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Cae la venta de pisos en el primer trimestre

La compraventa de viviendas se situó en 70.228 unidades en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 5,7% respecto al mismo periodo de 2011 y del 34,5% en comparación con los tres meses anteriores, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Fomento. El número de pisos que se vendieron en los tres primeros meses se sitúa en el volumen mínimo trimestral de al menos los últimos nueve años, desde el primer trimestre de 2004. En caso de que este ritmo de venta de casas se mantenga durante el resto del año, en 2012 se comercializarán unas 281.000 unidades, por debajo de las 347.305 de 2011, con lo que se marcaría un nuevo mínimo histórico.
Por tipo de vivienda, entre enero y marzo se vendieron 13.721 pisos nuevos libres, un 34,8% menos que en el mismo periodo de 2011 y un 60% menos que en el último trimestre del pasado año, con lo que marca también un mínimo. Por el contrario, las operaciones en los pisos usados crecieron un 10% en tasa interanual, al sumar 50.325 unidades hasta marzo, si bien este volumen arroja un descenso del 15,5% en comparación con los tres últimos meses de 2011. También creció un 19,6% el número de viviendas adquiridas por extranjeros residentes en España, hasta sumar 8.289 unidades al cierre de marzo, Alicante, Málaga y Santa Cruz de Tenerife fueron las provincias donde los extranjeros compraron más viviendas. En cuanto a los pisos protegidos, entre enero y marzo pasados la cifra se sitúa en 6.182 viviendas, un 19,4% menos que un año antes y la mitad que en el último trimestre de 2011.

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Fuente: El País, El Economista, El Mundo, ABC, La Gaceta, La Razón

El Gobierno quiere flexibilizar el mercado de alquiler

Dentro de su agenda de reformas, el Gobierno se ha propuesto flexibilizar el mercado de alquiler con un paquete de medidas cuyo anteproyecto ha pasado ya por el Consejo de Ministros. Varios expertos ponen el acento en que las nuevas medidas pueden crear indefensión en el inquilino. “El Gobierno vuelve a equivocarse”, asegura el vicerrector de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, quien considera que el problema actual en el mercado de alquiler “no es de oferta, sino de demanda”. “No hay suficiente gente que demande viviendas de alquiler. Los inmigrantes vuelven a sus países, la gente que se cambia de ciudad por trabajo ha disminuido y los jóvenes que se independizan de sus padres también descienden. Por primera vez hay un exceso de oferta y por eso los precios están bajando, y mucho”, sostiene.
“No creo que las medidas sirvan para impulsar el alquiler. Va a ser más el mercado el que fuerce a la gente que se plantee alquilar en vez de comprar”, asegura Miguel Hernández, experto en el sector inmobiliario de IE Business School. Recuerda que antes de la crisis, la brecha entre la compra y el alquiler estaba en el precio: salía más a cuenta hipotecarse que alquilar. “Algunas medidas eran necesarias, pero debe haber un diferencial entre el alquiler y la compra”, afirma.
La exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, considera que el principal problema del stock de viviendas es que muchas no son aptas para el alquiler, ya sea por su tipología o por su ubicación. Bernardos, en cambio, propone que el Gobierno actúe por el lado de la oferta. Por ejemplo, movilizando el parque de viviendas que está en manos de la banca con un alquiler máximo de unos 150 euros mensuales, “asequible para una familia que lo esté pasando mal”.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha defendido en el Senado que el borrador pretende “preservar la libertad de arrendatarios y arrendadores” y asegurar una mayor “equidad” en sus relaciones, puesto que los inquilinos podrán dejar su vivienda sin ninguna penalización económica si deben trasladarse de ciudad por motivos económicos. Bernardos discrepa: “Todas las medidas están pensadas para mejorar la rentabilidad del propietario de vivienda, pero se olvida que el alquiler tiene un componente social muy importante. El Gobierno lo ve como un asunto de mercado estrictamente, pero los contratos de alquiler estaban muy acotados por ese factor social”, afirma. Ahí coincide Corredor, que opina que el Gobierno considera “el alquiler como un bien de inversión y no como una forma de acceso a la vivienda”.  
Fernando Encinar, de Idealista.com, opina que “para el inquilino no hay mejoras sustanciales, y todas las medidas favorecen al propietario”. “La medida de no tener como referencia el IPC da una inseguridad enorme al inquilino. El propietario puede venir y decirle que tiene una oferta mejor y que le sube el arrendamiento de golpe si quiere quedarse”, advierte.

