En poco más de un año, las Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar casi un centenar de desalojos forzosos en distintas ciudades españolas. Amplificadas por el 15-M, se han convertido en victoria de un movimiento que ha tenido gran eco ciudadano, mediático y que se mueve muy bien por las redes sociales. Lo ha tenido la paralización de los desahucios y también la exigencia de una reforma de la ley hipotecaria que contemple la dación en pago con carácter retroactivo, que los deudores puedan quedarse en las viviendas afectadas pagando un alquiler social y que se paren los desahucios pendientes. El impacto ha sido tal que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse. “En poco tiempo las PAH han conseguido colocar el problema de los desahucios primero en la agenda mediática, judicial, con dos sentencias favorables a la dación en pago (de las audiencias de Navarra y Girona), y luego en la política”, señala Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. “El de la PAH es un movimiento de conquistas parciales”, dice. Asegura que “el tema continuará en la agenda pública” y el próximo Gobierno “tendrá que plantear alguna medida”.
El catedrático José García Montalvo apunta que la ley hipotecaria ya contempla la dación, pero que encarecería las cuotas. Y sobre la dación retroactiva recuerda que “legalmente no hay forma, porque son contratos ya firmados”. Su apuesta pasa por “facilitar al máximo la dación voluntaria” con acuerdos individuales entre endeudados y deudores. La CECA recuerda que modificar la ley “supondría un beneficio para una minoría de prestatarios, a cambio de perjudicar a la mayoría que cumple puntualmente con sus obligaciones de pago”. La Asociación Española de Banca (AEB) apunta que “algunos cambios que se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario” y que, en cualquier caso, las medidas que se adoptasen “no deben tener carácter retroactivo”. La AEB apela a medidas sociales para “paliar la situación de las familias que han perdido sus viviendas”. “Los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos del sistema hipotecario”, concluye, tras asegurar que antes de iniciar una ejecución hipotecaria las entidades “analizan todas las posibilidades de renegociar con el cliente".
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Fuente:El País
