Es mejor devolver las llaves del piso y librarse de la deuda que un desahucio en el que la familia se queda sin casa y arrastra la deuda por el resto de sus días. Pero la dación en pago no es un chollo. A veces, los acuerdos con los bancos permiten que las familias se queden en los pisos pagando alquileres por debajo de mercado. Pero en muchos otros casos (no hay datos, cada entidad aplica su política) una dación es una familia que se queda en la calle. Unas regresan al hogar paterno, otras se amontonan en habitaciones alquiladas, en pisos sobreocupados, u ocupan ilegalmente, o viven en pensiones pagadas por Ayuntamientos... Hay inmigrantes que regresan a sus países o, con suerte, acceden por un tiempo a los insuficientes pisos sociales de las Administraciones, las ONG, Cáritas o el Fondo Social de Viviendas de Alquiler.
La presión popular, política y mediática ha logrado que los bancos acepten cada vez más daciones en pago: 11.441 el año pasado, según datos del Colegio de Registradores, frente a 30.034 desahucios. De primeras viviendas. Y, en los casos de dación en los que las entidades no aceptan el alquiler social, los afectados son las familias más débiles, aquellas que no tienen ni para pagar 50, 100 o 200 euros de renta mensual.
Además, tras una dación aparecen sorpresas desagradables, como que las ayudas de las Administraciones “solo están contempladas en casos de desahucio, no de dación”. Por ejemplo, en los pisos de emergencia en Barcelona. “Te piden la orden de desahucio, las daciones quedan fuera, y si hemos conseguido algo ha sido porque hemos hecho mucho ruido”, asegura la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Otra sorpresa es el pago de impuestos. Como la dación es una compraventa (el moroso vende su piso al banco), representa que la familia se enriquece y le toca pagar plusvalías: la municipal y a Hacienda. En teoría, las familias que han perdido su vivienda se libran de este impuesto, dice el Ministerio de Hacienda; pero en la práctica se exige, contradice la PAH. Uno de los dos decretos del ministro de Economía, Luis de Guindos, establece la exención, “pero en supuestos que pocos afectados cumplen”, según Mercedes Castro, de la PAH de Barcelona. Barcelona sigue cobrando la plusvalía pese a que se comprometió a no hacerlo.
“La dación es exclusión residencial y su única ventaja es librarte de la deuda, pero la vivienda la pierdes igual”, subrayan en el servicio de mediación de Cáritas en Barcelona.
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Fuente: El País
