Fuente: El País

La implantación de la dación en pago en el mercado hipotecario español supondría el encarecimiento de las condiciones de los créditos, según un estudio realizado por Agencia Negociadora. Esta empresa de reunificación de deudas ha comparado el actual sistema español, en el que rige la garantía real y personal en el crédito hipotecario, con el británico, cuyo sistema hipotecario sí permite la dación en pago con extinción de la responsabilidad hipotecaria. Y para una vivienda valorada en 200.000 euros, el acceso al crédito sería mucho más costoso si se quiere tener la opción de entregar la casa sin más en una situación de impago. Así, el porcentaje de financiación sobre el valor de la vivienda se reduce del 80% al 50%, lo que obliga a un ahorro previo muy superior. “El recorte en las garantías del préstamo supondría elevar el listón para poder acceder al crédito, ya que las entidades exigirían una solvencia mucho mayor al comprador”, explica Agencia Negociadora.
También se encarece el tipo de interés: de un 3,5% a tipo variable en el sistema actual al 7% con el sistema de dación en pago. Siempre y cuando no se aplicara un tipo fijo, ya que para eliminar incertidumbres la entidad financiera preferiría tal opción. Y en ese caso, el interés fijo sería del 9%, desde el 6% con el sistema actual de garantía real y personal, según cálculos de Agencia Negociadora. El plazo de amortización también sería menor y rondaría los 20 años.

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Fuente: Cinco Días

Algunas entidades financieras comercializan desde hace meses hipotecas nuevas en las que no se incluye esta condición. En algunos bancos y cajas se “ha suspendido temporalmente” la aplicación de la cláusula en sus hipotecas antiguas pero no la han retirado o anulado dado que, según explican, “no hay sentencia firme definitiva”. Eso supone que “más de una entidad vende esta suspensión de la cláusula más como una bonificación temporal”, lo que para algunos particulares genera incertidumbre.
Mientras la batalla por la cláusula suelo se sigue dando entre particulares y entidades en los tribunales, en el Senado la cuestión se aparca. Al menos temporalmente. Se habla de ella como una “cláusula abusiva” pero no se aprueba ninguna enmienda para limitar su aplicación. La razón que se ha esgrimido es que debe ser la reciente subcomisión de análisis para la posible reforma del sistema hipotecario español quien aborde y someta a la aprobación del Parlamento el cambio hipotecario.

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Fuente: El País
 

El gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, ha destacado que la prima de riesgo es la pieza clave del mecano de la crisis financiera. Advirtió que esto no solo aumenta el gasto público, sino que también podría dificultar la financiación de las empresas, reducir el crédito e incrementar su coste. “Si no reducimos suficientemente el spread de España el crédito podría verse afectado. No solo por la falta de impulso de la demanda, sino también por la limitación de la propia oferta”. Es la primera vez que el supervisor pone en relación directa la prima de riesgo y el cierre del grifo del crédito.
Para resolver esta cuestión, Ordóñez pidió hacer frente a los problemas reales y no “culpar a la maldad o avaricia de los mercados. Sería una pérdida de tiempo”. La solución pasa por implantar las reformas internas “lo antes posible”. Entre ellas se centró en la laboral “porque la altísima tasa de desempleo es un problema grave y propio”. Destacó que de los 40 países más importantes del mundo, solo dos tienen más de un 20% de paro: España y Sudáfrica. En su opinión, este deterioro se debe a la regulación laboral, que hace que “algunos empresarios tengan horror a contratar”. Los cambios normativos deberían seguir el ejemplo de los países nórdicos, que introdujeron flexibilidad para reducir la tasa de paro y elevaron la protección social. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, insistió en el mensaje: “Hay que perseverar en las reformas, aunque sean duras a corto plazo”.
El gobernador recriminó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que achacara la situación de España “a la crisis financiera internacional y no a los desequilibrios acumulados por una larga expansión basada en el endeudamiento”. Al PP le reprochó que no apoyara los recortes de gasto público que tomó el Gobierno. “No identificó adecuadamente el problema. Para corregir el déficit público es imprescindible realizar recortes en el gasto”, aseveró. Los socios europeos también se llevaron lo suyo: “Hay que admitir que la posibilidad de mejorar la gobernanza económica de Europa está en manos de otros muchos países y no solo de España”. Con el recuento de las elecciones municipales todavía caliente, recordó a los nuevos gobiernos autonómicos que el objetivo del déficit “se debe exigir a todas las administraciones”.
El gobernador también se refirió a la necesidad de completar la reforma del sector bancario. Aseguró que “las formas y los tiempos” de la reestructuración de las cajas “son correctos y de lo que se trata es de cumplirlos”. Dijo que el problema está limitado a una parte y aclaró: “El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) entrará en cuatro o cinco cajas. Estará un tiempo para llevar a cabo los planes de reestructuración, y si no los cumplen inmediatamente habrá que venderlas”. En cuanto al resto de entidades, recordó que intentarán salir a Bolsa en “un momento obviamente difícil”, admitió.