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Fuente:El País

Cae el número de visados

Los visados para construir viviendas cayeron un 30% en marzo, con un total de 4.848 proyectos, según las cifras facilitadas por el Ministerio de Fomento. Si en 2011 los colegios de arquitectos visaron 78.286 permisos para viviendas nuevas, al ritmo actual, y extrapolando los datos del primer trimestre, 2012 cerrará con alrededor de 57.000 viviendas proyectadas. En 2006, la cifra llegó a 865.561 unidades. La estadística de Fomento muestra también que la bajada de precios hace que el tamaño de las viviendas aumente.  

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Fuente:El Mundo

Publicado el: 09/06/2012 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Desaucio exprés: Desalojar a un inquilino moroso en menos de un año

El anterior Gobierno socialista pretendió instaurar la figura del desahucio exprés eliminando y acortando el proceso judicial que ha de iniciarse cuando se demanda a un inquilino por impago de rentas, desperfectos en la casa o cualquier otra irregularidad. Pero la falta de medios humanos y técnicos de muchos juzgados ha impedido en la práctica que los desalojos sean realmente ágiles y, por tanto, exprés. Los plazos medios de resolución de un litigio por impago del alquiler varían según la ciudad y oscila entre cuatro meses en los juzgados menos atascados y un año en los de las grandes urbes. Hay procesos que se pueden llegar a prolongar más de un año y eso es con lo que quiere acabar la reforma que plantea el actual Ejecutivo. El Ministerio de Fomento, en colaboración con el de Justicia, ha decidido actuar sobre la seguridad jurídica con el objetivo de “racionalizar el procedimiento animando con ello a que más propietarios pongan sus casas en alquiler y arrendadores e inquilinos estén más protegidos”, aseguran fuentes de Fomento. “Si ahora los procesos se resuelven en un plazo medio de cuatro a 12 meses, el objetivo es que en una primera fase se consiga reducir esos tiempos entre dos y tres meses, sobre todo en el caso de los litigios más largos”, explican las mismas fuentes.
Se conseguirá fundamentalmente por dos vías: aclarando la norma actual y simplificando la composición de la comisión judicial que acude al inmueble a realizar el lanzamiento (momento en el que se hace efectivo el desalojo del inmueble), de forma que en lugar de tener que componer dicha comisión dos funcionarios, podrá acudir al inmueble uno solo. Desde Fomento recuerdan que los pasos a dar y el procedimiento se mantienen exactamente igual. Cuando un inquilino deja de pagar, el propietario puede demandarle ante el juzgado de primera instancia correspondiente. A partir de entonces comienza el proceso con el envío al arrendatario que no paga un requerimiento exigiendo las cantidades adeudadas que deberá reintegrar en un plazo de 10 días.

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Fuente:Cinco Días

Llega la hora de la rehabilitación

La directora general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pilar Martínez, avanzó las próximas reformas legislativas que llevará a cabo su departamento para recuperar a la construcción como uno de los motores de la actividad. Distintos altos cargos del Gobierno admiten en privado que, al igual que ha pasado con las autopistas sin coches y los aeropuertos sin un solo avión, no se puede seguir apostando por más desarrollos alejados de los centros de las ciudades ni seguir despreciando los cascos históricos de los municipios por una razón bien sencilla. Y es que llevar los suministros básicos o las líneas de autobús a esos desarrollos es carísimo y no hay dinero. Sin obra civil ni nuevas promociones, no queda otra que conservar el parque inmobiliario existente y adecuarlo a las nuevas exigencias de calidad para hacer las ciudades más agradables a sus habitantes. La construcción de viviendas ha muerto, ahora toca rehabilitar, proclaman los expertos. El Gobierno defiende que este subsector de la construcción tiene todo para convertirse en un motor de crecimiento y, sobre todo, puede ser clave para recuperar el empleo.
Para que se produzca ese relevo de más rehabilitación en lugar de nuevas promociones, los expertos ven imprescindible una regulación completamente diferente, financiación y concertación de todas las administraciones implicadas. La directora general de Arquitectura y Vivienda garantizó que habrá nuevo marco regulatorio. Habrá hasta una nueva definición de qué es rehabilitar. Está previsto adecuar leyes tan importantes como la de Suelo o la de Economía Sostenible, Ordenación de la Edificación o la de Arrendamientos Urbanos a un nuevo escenario cuyo objetivo esencial será potenciar los procesos integrales de rehabilitación y recuperar los barrios degradados. La palabra más repetida a lo largo de toda la jornada fue financiación. A la pregunta de ¿y esto quién lo paga?, es evidente que tendrán que ser los propietarios de los inmuebles, pero los asistentes también coincidieron en que deberán articularse fórmulas que reduzcan al mínimo el coste para los particulares, para las arcas públicas y, por contra, ofrezcan rentabilidades atractivas para que entre el capital privado.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno estudia modificar la Ley del Suelo

