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Para pagar una vivienda son necesarios seis años de salario

De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, las familias que compraron una vivienda en el tercer trimestre de 2012 destinan los ingresos brutos de 5,9 años para pagar un piso tipo de 90 metros cuadrados construidos, frente a los 7,6 años que eran necesario en 2007, aunque lo correcto según los expertos es que este ratio baje a cuatro años, como pasaba antes del boom inmobiliario.  
Las familias destinaron el 27,8% de sus ingresos brutos anuales disponibles a comprar una vivienda en el tercer trimestre de 2012 (teniendo en cuenta las deducciones fiscales), esto es catorce puntos menos que en los máximos de 2008, cuando los hogares dedicaban el 42% de su renta.

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Fuente: La Gaceta, La Razón

Publicado el: 04/02/2013 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Con la reforma hipotecaria la dación en pago será más fácil

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión

La compra de vivienda supone el 30% de los salarios

La adquisición de viviendas todavía detrae una parte importante de los recursos de las familias españolas. Cuando hay derecho a deducciones fiscales, la compra de una casa absorbe el 27,8% de los ingresos brutos de los hogares durante el primer año, de acuerdo con los datos que maneja el Banco de España relativos al tercer trimestre del pasado año. Este porcentaje es el resultado de un descenso de casi dos puntos registrado en el último año y es inferior al 28,7% del segundo trimestre. Se comenta que si bien continúa aminorándose el esfuerzo que supone a una economía familiar convertirse en propietaria de vivienda, son descensos notablemente magros si se compraran con el abaratamiento que, paralelamente, está experimentando el ‘ladrillo’.  De hecho, en el mismo periodo de tiempo al que se refieren los datos del Banco de España, el tercer trimestre de 2012, el Índice de Precios de la Vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) mostró un histórico hundimiento del 15,2% interanual.  

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Fuente: El Economista

La Xunta de Galicia da deducciones para compra de vivienda

Desde que Alberto Núñez Feijóo recuperó el Gobierno de Galicia para el PP, en abril de 2009, los presupuestos de la comunidad autónoma han caído un 28%. Cada una de sus cuentas anuales ha sido un avance más en los recortes, hasta pasar de los más de 11.000 millones de euros que gestionó en su primer año en el Ejecutivo a los 8.479 que contempla el proyecto de Presupuestos para 2013. Feijóo acata el mandato de reducir el déficit en 2013 del 1,5% actual al 0,7%. La oposición de izquierdas le reclama que suavice los recortes y busque más ingresos apretando fiscalmente las tuercas a las rentas más altas. Lejos de seguir esa receta, los Presupuestos del próximo año prevén algunas deducciones fiscales para la apertura de nuevos negocios y para la compra de viviendas. El grueso del recorte previsto en las nuevas cuentas, de cerca de 300 millones de euros, recaerá sobre los funcionarios.  
El Ejecutivo de Feijóo rebajará un 20% uno de los impuestos que gestiona, el de transmisiones patrimoniales, a los compradores de una vivienda que tengan un patrimonio inferior a 200.000 euros. La reducción alcanzará el 60% en los casos de familias numerosas con un patrimonio inferior a 600.000 euros.  

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Fuente: El País

El PSOE reclama una mayor protección a los desahuciados

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

Podrán acceder al Fondo Social de Vivienda los desahuciados desde 2008

El ministro de Economía, Luis de Guindos, informó en el Senado, de que las familias que accedan a un alquiler del Fondo Social de Vivienda deberán cumplir los requisitos de desprotección fijados en el decreto antidesahucios y haber sido desalojadas de su residencia después del 1 de enero de 2008. Los beneficiarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (unos 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad.
Guindos también informó de que el Fondo contará con 6.000 viviendas propiedad de las entidades de crédito de entre las que no hayan aportado a la Sareb, que deberán estar “en condiciones adecuadas de habitabilidad”. Acotar las viviendas a aquellas que no se transfieran a la Sareb implica que pasarán al parque del Fondo Social de Vivienda las que tengan un valor inferior a 150.000 euros en el momento de la compra, según explicó el ministro.
El precio del alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar, y el contrato tendrá una duración de dos años prorrogable por uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los criterios estipulados. Además de haber sufrido un desalojo de la vivienda habitual por una entidad adscrita al Fondo Social a partir de 2008, año en el que comenzó la crisis, para acceder a un alquiler barato habrá que cumplir alguno de los criterios de desprotección fijados en el decreto por el que se paralizaron los desahucios dos años.  

