Los ayuntamientos catalanes y la Generalitat están estrechando el cerco sobre las entidades bancarias que disponen de pisos vacíos a través de sanciones económicas o vía impuestos, en el caso de la administración autonómica. Terrassa fue el primer municipio en anunciar que impondría multas a tres bancos que tenían viviendas desocupadas desde hacía más de dos años, acogiéndose a la ley de la vivienda. Desde entonces una decena de localidades han anunciado sanciones similares tras reconocer que llevan años de diálogo con las entidades financieras sin llegar a ningún acuerdo ni compromiso para que pongan en el mercado del alquiler social los pisos desocupados que tienen en su cartera.
El secretario de Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, explica que el problema grave está en los pisos más antiguos. Dice que algunas entidades no están haciendo lo suficiente para conservarlos o incorporarlos en el mercado de alquiler. En paralelo a las sanciones que están imponiendo los ayuntamientos, la Generalitat está ultimando un impuesto dirigido en esta misma línea. Una tasa que deberán pagar entidades bancarias que tengan durante más de dos años un piso vacío en uno de los 70 municipios catalanes que tienen una demanda acreditada de vivienda. Sala explica que la ley de la vivienda capacita a los entes locales para imponer sanciones en el caso de que la vivienda no cumpla el destino para el que se ha construido, al tiempo que permite al Govern adoptar medidas de carácter fiscal para este tipo de situaciones. Explica Sala que “el impuesto será exponencial y gravará los metros cuadrados en manos de las entidades”. De esta manera, se penalizará más a los bancos que tengan muchos que a los que tengan pocos. Para Sala la nueva tasa es un estímulo para incentivar a los grandes propietarios a que destinen al alquiler las viviendas vacías y, si ellos no pueden hacerlo, que los cedan a los municipios o entidades del tercer sector. De hecho, sostiene que en los últimos meses se han llegado a varios acuerdos para ceder pisos en alquiler social. Otra de las medidas que se prevé incorporar el futuro impuesto son las bonificaciones para aquellas entidades que acaben cediendo sus pisos o alquilándolos.
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Fuente: La Vanguardia
