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BBVA transmitió al Banco de España su negativa a invertir en la Sareb. El banco estaba llamado desde el primer momento a ser uno de los accionistas de referencia de Sareb, pero su presidente, Francisco González, no estaba convencido en absoluto del sentido económico de la operación, ni del plan de negocio esbozado en aras de obtener una rentabilidad anual de alrededor del 15%. En los múltiples contactos mantenidos, BBVA reclamó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) garantías de que la eventual inversión en Sareb no iba a ser un pozo sin fondo que exigiera continuas ampliaciones de capital a sus accionistas. La respuesta no ha convencido al banco, que quería que las autoridades acotaran de alguna manera el esfuerzo que habrán de acometer los accionistas para que la participación privada del banco malo supere siempre la mitad del capital, con el fin de no entorpecer la consecución de los objetivos de déficit público.
BBVA quería asegurarse de que si la situación económica se deteriora más allá de lo previsto inicialmente y crecen los activos en manos del banco malo, procedentes tanto de las cuatro nacionalizadas como de las entidades que recibirán inyección pública, los inversores privados no tendrán que redoblar esfuerzos para elevar los recursos propios del vehículo, que serán el 8% del total de activos.
La postura de BBVA ha generado mucha expectación, tanto en el Gobierno como en las entidades sanas. Una vez que el banco ha decidido que no va a entrar en el banco malo, es posible que la aportación requerida al resto de entidades sanas tenga que crecer para cubrir su ausencia.  
Su negativa ha trastocado los planes del Ejecutivo, aunque el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, dejó claro hace semanas que el banco no tenía “vocación natural” por invertir en Sareb, y el plan de negocio planteado no ha revertido esa circunstancia.
El Gobierno aspira a que el 80% del capital privado del banco malo proceda de las aportaciones de Santander, Caixabank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Kutxabank, Ibercaja y Popular.

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Fuente: Expansión

La recta final del año cobra especial a efectos fiscales. Los cambios introducidos por el Gobierno en el IRPF en este ejercicio y el próximo y las últimas modificaciones previstas para 2013 dejan esta vez mayor margen del habitual para planificar la declaración de la renta de 2012 y aprovechar al máximo los beneficios fiscales que aún se conservan. Pero si hay un cambio determinante de cara a 2013 será la desaparición de la deducción por hipoteca, estrella indiscutible de la declaración de la renta. Su fin bien puede condicionar el signo de la factura fiscal y obliga a hilar fino.
Este ejercicio será el último en que el contribuyente tendrá la garantía de poder deducirse por el pago de su hipoteca de primera vivienda, con los límites conocidos del 15% sobre un máximo de 9.040 euros. En enero sube también el IVA de vivienda nueva, del 4% actual al 10%. Así, quienes tengan pensado comprar una casa tienen claros alicientes fiscales para hacerlo antes de que acabe el año. Según recuerdan en el Registro de Economistas Asesores Fiscales, que ha elaborado una guía de recomendaciones para planificar la renta de 2012 y 2013, otros de los incentivos para comprar casa este año –incluso si es para alquilar o como segunda residencia– es que quienes la adquieran este año tributarán tan solo por la mitad de las plusvalías que obtengan en una futura venta del inmueble.  
Las aportaciones a las cuentas vivienda también sufren cambios. Así, si este es el último año de vida de la cuenta y aún no se ha comprado un piso, el contribuyente podrá devolver en su IRPF las deducciones de las que haya disfrutado en los años anteriores y, de forma excepcional en 2012, no ser penalizado con el pago de intereses de demora.

