La promoción de nuevas viviendas protegidas destinadas a la venta, tal y como se ha desarrollado hasta ahora, dejará de existir. El Ministerio de Fomento admite que ya no tiene sentido seguir financiando la construcción de estos pisos por la escasez de recursos y el ingente stock.
El Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda al ámbito inmobiliario se refiere a un “cambio de modelo”. Dice que el objetivo es “cambiar la cultura de acceso a la vivienda vinculada a la propiedad por otra que tenga en el alquiler una opción deseable y preferente, a través de cambios regulativos, fiscales y ayudas a los grupos más vulnerables”. Se terminan, por tanto, las subvenciones a promotores para edificar más viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de compra y se declaran igualmente “a extinguir” las ayudas a las familias con menos recursos para acceder a una de esas casas. Fuentes oficiales de Fomento explicaron que “el hecho de no recibir ayudas estatales en el marco del plan no quiere decir que no se pueda seguir promoviendo vivienda protegida en régimen de compra”. Se refiere, aunque no lo cite de manera explícita, a que las comunidades autónomas podrán seguir desarrollando esta clase de casas sociales si así lo consideran oportuno con fondos de sus presupuestos. Sin embargo, la crisis financiera por la que atraviesan la mayoría de las regiones y la historia reciente, que prueba que ocho de cada diez VPO construidas hasta ahora fueron financiadas por el Estado, confirman la crónica de una muerte anunciada.
Todas aquellas promociones de VPO en propiedad que hayan recibido la calificación provisional (certificación que les asegura el acceso a las ayudas públicas) mantendrán las subvenciones, aunque todavía no se haya iniciado su construcción y apenas esté el solar. Por tanto, los promotores que estén pensando en desarrollar alguno de estos proyectos y aún no dispongan de esa calificación, solo tienen hasta el 31 de diciembre para obtenerla, ya que a partir de enero será de aplicación el nuevo plan plurianual de vivienda 2013‐2016.
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Fuente:Cinco Días
