El coste final de una casa incluye el pago de un carrusel de impuestos que gravan todo el proceso de su construcción y de su transacción. En total, según los cálculos de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), hasta el 22,18% del precio total de una vivienda nueva corresponde a múltiples tributos directos que se abonan a las diferentes administraciones por el promotor, el constructor y el comprador. Con este dato del 22% de presión fiscal a la vivienda sobre la mesa, el presidente de la APCE, José Manuel Galindo, justifica el alto valor de la vivienda. “Los ciudadanos deben saber que el mercado inmobiliario padece esta carga y si no fuera así la vivienda podría ser más barata”, afirma, al tiempo que admite que “el sistema tributario es necesario”. “Si se quiere que los pisos cuesten menos y la demanda aumente y con ella la actividad económica, lo óptimo sería intentar quitar, limar o reordenar algunos impuestos”. Esta realidad fiscal, según Galindo, “debe ser valorada y tenida en cuenta por todos”. Incide en que viene del boom, cuando “las administraciones aprovecharon para incrementarla”. Por ello, aboga por “una tributación estable independientemente de la situación económica”.
Si el porcentaje del 22% estimado por APCE parece elevado, aún se estiraría más si se tuviera en cuenta otros desembolsos tributarios que no se aplican directamente a la vivienda como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el de Sociedades, el de Patrimonio, las retenciones en el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social que los promotores tienen que asumir. Carolina Roca, directora general del Grupo Roca, sumando estos conceptos habla de una presión fiscal a la vivienda de casi el 30%. “El proceso productivo”, dice, “está muy gravado porque todas las administraciones aprovecharon la bonanza, cuando todo se vendía, para sacar beneficio”. Por ello, apuesta por una fiscalidad “más compacta” y relacionada con la evolución del precio de la vivienda. “Si en su momento se dio una escalada tributaria al ritmo de los precios, ahora debería bajarse en la misma proporción”. Especifica que su postura, y la de la mayoría de promotores, es la de hacer una vivienda sostenible económicamente. “Si para levantar pisos más baratos tenemos que contener costes de producción hay que colaborar todos, tanto los profesionales como las administraciones”. “Ahora es el momento de gravar el inmobiliario al mínimo”, dice. “Ese 30% de presión fiscal no tiene sentido en los tiempos que corren”. Al menos en las viviendas tipo. “Otra historia son las casas de lujo”, puntualiza. La directora general del Grupo Roca indica que los promotores llevan mucho tiempo denunciado esta situación y solicitando una reducción de costes en todos los niveles, siendo la fiscalidad uno de los más importantes. “Hemos convertido la vivienda en un bien tan caro de producir que resulta casi imposible que las rentas medias y bajas puedan acceder a ella. No tiene lógica y las administraciones lo saben, pero como son las que más ganan…”, critica Roca.
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Fuente: El Mundo