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Fuente: Cinco Días

El mensaje optimista sobre la recuperación económica que se está difundiendo desde el Gobierno también está incluido en la memoria que acompaña al decreto‐ley sobre medidas urgentes para paralizar los desahucios, que se ha registrado en el Congreso de los Diputados. En el informe, el Ejecutivo cree que el agobio asfixiante que viven algunos sectores con riesgo de desahucio durará como mucho dos años. Así, el Gobierno explica que la trascendencia de la nueva norma es “indudable”, pues garantiza que durante dos años los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser desalojados de sus viviendas, “con la confianza de que a la finalización de este periodo habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual”.
El Gobierno sostiene que la norma tendrá un impacto económico positivo. Por un lado, afirma que la suspensión de los procesos de lanzamiento (expulsión de las viviendas) supone de facto una ayuda económica a las familias que no deberán afrontar los costes que implica el desahucio durante dos años. “La creación de un fondo social de alquiler redunda aún más en dicha ayuda para las personas que ya tienen problemas de acceso a la vivienda”. Además, la intervención se realiza “sin deteriorar los elementos fundamentales de la garantía hipotecaria, sobre cuya seguridad y solvencia se viene asentando históricamente nuestro sistema hipotecario y financiero”. “Ello se debe ‐añade la memoria‐ al carácter excepcional y limitado a determinados colectivos especialmente vulnerables de la ayuda”.

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Fuente: ABC

El decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios concederá dos años de respiro para determinados colectivos ‐familias vulnerables con rentas bajas‐ pero no protege al grueso de los potenciales afectados. A continuación se enumeran los pasos a seguir para eludir o retrasar el desahucio hipotecario, basada en las alternativas ofrecidas por la banca, el Gobierno o las asociaciones de abogados y consumidores.  
El primer paso es siempre tratar el problema con la entidad que ha concedido la hipoteca. La comunicación debe ser fluida e iniciarse en cuanto hay apuros para afrontar uno o dos pagos de la cuota, ya que los problemas suelen ir incrementándose con el tiempo. Las entidades han puesto en marcha planes de renegociación que incluyen aplazamientos, modificación de las condiciones o conversión del contrato en alquileres sociales.  
Existen determinados colectivos a los que las entidades firmantes del código de buenas prácticas para la banca, prácticamente todas, están obligadas a flexibilizarles la deuda hipotecaria. Son aquellas familias con todos sus miembros en el paro, para las que el pago de las cuotas hipotecarias supere el 60% del conjunto de sus ingresos ‐aunque sean prestaciones por desempleo‐  y en las que la hipoteca esté concedida sobre su única residencia, no superando esta los  120.000 euros en pequeñas poblaciones o los 200.000 en grandes ciudades. Si se forma parte de este grupo hay que acreditarlo ante la entidad, quién en el plazo de un mes deberá presentar un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años sobre el pago del capital y un límite de Euribor más 0,25 en los intereses. Si aun así no es posible hacer frente a la deuda, la entidad podrá ofrecer una quita y, en última instancia, saldar la deuda con la entrega de la vivienda y permitir que la familia siga residiendo en ella bajo un alquiler social durante dos años.
Para quienes queden fuera del umbral de protección del código se ha introducido el paraguas del decreto antidesahucios, que paraliza durante 24 meses el desalojo de familias numerosas, monoparentales con hijos, parados sin prestación o discapacitados siempre que cobren menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria sea el 50% de sus ingresos.  
Para el resto de afectados que no estén protegidos, la asociación de consumidores Ceaccu ha ideado una estrategia legal que permite aplazar el desahucio entre tres y 10 años. Se trata de “darle la vuelta a la tortilla” y que “el afectado que era la víctima del banco, pase a ser su verdugo tomando la iniciativa judicial”, resume el responsable del departamento jurídico de Ceaccu, Eugenio Ribón. Una vez que el banco acude al juzgado de primera instancia para reclamar la ejecución de desalojo, el procedimiento consiste en demandar al banco por las cláusulas abusivas del contrato hipotecario, lo que debe hacerse en el juzgado de lo mercantil.  
Una vez presentada la querella ante el juzgado de lo mercantil, hay que acudir con copia sellada al de primera instancia en el que la entidad ha requerido el desahucio para que se suspenda. La paralización puede alargarse hasta a 10 años.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno trabajará, en la tramitación parlamentaria de la reforma de las ejecuciones hipotecarias, para erradicar el problema de “las cláusulas abusivas que eventualmente puedan existir, con el fin de limitarlas a términos justos para ambas partes o de erradicarlas completamente”, aseguró el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury. El dirigente gubernamental, que ha pilotado las negociaciones para consensuar con el PSOE una reforma del sistema de ejecuciones hipotecarias, insiste en que “se va a prestar una especial atención” a estas cláusulas, por lo que no se descarta “prohibirlas”.
Asimismo, el Gobierno “analizará” que los desahuciados puedan recomprar sus inmuebles. Preguntado sobre la posibilidad de que el deudor hipotecario goce de un plazo de tiempo para recuperar el bien adjudicado, por el mismo precio más los intereses legales, Temboury contestó: “Es una propuesta inteligente y equilibrada y será valorada en la tramitación parlamentaria”.
El Ministerio de Economía rechaza la dación en pago, ya que perjudicaría a la concesión de financiación, de por sí limitada actualmente: “La eliminación de la responsabilidad patrimonial universal y la imposición de la dación en pago conducirían a una situación en la que resultaría inviable en el futuro el crédito hipotecario, perjudicando de este modo el acceso a la vivienda en propiedad, que solo sería asumible por quién pudiera pagarla de antemano”, asegura el subsecretario de Economía.

