Noticias sobre Gobierno

Más de 566.000 jóvenes habían solicitado, a mediados del pasado diciembre, la Renta Básica de Emancipación (RBE) y unas 393.800 personas ya reciben el dinero, mientras que otras 58.000 tienen resoluciones positivas pendientes por diferentes motivos. Así consta en una respuesta del Gobierno al diputado de Compromís‐Equo, Joan Baldoví. El diputado valenciano preguntó al Ejecutivo por el balance de estas ayudas, dado que las últimas cifras oficiales se publicaron en junio de 2011, cuando 490.000 personas habían solicitado la RBE y 301.000 la percibían.  
La RBE, creada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en vigor desde 2008, es una ayuda de 210 euros para el alquiler que se concede durante un máximo de cuatro años a jóvenes de entre 22 y 30 años que no cobren más de 22.000 euros brutos anuales y no posean ninguna vivienda en propiedad. Desde el pasado mes de julio, la ayuda se ha reducido un 30%, hasta 147 euros mensuales, aunque se mantiene la posibilidad de acceder a una subvención de 120 euros para gastos de aval o a un préstamo de 600 euros para fianza.

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Fuente:Cinco Días

Moody's ha advertido de que cualquier cambio en la ley hipotecaria española que reduzca la protección de los inversores puede afectar a la confianza en España y poner en peligro el flujo de crédito al país. La agencia de calificación destaca que el Parlamento español acordó el pasado 12 de febrero discutir la reforma de la legislación hipotecaria a petición popular y discutirá la posible introducción de la dación en pago. Esta petición ciudadana se suma a otra iniciativa del Gobierno dirigida a proteger a prestatarios que hayan quebrado. En su opinión, ambas son potencialmente negativas para la calidad crediticia de las titulizaciones.

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Fuente: Expansión

El Gobierno permitirá rescatar los ahorros acumulados en un fondo de pensiones para evitar un desahucio. Así se contempla en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, en trámite parlamentario. PP, CiU y PNV sacarán adelante la reforma.
La modificación ‐que a su vez afecta a la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 2002‐ propone como “excepción” que durante los próximos dos años la persona afectada por un desahucio pueda acceder al dinero depositado en un plan de pensiones para evitar la enajenación de su vivienda. En estos momentos la ley permite rescatar estos fondos solo en los supuestos de jubilación, enfermedad grave o incapacidad y desempleo siempre y cuando se hayan agotado previamente todas las prestaciones. La nueva opción se limita a casos extremos en los que el participe del fondo de pensiones “no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución”. La enmienda también contempla otros productos financieros similares como los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. El dinero en el plan de pensiones debe ser suficiente para evitar el desalojo.
Otra enmienda propone que el Banco de España realice un informe en los tres meses posteriores a la aprobación de la Ley con “recomendaciones” para mejorar en la independencia de las tasadoras. Y otra de las enmiendas tiene como objetivo permitir el acceso de más agentes a las subastas de los activos ejecutados y evitar una reducción drástica de su valor en caso de que la primera puja quede desierta.

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Fuente: El Mundo, El País, La Gaceta

La presión social logró que el Gobierno moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de “primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios”. Fuentes solventes confirman que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.
Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas “sin demagogia” frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta ‐precisan‐ que los cambios legales no afecten “negativamente” a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica “de que las deudas se pagan”.
Entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses. El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad. Un ejemplo son las cláusulas suelo. 

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Fuente: La Razón

La CEOE ha elaborado un documento con el que pretende convencer al Ejecutivo para que ponga en marcha lo que sería el equivalente a un plan PIVE para impulsar las obras de reforma o rehabilitación de viviendas.
La Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE quiere justificar ante el Gobierno que no es una cuestión de recursos públicos. “Existen empresas y grandes fondos de inversión o de capital riesgo dispuestos a apostar por nuestro país, por lo que no habría que destinar grandes recursos públicos”, explican Rafael Sarasola y Luis Rodulfo Zabala, presidente y director general de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco). Se trata, por tanto, de habilitar mecanismos para que los ciudadanos, primero, entiendan lo importante que es conservar su vivienda en perfectas condiciones y, segundo, facilitar que aquellos que quieran mejorar la eficiencia energética de su casa puedan hacerlo con un fácil y rápido acceso a la financiación.  
CEOE se muestra convencida de que con medidas de apoyo a la rehabilitación se puede “cambiar parcialmente el modelo de la construcción en edificación”. Este es un negocio que está sufriendo una de sus peores crisis conocidas. Valga como prueba que algunas de las empresas que componen la industria auxiliar de los fabricantes de materiales de construcción facturan hoy el equivalente a solo un 9% de lo que lo hacían en 2008, lo que explica que desde entonces se haya destruido el 15,5% del tejido productivo de esta actividad. Por eso, han estimado que un plan que promoviera la actuación sobre unas 250.000 viviendas anuales a un gasto promedio de 15.000 euros por casa podría generar unos 135.000 empleos directos cada ejercicio. Y serían, a su juicio, puestos de trabajo estables y de calidad. Además de propiciar más obras de reforma, el proyecto exige poner en marcha mecanismos para hacer cumplir el Código Técnico de la Edificación y verificar que se respetan los requisitos técnicos que han dado lugar al cobro de subvenciones. “Un sistema eficiente de inspecciones para los más de 26 millones de casas que existen cada 10 años genera trabajo para otros 50.000 profesionales de forma constante”, defiende Cepco.