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Fuente: Expansión, Cinco Días, El Economista, El Mundo, La Gaceta

Se presenta el primer balance oficial del código de buenas prácticas

El Ministerio de Economía ha publicado el primer balance oficial del código de buenas prácticas para la banca que impulsó el Gobierno hace nueve meses para evitar los desahucios de los más desfavorecidos. Según los datos correspondientes al primer trimestre de aplicación de la medida (entre el 11 de marzo y el 30 de junio), solo ocho procesos terminaron con la
dación en pago. En total se recibieron 568 solicitudes para acogerse al código, que establece un plan de flexibilización de condiciones del pago del préstamo y que exige que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. De esas 568 solicitudes, 278 se
resolvieron. Además de los ocho casos de dación en pago, en 44 casos se llevó a cabo una reestructuración de la deuda. El resto (226) fueron rechazadas por las entidades porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas. De los 100 bancos o antiguas cajas que se acogieron al código (de adscripción voluntaria), solo 28 declararon haber recibido peticiones. Desde Economía defienden, no obstante, que se trata de un plazo de tiempo demasiado corto como para valorar el impacto de la medida, y que habrá que esperar a ver qué ocurre con las 700 solicitudes adicionales recogidas entre julio y septiembre.  
“Se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia”, aseguró el Ministerio en un comunicado. El Ejecutivo no descarta rebajar las condiciones actuales del código para incluir a más familias. Se debatirá en el pleno del Congreso y, a partir de ahí, se iniciará el trámite parlamentario donde podría haber modificaciones. Entre ellas, rebajar el mínimo de ingresos que deben tener los acogidos a este código, y que se incluyan pisos de un valor inferior.

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Fuente: El País, Cinco Días, El Economista, ABC, El Mundo, La Gaceta

La Comisión Europea estudia endurecer la concesión de hipotecas

La Comisión Europea (CE) estudia el informe del Grupo Liikanen, en el que el panel de expertos liderado por el exgobernador del Banco de Finlandia (Erkii Liikanen) propone varias medidas para lograr que las crisis bancarias futuras afecten lo menos posible a los contribuyentes y clientes de las entidades financieras. La recomendación que más puede afectar a los bancos españoles es el endurecimiento de la exposición al sector inmobiliario, especialmente a la hora de conceder hipotecas.
El informe, que no es vinculante pero cuyas recomendaciones van a ser estudiadas por la Comisión para ser introducidas en la normativa comunitaria, aconseja “limitar el riesgo del mercado inmobiliario (…) poniendo límite a la ratio préstamo/valor del inmueble (loan‐to‐value) o al préstamo/ingresos del hipotecado (loan‐to‐income). Así lo aseguró ayer José Manuel Campa, exsecretario de Estado de Economía y miembro del panel, que recordó que en España “lo que hay son orientaciones del supervisor, pero no existe una norma como tal que diga que no se pueden dar créditos por encima del 80% del valor de la vivienda”.
El informe Liikanen también critica los modelos internos de valoración de riesgos de los bancos que, asegura, arrojan resultados muy distintos para riesgos similares. Además, afirma que estos modelos tienden a infravalorar las pérdidas potenciales de las crisis inmobiliarias.
Una segunda recomendación del informe se refiere a la gobernanza de las entidades. Aconseja vigilar “la capacidad de los gestores y de los consejeros de administración para dirigir y vigilar bancos grandes y complejos”. En concreto, recomienda “aplicar test de idoneidad para evaluar la adecuación de los candidatos a directivo o a consejero” de una entidad. En esta idea de alinear intereses de los directivos con los accionistas, el grupo Liikanen aconseja también modificar el sistema de incentivos. El informe recomienda que buena parte del bonus se retribuya por deuda de la propia entidad, pero solo aquella que pueda ser diluida hasta cero si el banco entra en problemas. Otra recomendación es separar del negocio de banca tradicional el de intermediación financiera por cuenta propia. 

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Fuente: Expansión, La Vanguardia, ABC, La Razón, El Mundo

Ventajas de la hipoteca inversa

Según Félix Bornstein la hipoteca inversa es un producto que “proporciona unos ingresos adicionales a unas personas cuyas pensiones públicas son de las más bajas de la Unión Europea y que son propietarias (el 87% de los mayores de 65 años) de su vivienda habitual. A pesar del colapso de los mercados inmobiliario e hipotecario, la demanda de este producto financiero ha crecido en España un 10% durante el último año. Casi la mitad de los solicitantes de la hipoteca inversa son mujeres (en su mayoría viudas), seguidas a corta distancia por matrimonios, con una bolsa residual (menos del 20%) formada por hombres (también en su mayor parte viudos)”.  

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Fuente:El Mundo

El Gobierno establece reglas para los desalojos que incluyen la dación en pago

El código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

El Gobierno espera que la mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector que pidieron el anonimato.

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó la vicepresidenta.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si este plan no es suficiente se aplicará el segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros, el alquiler será de 250 euros mensuales.

Santamaría dijo que la acogida del sector había sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”. Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma “hasta la publicación del texto definitivo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a 200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.

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Fuente: El País

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