Noticias sobre Ley Hipotecaria

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, critica un posible cambio de la ley hipotecaria. Martín afirma que se podría dificultar el acceso a la vivienda.
El presidente de la patronal sorprendió con una receta para salir de la crisis un tanto conflictiva en estos momentos. Abogó por la construcción de más viviendas y la concesión de más hipotecas. “El crédito ayuda a superar la crisis. Para proteger a las personas que están en peligro de quedarse sin casa, hay que dar más créditos y crear más casas y no poner trabas a que el crédito resurja cuando hay problemas”.
Martín defendió a los asociados de la patronal en un momento en el que la actuación pasada de la banca en la concesión de hipotecas es cada vez más criticada ante el creciente número de desahucios. “Viendo las informaciones periodísticas de estos días se podría pensar que el crédito hipotecario ha sido causa de exclusión social, y no ha sido así. Lo que ha provocado la exclusión ha sido la crisis económica, porque el crédito hipotecario, lo que ha hecho a lo largo de los años, ha sido ayudar a las personas”, sentenció. Además, ayer se conoció una carta de la AEB remitida a los bancos en la que manifiesta que sería “muy perjudicial” embarcarse en una reforma de la ley hipotecaria que conlleve una ruptura de la seguridad jurídica para acreedores y para inversores y que dificulte el acceso a la vivienda, encareciendo el coste de financiación y limitando el crédito.

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Fuente:Cinco Días

El Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para paralizar las ejecuciones hipotecarias de familias en riesgo de exclusión social que están actualmente en curso y, además, conceder una moratoria de dos años a todas las que se produzcan a partir de ahora. Algo, esto último, con lo que están de acuerdo las entidades financieras.  
La Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer que, “por razones humanitarias”, se ha comprometido con el Gobierno a “paralizar” los desalojos “durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. Las antiguas cajas de ahorros, agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se sumaron a la suspensión pero solo hasta que Ejecutivo y oposición pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos.
La AEB se mostró “a disposición del Gobierno, del PSOE y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario”. La patronal, que se ha ofrecido a participar como portavoz del sector en las citadas negociaciones, se muestra reacia a modificar una Ley Hipotecaria que “ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas”. “Algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario o al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda”, argumentan. La propia decisión de paralizar los desahucios temporalmente ‐que según la patronal fue comunicada al Gobierno el pasado jueves‐ ha sido “objeto de un debate intenso y profundo” por parte de los bancos miembros de la AEB.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha liderado las protestas contra los desahucios, respondió a este anuncio de la AEB asegurando que es un “parche” como el Código de Buenas Prácticas actual, ya que no se especifica a quiénes se considerará como personas en circunstancias de “extrema necesidad”.

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Fuente: Expansión

El Partido Socialista presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar. Una iniciativa que albergará medidas como impedir que la hipoteca sobre la vivienda habitual cuente con un crédito de un plazo superior a 30 años o con un principal que supere el 80% del valor de tasación de la vivienda.

El PSOE, con este texto, dice buscar resolver los problemas derivados de la insolvencia sobrevenida no dolosa e ir más allá de permitir la dación en pago. Según los socialistas, la fórmula de la dación soluciona sólo una parte del problema. Además, propone medidas para evitar el sobreendeudamiento en el futuro.

Esta propuesta alcanza directamente a cinco normas: la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios.

En las subastas, se modifican normas para que si queda desierta se impida la adjudicación del bien por una cantidad excesivamente baja. Cuando existas postores, se elevan los porcentajes sobre el valor de tasación para evitar su mal abaratamiento. Asimismo, se imposibilita ceder la adjudicación a un tercero menos en el caso del ejecutante y, en este caso, se establece el derecho a percibir parte de la diferencia de precio si dicha cesión se realizara por cantidad superior a aquella por la que se remató la subasta.

En cuanto a las tasaciones de vivienda, se establece que el valor de tasación en una ejecución hipotecaria no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para dar el préstamo. Además, exige una mayor independencia de las sociedades de tasación.

Sobre los intereses de demora, se establecen límites a estos intereses, que no podrán ser superados por pacto expreso entre acreedor y deudo. Además, se paraliza el devengo de intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si es la ejecución de una vivienda habitual. Para proteger a los acreedores, se introducen mejoras respecto a las notificaciones a los fiadores y garantes y se aplica la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios a los créditos hipotecarios.
Límites al interés de las hipotecas

Para prevenir el sobreendeudamiento, se obliga a las entidades a incluir la determinación del esfuerzo financiero en la información que dan a los clientes sobre el préstamo y se fijan mayores exigencias en la formalización de los contratos entre entidades y clientes. Además, se establece un límite de cinco puntos a la variabilidad del tipo de interés.