El Gobierno estudia modificar la Ley del Suelo vigente para elevar las valoraciones de los terrenos destinados a edificar viviendas y evitar que se puedan expropiar como si fueran rurales -a un precio mucho menor-, como ocurre con la norma actual. Se trata de un pequeño cambio que podría ser favorable para los sectores inmobiliario y financiero. El Ministerio de Fomento quiere “dar seguridad jurídica” y volver a referenciar las valoraciones de los suelos a las ventas de activos similares en sitios cercanos. Es decir, por el método comparativo y no por el de capitalización de rentas, que se usa para los activos rurales y por el cual se miden, fundamentalmente, las expectativas agrícolas del terreno en cuestión (mucho menores que las inmobiliarias). De esta forma, la modificación legal que se estudia servirá “para que no se expropien a precio de patatal unos solares con expectativas económicas, pero que están parados por la crisis”, explican fuentes cercanas a Fomento. Esta modificación es “el escenario principal” y una de las “prioridades” del Ejecutivo en materia de vivienda, según fuentes parlamentarias. La idea es “alterar las valoraciones, para que las tasaciones sean más favorables al titular del suelo”, agregan fuentes cercanas a Fomento.  
Con la modificación los balances de los bancos mejorarían (no así la provisión de suelo, del 80%). “Esto significaría que los bancos van a poder ajustar el valor de sus activos; el nuevo valor (expropiatorio) estaría más cerca del valor apuntado en los balances que del valor real”, apunta Lucio Rivas, director de Gabinete de Urbanismo y Administración Pública. Además, las entidades podrían deshacerse con mayor facilidad de los suelos que tienen actualmente en balance. “Se va a reactivar el mercado, porque el promotor podrá pedir un préstamo más alto para ese suelo. Operaciones que antes no lo eran ahora serían viables”, agrega Rivas, que formó parte de la Comisión de Expertos que asesoró sobre la Ley de Suelo estatal. Un tercer alivio para los bancos será que la modificación de esta Ley frenaría las prácticas de los ayuntamientos para sobrevivir en plena recesión económica y fiscal. Actualmente, los consistorios están haciendo uso de dos figuras jurídicas que les permite la normativa. La primera, la expropiación forzosa, para quedarse a precio rural (hasta un 90% menos) aquellos terrenos urbanizables que no se hayan desarrollado tras un número determinado de años. Ello, se explica, con la intención última de que los bancos, antes de verse expropiados, edifiquen esos solares. La segunda ‘treta’ local es la “venta forzosa” de los terrenos no desarrollados, de forma que se obliga al dueño a traspasar el suelo, con un precio inicial del 50% de aprovechamiento lucrativo (es decir, la mitad del valor); todo lo que exceda de ese 50% se lo queda el ayuntamiento, con lo cual la venta no es beneficiosa para el titular del suelo.  

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Fuente: Expansión, El Mundo

Se espera que las nuevas reformas reactiven el sector inmobiliario

El Ministerio de Fomento pretende tener listo “antes del verano” el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector inmobiliario, según confirman fuentes del Ministerio. Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de “cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo”, la supresión de “trabas” en la renovación y generación urbana y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda. Se comenta que el arrendamiento se ha convertido casi en la única opción de salida de innumerables casas en venta. Son los propios bancos los que en su intento por sacar los pisos de sus balances ofrecen contratos de alquiler con opción a compra a los demandantes con menos nivel de renta.
“Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas”, admiten fuentes de Fomento. Durante su reciente intervención en la comisión de infraestructuras de CEOE, el secretario general de Infraestructuras de Fomento, Gonzalo Ferre, indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo plan estatal de vivienda, para el que el Gobierno reclamará la colaboración del capital privado.

