Pedir que se restablezca el derecho “sustraído retroactivamente” a cobrar los subisidios de préstamos para la compra de viviendas es el objetivo de las entrevistas que mantuvo una representación de la Coordinadora Nacional de Afectados por Impagos de Ayudas a la Vivienda con los grupos parlamentarios de la Cortes Valencianas y con el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine.
Ángel de Sancha, representante de relaciones institucionales de la Coordinadora, recordó que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Fomento “que pague las ayudas y luego se dirija a las comunidades autónomas para decirles que se abstengan de no reconocer las ayudas de los planes anteriores a 2009-2012”. Fomento, añadió De Sancha, ya ha dicho que no hará caso de la recomendación, pese a que hay sentencias en ese sentido y dos comunidades ya lo han hecho.
El representante de la Cooordinadora Nacional iba acompañado por Cristina Aguilar, de la plataforma de afectados autonómica, y comparó lo que ocurre en la Comunidad Valenciana, donde se calcula que la Generalitat debe 250 millones en ayudas a la vivienda a unas 50.000 familias, con la de Madrid. “La venta de patrimonio público de vivienda protegida “también llegará aquí”, advirtió De Sancha, que evaluó en casi 3.000 millones de euros el volumen de impagos en las ayudas a la vivienda. Las afectados por esa deuda de las administraciones son unas 300.000 familias.
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Fuente: El País