Además, se obligará a aplicar el Código de Buenas Prácticas a todas las entidades que reciban apoyo, se amplía el umbral de exclusión a las familias con rentas que no superen en dos veces y media el Iprem (hasta ahora sólo podían acogerse familias sin rentas).

Finalmente, se rebaja el requisito del porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos familiares del 60% al 50%, se flexibilizan los requisitos sobre los garantes de los próximos préstamos hipotecarios y se reduce el interés de demora que hay que satisfacer en caso de que el impago de la renta de una vivienda objeto de dación en pago del 20% al interés legal del dinero.

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Fuente:El Mundo
 

José Luis Ruiz Bartolomé, consultor inmobiliario, opina que el ministro de Economía, Luis de Guindos, “parece haber conseguido aunar con audacia dos intereses en apariencia enfrentados, como son la de la seguridad jurídica y la misericordia para los más afectados por la crisis”. Comenta que “cambiar las reglas de juego en mitad de un partido no parece una opción sensata ni responsable. El beneficiado potencial aprenderá una muy mala lección de unos incentivos perversos que fomentarán el riesgo moral. Las leyes están para cumplirlas y nuestra Ley Hipotecaria, guste o no, incorporó a nuestro ordenamiento la regla de la responsabilidad patrimonial universal del deudor. Regla que, por otro lado, es la que rige y se aplica a la mayoría de los ciudadanos universales”. 
“Aunque De Guindos no lo ha concretado, es muy probable que la fórmula escogida para fomentar la dación en pago -incentivos fiscales- esté relacionada con un tratamiento fiscal neutro para la misma, de manera que tanto al banco como al deudor les interese optar por ésta llegado el caso. Si, por el contrario, todo se traduce a la mera adhesión a un Código de Buenos Usos, dudo del éxito de la medida y tendré que dar la razón a los que afirman que “solo es humo". En todo caso, no considera que se trate de una ayuda más a la banca -la ayuda es para los más desfavorecidos- ni tampoco que sea a costa de los contribuyentes -si es que efectivamente se opta por un incentivo fiscal neutro-, sino de una fórmula audaz para dar solución a un problema social sin comprometer la estabilidad financiera ni la seguridad jurídica”.

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Fuente: El Economista

Entre las modificaciones legales que incluye la iniciativa del Gobierno para ampliar las garantías de los clientes hipotecarios ante el embargo de su vivienda -el grueso se limita a un código de buenas prácticas, cuyo cumplimiento será voluntario- está la de mejoras las subastas públicas de los inmuebles. Los Ministerios de Economía y Justicia trabajan para presentar lo antes posible un nuevo modelo más transparente y ágil. Entre otros cambios, el Gobierno busca priorizar la vía extrajudicial para sortear el atasco en los tribunales. El colectivo de notarios, que dirimiría estos procesos, anunció ayer que aportará las mismas garantías al ciudadano que les concede un juez. Así lo ratificaba el Consejo General del Notariado. El organismo emitió una circular –“de obligado cumplimiento"- en el que asegura que "pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales" vía judicial y la extrajudicial, “los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias”.  
El principal efecto de este compromiso se materializará en el hecho de que la entidad que embargue la vivienda no podrá adjudicársela por menos del 60% de su valor. El mismo porcentaje que impone un juez por ley. Este porcentaje fue elevado el pasado año del 50% al 60% para los procesos judiciales, pero no se modificó en la Ley Hipotecaria, que es la que rige en la vía extrajudicial y que no recoge un precio mínimo de adjudicación. Los notarios acordaron asumir estas mismas condiciones después de que el pasado 31 de enero, según fuentes del notariado, Justicia les informara de la intención del Ejecutivo de fomentar las resoluciones no judiciales en los procesos de embargo hipotecario. En el proceso de subasta del inmueble embargado se establece que el postor puede quedarse el inmueble por el 100% de su valor en la primera subasta o por el 75% en la segunda. En última instancia, si no existen más peticiones, que es lo usual, será el banco o caja quien se quede la vivienda en una tercera subasta. La importancia de que lo hagan pagando al menos un 60% de su valor, como ocurre en la vía judicial y prometen ahora los notarios, radica en que ese montante se le resta de la deuda al afectado por el embargo, que solo tendrá que hacer frente al saldo restante, descontando también los pagos que ya haya realizado. Dado que la vía extrajudicial tiene que estar recogida en la escritura pública y que hace falta el acuerdo de las partes - cliente y entidad-, el compromiso de los notarios supone un acicate para que los usuarios acepten procedimientos ante notario con la seguridad de que contarán con las mismas garantías que les concedería un juez.
Los notarios señalan que dado que “la normativa concursal española carece de mecanismos eficaces de carácter social cuando el ciudadano se encuentra en una situación de insolvencia, debido a su separación o divorcio, a estar en desempleo prolongado, a una incapacidad, etc.”, demandarán a Justicia que tome las medidas correspondientes para “equiparar nuestro ordenamiento jurídico al de los países de nuestro entorno”.  