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Fuente:Cinco Días

La mayor inmobiliaria de España por patrimonio es, seguramente, el Estado. Y eso sin contar con el inmenso parque inmobiliario que acaba de asumir procedente de los bancos nacionalizados. Gran parte de los pisos de la banca han sido transferidos a la Sareb, de titularidad pública. Pero directamente, la Administración General del Estado posee 53.124 inmuebles entre edificios, pisos, locales, solares y otro tipo de bienes. Así consta en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, actualizado a 26 de octubre de 2012. Sin embargo, en ese inventario falta un dato esencial: cuántos de esos inmuebles están vacíos o sin uso, como el Gobierno reconoce. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, registró una pregunta escrita para saber qué cantidad de inmuebles posee el Estado y cuáles se encuentran “ahora mismo sin actividad o vacíos”. Pedía todos estos datos por provincias, además de más información al respecto. El Gobierno le ha enviado la respuesta a la primera pregunta: posee 53.124 inmuebles. Pero no puede responder a la segunda porque no sabe cuántos de ellos están vacíos o sin uso.  

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Fuente: El Mundo

Desde que Alberto Núñez Feijóo recuperó el Gobierno de Galicia para el PP, en abril de 2009, los presupuestos de la comunidad autónoma han caído un 28%. Cada una de sus cuentas anuales ha sido un avance más en los recortes, hasta pasar de los más de 11.000 millones de euros que gestionó en su primer año en el Ejecutivo a los 8.479 que contempla el proyecto de Presupuestos para 2013. Feijóo acata el mandato de reducir el déficit en 2013 del 1,5% actual al 0,7%. La oposición de izquierdas le reclama que suavice los recortes y busque más ingresos apretando fiscalmente las tuercas a las rentas más altas. Lejos de seguir esa receta, los Presupuestos del próximo año prevén algunas deducciones fiscales para la apertura de nuevos negocios y para la compra de viviendas. El grueso del recorte previsto en las nuevas cuentas, de cerca de 300 millones de euros, recaerá sobre los funcionarios.  
El Ejecutivo de Feijóo rebajará un 20% uno de los impuestos que gestiona, el de transmisiones patrimoniales, a los compradores de una vivienda que tengan un patrimonio inferior a 200.000 euros. La reducción alcanzará el 60% en los casos de familias numerosas con un patrimonio inferior a 600.000 euros.  

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Fuente: El País

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

El mercado residencial ofrece buenas oportunidades de compra para quienes tengan dinero disponible. Los precios de la vivienda no han tocado fondo (acumulan un descenso del 30% desde el inicio de la crisis) y el ajuste podría acelerarse con la puesta en marcha de la que será la inmobiliaria más grande del país: la Sareb. Previsiblemente, la nueva entidad aplicará en los próximos meses importantes descuentos para traspasar los activos tóxicos inmobiliarios en su poder, que ascienden a 89.000 viviendas. Los analistas sitúan estas rebajas de precios en el entorno del 50%, un gancho con el que tendrán que competir el resto de entidades sanas con casas adjudicadas en sus balances y los particulares.
El mercado de la vivienda va a estar además influido en 2013 por la eliminación de la desgravación fiscal por compra de vivienda y la subida del IVA del 4% al 10% para la obra nueva a partir del 1 de enero, en un escenario de tipos de interés en mínimos históricos. A esto se suman el impulso que el Gobierno está dando al alquiler, cuyos precios han retomado la senda alcista, y las dificultades para acceder a la financiación.
Para Luis Corral, consejero delegado de Foro Consultores, “es un buen momento para comprar una vivienda a precios históricamente bajos”. En su opinión, hay prisa por sanear los balances de las entidades financieras y “es posible que asistamos al suelo de los precios durante el primer semestre del nuevo año”. Ve opciones interesantes de compra en la costa, donde se acumula gran parte del stock de vivienda sin vender, y en zonas consolidadas como Barcelona y Madrid, con rentabilidades por alquiler que pueden alcanzar hasta el 5%.  
Los inversores, tanto patrios como extranjeros, pueden fijar también su atención en las Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), más atractivas y accesibles con la reforma impulsada por el Gobierno, que elimina el pago de impuestos. Para muchos expertos son vehículos de inversión que pueden contribuir a dinamizar el ‘ladrillo’, aportando liquidez en activos inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, incluyendo pisos, locales comerciales, oficinas o garajes. No obstante, los expertos advierten que es necesario mejorar el empleo y la economía para animar las ventas.

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Fuente: Cinco Días

Las cajas de ahorros tienen previsto aportar 3.000 pisos al fondo de viviendas que creará el Gobierno para solucionar el problema social de los desahucios. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó en el Congreso que el Gobierno ya tenía el “compromiso” de entidades financieras para ceder 6.000 viviendas a este fondo, por lo que cabe esperar que los bancos aporten las 3.000 restantes hasta completar el cupo, si bien la Asociación Española de la Banca (AEB) no ha concretado aún las cifras.  
Tanto la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) como la AEB continúan manteniendo reuniones con el Gobierno y con el sector en general con la intención de definir los detalles que permitan articular el decreto del Ejecutivo para proteger a los deudores hipotecarios especialmente vulnerables de manera urgente. Desde la CECA recuerdan que las cajas llevan tiempo desarrollando iniciativas para incentivar el alquiler social.  

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Fuente: Expansión, El Mundo, La Razón