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Fuente: Cinco Días

Se registra el mayor descenso en el precio de la vivienda desde 2009

El precio de la vivienda libre registró en el primer trimestre una bajada del 7,2% respecto al mismo periodo del pasado año, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Fomento. Se trata de la mayor reducción desde 2009, cuando perdió un 8,3% de su valor. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008, el precio de la vivienda ha caída un 21,5%.
El precio del metro cuadrado, 1.649 euros de media, se aproxima a los niveles de finales de 2004 y queda cada vez más lejos del máximo alcanzado en 2008, cuando llegó a 2.101 euros. Los promotores temen que se repita lo que ocurrió el año pasado, cuando la compraventa de pisos cayó un 17,7% pese a que los precios descendieron.  
Una caída de precios, dato que puede parecer bueno al menos para quien quiere comprar, no lo es tanto para los constructores, ya que una constante caída de precios invita al consumidor a esperar antes de invertir. España, mientras tanto, acumula 800.000 inmuebles sin vender. El sector del ‘ladrillo’ pide a la banca que deje de rebajar sus activos porque lo consideran una “competencia desleal” para las inmobiliarias y promotoras. “La reestructuración tiene que ser drástica”. El sector estima que un ritmo asumible de construcción debería rondar las 250.000 viviendas anuales, lejos de las 80.000 de 2011 y de las 900.000 que se iniciaron en 2006, antes de que explotara la burbuja.

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Fuente: Expansión

Se desploma el número de visados para construir pisos nuevos

2012 comenzó marcando un mínimo histórico en el número de visados solicitados para construir viviendas. Se pidieron 4.698, lo que supone descenso del 44,2% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos del Ministerio de Fomento. En enero de 2007, poco antes del estallido de la crisis, se visaron 59.268 proyectos. El año 2011 ya supuso el cierre de un lustro de descensos en visados y los del primer mes de 2012 suponen, además, un retroceso del 13,2% respecto a los 5.414 certificados de diciembre. Por tipología, los visados que más cayeron fueron los destinados a construir viviendas en bloque (‐33,4%), con 3.537 unidades.

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Fuente: La Razón, Cinco Días

Publicado el: 13/04/2012 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Se corta el crédito a las inmobiliarias

El Gobierno aprobó una batería de medidas para facilitar que el crédito llegue a las pymes. A través de cinco acuerdos distintos, se ampliaron las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pasan de 19.000 a 22.000 millones de euros. El sector inmobiliario se ha quedado fuera de esta lluvia de liquidez.  
El Ministerio de Economía acaba de eliminar el tramo stock de vivienda, que financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran sus inmuebles en alquiler. La justificación del Gobierno es que así pretende favorecer que los empresarios del ‘ladrillo’ saquen cuanto antes al mercado los pisos que no logran vender; y a precios más bajos. Hay otro motivo: el relativo fracaso que estas líneas de crédito han tenido en el pasado. En un país en el que hay cerca de un millón de viviendas que no encuentran comprador y en el que las empresas inmobiliarias luchan por sobrevivir, de los 3.000 millones disponibles el año pasado se utilizó en torno al 15%. Las 227 operaciones que se cerraron gracias a la financiación del tramo stock vivienda de la línea ICO absorbieron 468 millones. “Se ha visto que el mercado no va por ahí y que hay que buscar otras vías. Habrá que orientar las ayudas hacia la rehabilitación”, apuntan fuentes de Economía. Por eso el decreto aprobado el viernes establece una línea del ICO dotada con 1.000 millones de euros -un tercio del dinero destinado al instrumento equivalente del año pasado- para promover la rehabilitación de viviendas y edificios. La novedad es que en esta ocasión el dinero se podría destinar a financiar la reforma de los elementos comunes de los edificios.
A pesar de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido en que una de sus prioridades en materia de vivienda será el impulso al alquiler, con esta línea de financiación desaparece un acicate importante para que las empresas se dediquen a colgar el cartel de “se alquila” a los inmuebles que son incapaces de vender. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció a principios de febrero que la reforma financiera empujaría a bancos y cajas a sacar al mercado el ‘ladrillo’ que arrastran en sus cuentas a precios más reducidos.  

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Fuente: El País

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