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Fuente:Expansión
 

El Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para paralizar las ejecuciones hipotecarias de familias en riesgo de exclusión social que están actualmente en curso y, además, conceder una moratoria de dos años a todas las que se produzcan a partir de ahora. Algo, esto último, con lo que están de acuerdo las entidades financieras.  
La Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer que, “por razones humanitarias”, se ha comprometido con el Gobierno a “paralizar” los desalojos “durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. Las antiguas cajas de ahorros, agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se sumaron a la suspensión pero solo hasta que Ejecutivo y oposición pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos.
La AEB se mostró “a disposición del Gobierno, del PSOE y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario”. La patronal, que se ha ofrecido a participar como portavoz del sector en las citadas negociaciones, se muestra reacia a modificar una Ley Hipotecaria que “ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas”. “Algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario o al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda”, argumentan. La propia decisión de paralizar los desahucios temporalmente ‐que según la patronal fue comunicada al Gobierno el pasado jueves‐ ha sido “objeto de un debate intenso y profundo” por parte de los bancos miembros de la AEB.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha liderado las protestas contra los desahucios, respondió a este anuncio de la AEB asegurando que es un “parche” como el Código de Buenas Prácticas actual, ya que no se especifica a quiénes se considerará como personas en circunstancias de “extrema necesidad”.

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Fuente: Expansión

El sector financiero aguarda el fondo y la forma de las modificaciones reglamentarias en las que trabajan el Gobierno y el PSOE para frenar los desahucios. Las entidades confían en que no se adopten medidas generalistas, sino con un enfoque “caso por caso”. Fuentes del sector indican que un cambio de calado en el marco hipotecario tendrá impacto en las cuentas de resultados. Esperan que las medidas que se acuerden afecten a colectivos en situación de extrema necesidad, ya que, en caso contrario, “pueden suponer una discriminación para quienes pagan las hipotecas”. Las mismas fuentes dicen que cada vez que se deja de pagar una hipoteca, se ponen en riesgo los depósitos de otros clientes.
En medios financieros también se recalca que una generalización de las medidas puede dificultar la concesión de nuevas hipotecas, así como elevar la morosidad. La semana pasada el Banco de España recordó que uno de los factores que explica la reducida morosidad de las hipotecas de particulares en España (3%) está relacionado con el diseño del mercado hipotecario. “Los incentivos al impago se ven aminorados en la medida en que los prestatarios son responsables con todo su patrimonio si, una vez ejecutada la garantía, el valor de ésta es insuficiente para satisfacer el importe adeudado”, indica el último Informe de Estabilidad Financiera. Con todo, tras el proceso de saneamiento y recapitalización impulsado por el test de estrés de Oliver Wyman, el sector podría resistir que la mora de hipotecas se disparara del 3% al 15%.