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Fuente: Cinco Días, El Economista, ABC y La Razón

Una nueva norma para unificar, impulsar y dotar de mayor seguridad el mercado hipotecario europeo es el objetivo que se ha marcado el Parlamento Europeo, que pretende aprobar una directiva sobre los préstamos para vivienda en la primera mitad de 2012. La norma debe ser negociada con el Consejo y con la Comisión Europea. La propuesta que presentó el ponente de la comisión, el eurodiputado socialista gallego Antolín Sánchez Presedo, menciona la necesidad de mejorar la información que reciben los ciudadanos que contratan una hipoteca o de asegurar una tasación imparcial de la vivienda, pero deja fuera una de las reclamaciones fundamentales del movimiento de apoyo a los desahuciados: la aprobación con carácter general de la dación en pago. Sánchez Presedo defiende esta figura tan solo cuando las dos partes -cliente y banco- estén de acuerdo, algo que ya recoge la Ley Hipotecaria vigente en España. "Me ha dejado perplejo oír hablar de dación en pago solo si hay acuerdo entre las partes, cuando hay más de tres millones de viviendas vacías y se está produciendo una violación sistemática de los derechos de los deudores en las ejecuciones hipotecarias", intervino Rafael Mayoral, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El seminario sirvió para presentar las directrices de la directiva, que incluyen ideas como fijar un periodo de reflexión para los consumidores que contratan una hipoteca o establecer normas claras de asesoramiento, separadas del material publicitario. Los organizadores del encuentro admitieron en las conclusiones finales que el sector ha cometido excesos en los últimos años y se hicieron eco del malestar que genera entre los consumidores el hecho de que la dación en pago sea tan solo una opción, y no algo generalizado y obligatorio.

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Fuente: El País

En poco más de un año, las Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido paralizar casi un centenar de desalojos forzosos en distintas ciudades españolas. Amplificadas por el 15-M, se han convertido en victoria de un movimiento que ha tenido gran eco ciudadano, mediático y que se mueve muy bien por las redes sociales. Lo ha tenido la paralización de los desahucios y también la exigencia de una reforma de la ley hipotecaria que contemple la dación en pago con carácter retroactivo, que los deudores puedan quedarse en las viviendas afectadas pagando un alquiler social y que se paren los desahucios pendientes. El impacto ha sido tal que ha obligado a los partidos políticos a posicionarse.  “En poco tiempo las PAH han conseguido colocar el problema de los desahucios primero en la agenda mediática, judicial, con dos sentencias favorables a la dación en pago (de las audiencias de Navarra y Girona), y luego en la política”, señala Jaime Pastor, profesor de Ciencias Políticas de la UNED. “El de la PAH es un movimiento de conquistas parciales”, dice. Asegura que “el tema continuará en la agenda pública” y el próximo Gobierno “tendrá que plantear alguna medida”.   
El catedrático José García Montalvo apunta que la ley hipotecaria ya contempla la dación, pero que encarecería las cuotas. Y sobre la dación retroactiva recuerda que “legalmente no hay forma, porque son contratos ya firmados”. Su apuesta pasa por “facilitar al máximo la dación voluntaria” con acuerdos individuales entre endeudados y deudores. La CECA recuerda que modificar la ley “supondría un beneficio para una minoría de prestatarios, a cambio de perjudicar a la mayoría que cumple puntualmente con sus obligaciones de pago”. La Asociación Española de Banca (AEB) apunta que “algunos cambios que se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario” y que, en cualquier caso, las medidas que se adoptasen “no deben tener carácter retroactivo”. La AEB apela a medidas sociales para “paliar la situación de las familias que han perdido sus viviendas”. “Los problemas sociales no se pueden solucionar modificando aspectos técnicos del sistema hipotecario”, concluye, tras asegurar que antes de iniciar una ejecución hipotecaria las entidades “analizan todas las posibilidades de renegociar con el cliente".

