La legislación hipotecaria que el Gobierno impulsó hace un año no ha impedido que el número de embargos hipotecarios que se producen en España siga incrementándose. Los datos a cierre de 2013, proporcionados por el Banco de España, revelan que la banca se adjudicó 49.964 viviendas de particulares a lo largo del año 2013. Esta cifra supone un incremento del 11% respecto a las 44.745 adjudicaciones de 2012. Sin embargo, hay que destacar que los embargos sobre vivienda habitual remitieron un poco, pasando de 39.051 a 38.961, correspondiendo la evolución al alza al incremento en las ejecuciones sobre segundas residencias, que se duplicaron hasta alcanzar 10.733.
Por otro lado, del conjunto total de viviendas 21.521 fueron entregadas “voluntariamente” a las entidades, es decir, hubo algún tipo de acuerdo entre acreedor y banco. En la mayoría de los casos, 16.173, este acuerdo se basó en un pacto de dación en pago. Así, pese a la oposición de la banca a generalizar esta opción, un tercio de los embargos se resuelven con este tipo de acuerdos. Fomentar esta vía, aunque sin imponerla, era parte del espíritu de la nueva legislación hipotecaria. A pesar de este tipo de acuerdos, durante el año 2013 21.054 familias se vieron obligadas a dejar su vivienda habitual por decisión judicial. En 1.668 de los casos, los ocupantes permanecían en la residencia en el momento de la ejecución hipotecaria, es decir, que fueron desahuciados a la fuerza. Resulta curioso que el número de desahucios forzosos fue superior en segundas viviendas, 2.060 de esas viviendas se encontraban ocupadas en el momento de la ejecución, si bien en muchos casos no se trata de “la casa de la playa” sino de un piso en el que viven otros miembros de la familia.