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Fuente: Expansión

El Gobierno exime a las compras empresariales de sociedades con inmuebles de tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) si responden a actividades empresariales o profesionales, y no se trata de transacciones especulativas o puramente inmobiliarias. Una enmienda del Grupo Popular a la Ley de Lucha contra el Fraude impulsa un cambio del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores que puede ahorrar hasta el 50% del coste de las transacciones. Una factura que las empresas debían cubrir aunque tuvieran deudas.
Esta medida supone una gran noticia para las empresas, que sufrían una norma desincentivadora de la actividad, según reseñan la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf). Pero asesta un golpe a las comunidades cuando más necesitadas están de recaudar. De hecho, algunas están elevando ITP al 10% para acompasarlo a la subida del IVA de vivienda que entra en vigor en enero.

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Fuente:Expansión

El Gobierno asume que necesita hacer algún movimiento “urgente” para responder al problema social de los desahucios. La comisión presidida por el Ministerio de la Presidencia y con participación de Justicia y del área económica del Ejecutivo, trabaja bajo ese imperativo, según confirman fuentes oficiales.  
Desde el Gobierno advierten de que hay que tener en cuenta que no todos los desahucios son provocados por ejecuciones hipotecarias; y que tampoco todos los procesos de ejecución hipotecaria terminan en desahucios. Además, la revisión de la normativa actual y de la aplicación del Código de Buenas Prácticas se está haciendo sobre la línea roja de centrar el “tiro” en buscar soluciones para los casos de familias inmersas en procesos de ejecuciones hipotecarias y que no tienen otra vivienda en la que residir. “Ésta es la prioridad y sobre esto hay que centrar todas las actuaciones. Sin confundir, porque no todos los desahucios están afectando a gente que necesita esa vivienda para vivir”, precisan las fuentes consultadas. Dentro de esa “confusión”, desde el equipo económico del Gobierno citan, por ejemplo, un reciente caso de un suicidio de un desahuciado para precisar que no fue por problemas con su banco, sino por “una disputa de sucesión familiar”.
En cualquier caso, la comisión del Gobierno trabaja con urgencia sobre distintas propuestas, entre las que están actuaciones para incrementar la transparencia. Por ejemplo, publicar la lista de entidades financieras y su número de desahucios. Dicen en medios gubernamentales que están convencidos de que una medida como ésta tendría “una reacción inmediata” por parte de los bancos por el coste para la imagen de su marca ante la ciudadanía.  

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Fuente: La Razón

El Gobierno es reacio a modificar la ley para frenar los desahucios, tal y como le pide la oposición y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa. El Ministerio de Economía asegura que es pronto para determinar si el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos ha funcionado. Se aprobó hace seis meses pero, en realidad, ha estado en vigor menos de dos porque luego se abrió un plazo para que los bancos se sumaran voluntariamente a un acuerdo que, una vez suscrito, les obliga a ser flexibles al ejecutar desahucios. Además, el Gobierno asegura que los procedimientos son largos por lo que los que se ejecutan ahora se iniciaron antes de la puesta en marcha del código, sin posibilidad de que esta norma haya frenado los que estaban ya avanzados. Explican que la comisión de seguimiento ‐en la que participan la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el secretario de Estado de Economía‐, estudia modificar los umbrales de ingresos en los que se excluyen los desahucios.
Esos umbrales se fijan en función de que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas o bienes con que hacer frente a la deuda; que la cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos que perciba la unidad familiar y que el precio de la vivienda no supere un precio tasado en función del número de habitantes del municipio.
La otra vía en la que se trabaja, siempre con acuerdo con los bancos, es la de buscar fórmulas que obliguen a las entidades que han recibido dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a poner parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de personas sin recursos que no puedan hacer frente a sus créditos hipotecarios.

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Fuente:El País