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Fuente:El País

Cualquier persona puede dedicarse a la intermediación inmobiliaria, ya que no se requiere ninguna titulación previa, no es obligatorio contar con un domicilio social y no se requiere la suscripción de ningún seguro de responsabilidad civil o ninguna póliza de caución. El presidente del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de España, Jaime Cabrero, recuerda que antes del año 2000 sí era necesario contar con una preparación y titulación previas e incluso era necesario estar colegiado para poder ejercer. Utilizando la espiral de precios alcista de la vivienda como argumento, el Gobierno del PP decretó ese año la desregulación de la intermediación inmobiliaria con la excusa de que dando entrada a más profesionales a este sector de actividad se lograría reducir el precio de las casas. “Con el agravante de que desde entonces hasta ahora han sido muchos los consumidores que si han tenido un problema durante la compra o venta de su casa, no han sabido adónde acudir ni a quién consultar”, explica Cabrero.
Para poner fin a esa situación de desregulación, los agentes de la propiedad inmobiliaria llevan años exigiendo una reorganización de la profesión. “Que pase de ser un mercado salvaje a un libre mercado regulado con protección fundamentalmente para el consumidor, que este sepa que la persona con quien está tratando tiene una formación mínima inmobiliaria y un código ético o de buenas prácticas, un seguro de responsabilidad civil, que está inscrito en un registro de intermediarios, con oficina abierta al público y que en caso de que la operación no llegue a buen puerto, no por su culpa, asegurarse de que las cantidades entregadas a cuenta le van a ser reintegradas o, en su defecto, que tendrá una garantías mínimas al reclamar”, explica Cabrero. Recuerda que en los años de boom inmobiliario hubo intermediarios que ni siquiera contaban con conocimientos previos de la legislación en materia hipotecaria, por ejemplo.  

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Fuente: Cinco Días

 

La Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) se opone a modificar la Ley Hipotecaria para establecer un modelo hipotecario basado en la dación en pago como única vía para saldar la deuda porque no beneficiaría a prácticamente nadie: significaría más morosidad (hasta el 8%) y mayores riesgos para las entidades, que endurecerían aún más las condiciones de acceso al crédito, y, al final, llevaría a una menor concesión de créditos.  
La patronal de cajas recuerda que la Ley Hipotecaria admite en su artículo 140 la posibilidad de que el propietario de una vivienda salde su deuda con la entrega del inmueble si así lo ha acordado previamente con la entidad, aunque admite que el uso de esta opción es prácticamente nulo, en tanto que el coste del préstamo es mayor. Así lo señala en un informe, en el que considera que sería “más práctico” incentivar el uso de la opción de dación en pago que existe en la ley vigente mediante incentivos fiscales. 

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Fuente: La Gaceta, La Vanguardia

La posibilidad de modificar la Ley Hipotecaria para introducir la dación en pago planea sobre el sistema financiero desde hace meses. Un cierto clamor social, amplificado por las acciones del movimiento 15M, ha llevado a políticos de diferentes ideologías a abrazar esta reivindicación, pese a las protestas del sector. Pero la banca asegura que la gente no pide hipotecas de estas características, porque son más caras y necesitan de más garantías.
A mediados de julio, Bankinter lanzó al mercado la Hipoteca Sin, un préstamo para la adquisición de vivienda que sólo tiene como garantía el inmueble. El resto de entidades asegura que sus clientes no piden este producto, porque lo que buscan son hipotecas baratas y que permitan financiar un porcentaje más elevado del valor de la vivienda. Algunos bancos tienen este tipo de hipoteca entre sus ofertas desde hace años, pero aseguran que no se venden. “La hipoteca sin garantía personal se ha ofrecido toda la vida, pero la gente no la pide porque es más cara y se necesitan más garantías, se suelen pedir avalistas y el loan to value (porcentaje del préstamo sobre el valor del inmueble) es más bajo”, explican en Banesto.
También BBVA tiene en su catálogo un producto parecido, pero “no ha tenido éxito”. El banco recuerda que el 97% de sus clientes particulares está al día con el pago de la hipoteca y que, para aquellos que no pueden pagar, se buscan  soluciones a medida, desde el alargamiento de los plazos, hasta la concesión de préstamos al consumo para hacer frente a exigencias puntuales. Una posición parecida es la que defiende Banca Cívica. A su vez, Ibercaja explica que “un producto así es inevitablemente más caro, ya que la ausencia de garantías personales incrementa el riesgo y, por lo tanto, el precio del préstamo”. El director financiero de Popular, Jacobo González Robatto, también dejó claro en la última presentación de resultados que el banco no vende este producto y, si lo hiciera, sería más caro que el resto de su oferta. Sabadell está en la misma línea. Según Ramón Gras, director de Particulares del banco, es improbable que este producto se difunda. CatalunyaCaixa, Bankia e ING expresan posiciones parecidas.
La opinión que prevalece en el sector es que cuando un cliente va a contratar una hipoteca no se plantea que vaya a dejar de pagarla, máxime cuando se trata de un préstamo para la compra de primera vivienda. Lo normal es que no esté dispuesto a pagar más para protegerse de las consecuencias de una eventualidad que ni se plantea.

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Fuente: Expansión