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Fuente: El País

Andrés Fuentes, del departamento de asuntos económicos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y responsable para España y Suiza opina que España ha dado un gran paso con las reformas en el mercado laboral, las pensiones y el sector financiero. Pero aún no es suficiente: necesita profundizar en estas áreas y sumar otras, como la fiscalidad. Sin descartar subidas de impuestos. En el panorama fiscal, comenta que “lo esencial es la consolidación. Pero sí nos parece que algún cambio en la estructura de los impuestos podría mejorar las perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, en la imposición de la vivienda. Vemos bien que se haya armonizado el tratamiento impositivo del alquiler y la propiedad. Pero se podrían hacer mejoras. En particular, reducir el gravamen en las transacciones de vivienda. Para compensar esa pérdida de recaudación, vemos posible imponer más el valor de la vivienda. Es un impuesto que cae en las competencias de los municipios. Ya lo han aumentado por necesidad de tener más recursos pero nosotros pensamos que podrían tener más margen si se reducen las tasas a las transacciones”.

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Fuente: Expansión
 

La sentencia de la Audiencia de Navarra avalando la posibilidad de que en casos de impago se permita liquidar la hipoteca sólo con entregar la vivienda al banco ha prendido la mecha y cada vez es más numeroso el coro de voces que reclama una reforma legislativa en esa dirección. Lo han hecho Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales, IU y CiU, la presidenta de la Comunidad de Madrid... La suma de los votos de PSOE y PP sirvió de dique de contención en el Congreso para evitar que prosperara una proposición de ley de IU para cambiar la legislación hipotecaria y obligar a las entidades a aceptar que la entrega de la vivienda sea suficiente para zanjar la hipoteca. Pero el debate sigue abierto y, de hecho, la Federación de Municipios se sumó, mostrando formalmente su determinación a pelear ante el Gobierno y los grupos parlamentarios para que la legislación contemple la llamada dación en pago.  Se comenta que “en medio de tanto ruido, el riesgo de que este planteamiento acabe prosperando no está conjurado, y menos aún en víspera de elecciones autonómicas y municipales, un terreno tradicionalmente abonado para el populismo de los políticos y, en todo caso, un acicate para que otros tribunales sigan la estela de la Audiencia de Navarra”. Y es un riesgo “sencillamente, porque serían mayores los perjuicios a medio y largo plazo para la economía en general que los eventuales beneficios cortoplacistas que se pudieran obtener. Aunque aparentemente se trata de una iniciativa destinada a proteger a los ciudadanos frente a supuestas prácticas abusivas de la banca, a la larga se crea un escenario de inseguridad jurídica. Las garantías jurídicas que ofrece el sistema español permiten ofrecer unas condiciones crediticias más ventajosas. Al asumir más riesgo, es evidente que las entidades financieras optarán por blindarse ante situaciones de insolvencia de sus clientes. La consecuencia previsible es una mayor restricción del crédito y un encarecimiento del mismo, con intereses más altos y condiciones más restrictivas en los plazos de amortización”.

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Fuente: Expansión

El abogado de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, señala que en España hay cierto consenso sobre las externalidades provocadas por los excesos del ladrillo. “Consecuentemente, en estos momentos deberíamos estar implantando las reformas estructurales necesarias para evitar sufrir en el futuro similares calamidades a las ya sufridas” y aporta algunas reformas estructurales que considera importantes y que hoy no se están impulsando.
En necesario un drástico cambio en la política fiscal sobre la vivienda: “debemos pasar de favorecer fiscalmente la compra de vivienda libre (que incrementa el precio final) a favorecer el alquiler, la vivienda protegida, la movilización de vivienda vacía, la rehabilitación y la regeneración urbana”. “Es necesario limitar por ley el crédito al que pueden acceder los promotores y los compradores de vivienda. Dado que el sector financiero español tiende en épocas expansivas a conceder créditos en exceso, basados en precios irreales y a personas o empresarios que no siempre tienen capacidad de devolver esos préstamos, es necesario que se legisle sobre la materia. Francia o el Reino Unido ya limitan el crédito al que puede acceder un promotor o un particular para comprar suelo y edificar o comprar vivienda”. “También sería muy recomendable que España regulase la dación de vivienda en pago de una hipoteca, así como la reconstrucción de una banca pública generalista, o cuando menos de una banca pública en los mercados de crédito para suelo, urbanización, edificación, gestión de parque en alquiler y acceso de particulares a la vivienda”
“Concebir el urbanismo como una función pública y una parte del mercado necesariamente intervenida por el Estado. A través de figuras ya existentes como las valoraciones del suelo que excluyan las expectativas urbanísticas, el aumento de la participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas o las reservas de suelo para vivienda protegida que ofrecen vivienda a precios asequibles y, en cierto volumen y tiempo, presionan a la baja sobre el precio de la vivienda libre  ‐siempre que la vivienda protegida esté calificada permanentemente y no sea descalificable‐. Pero también a través de figuras hoy no presentes en nuestra legislación, pero ya debatidas en círculos académicos españoles, como las reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler o las obligaciones legales de rehabilitación y regeneración vinculadas a las nuevas expansiones urbanas”. “Fuerte intervención pública. Al menos, debe traducirse en incrementar el gasto directo en políticas públicas de vivienda (en estos momentos menos de la mitad de la media de la Unión Europea); empezar a construir un servicio público de vivienda sustentado en una fuerte producción de vivienda protegida no descalificable destinada de forma mayoritaria al alquiler público así como en las figuras de los alojamientos dotacionales y el derecho de superficie; rehabilitar vivienda y regenerar entorno urbano con presupuesto público (y captación pública de plusvalías urbanísticas), evitando la gentrificación; reducir la bolsa de vivienda vacía existente, etc.

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Fuente: Cinco Días