Bilbao acogió un congreso sobre Justicia y medios de comunicación en el que el drama de los desahucios se convirtió en protagonista. Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo (Vizcaya), ya adelantó la posición de los magistrados, cuando ordenó el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña, que se arrojó al vacío cuando la comitiva judicial subía las escaleras para desalojarla a ella y a su familia por impago de la hipoteca. Según dijo Mediavilla, “hay que hacer reformas para evitar estas tragedias”. Esa argumentación tuvo su continuación en el citado congreso. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la apertura del evento que no haya “demoras” en la toma de medidas para solucionar el problema social de los desahucios. Añadió que el Poder Judicial está “integrado por ciudadanos que no son ajenos a la sociedad en la que viven”, en relación con la “dramática situación” de las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.
En esa línea argumental abundó Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En relación con los desalojos de las viviendas, señaló que los jueces intentan “sacar chispas de la justicia”, en la interpretación de las normas actuales y en favor de aquellos ciudadanos que viven una situación que “a veces se revela injusta”. Ibarra defendió que “ninguna persona que esté en un procedimiento ejecutivo hipotecario en el que haya riesgo de pérdida de la vivienda familiar quede sin defensa jurídica. Esa es la primera de las garantías y nos corresponde a los jueces hacerla efectiva”.
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Fuente: Cinco Días
