Noticias sobre Gobierno

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad crear una subcomisión para estudiar los “elementos de mejora” en el sistema hipotecario español y “en particular” respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas “abusivas”. El enunciado de la subcomisión no alude explícitamente a la implantación de un sistema de dación en pago para que los préstamos hipotecarios puedan saldarse solo con la entrega de la vivienda, si bien la oposición ha anticipado su intención de hacer que el debate “pivote” sobre esta cuestión. Los diputados también analizarán las llamadas cláusulas ‘suelo’, mecanismo que impide a los ciudadanos beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés a partir de un límite. 
Los grupos de PSOE, CIU, PNV, ERC-IU-ICV y Mixto has acordado que este nuevo órgano parlamentario finalice sus trabajos en el plazo de seis meses, después del cual remitirán un informe al Gobierno.

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Fuente:El País, Cinco Días, La Vanguardia, ABC y La Razón

En sus dos años operativa, la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la moratoria de hipotecas financió operaciones por valor de 78 millones de euros, lo que representa el 1,3% de los 6.000 millones con los que el Gobierno dotó a esta subvención. En 2010, el número de operaciones financiadas no llegó a los cinco millones de euros. En total, las personas que se han beneficiado de esta ayuda fueron 13.665 cuando la previsión del Ejecutivo al lanzar la subvención fue 500.000.
El Gobierno anunció la creación de esta línea en noviembre de 2008 y comenzó a ser operativa en marzo de 2009 hasta febrero de este año. Permitía el retraso del pago de hasta 500 euros mensuales de la hipoteca durante dos años, para ello había que cumplir unos requisitos como que el préstamo no fuera mayor de 170.000 euros, no ser moroso, haber firmado el crédito antes de septiembre de 2008 y pertenecer a un determinado colectivo, como el de los parados. Se explica que la medida fracasó porque dejaba fuera a mucha gente, además de que tenía un coste, para poder aplazar el préstamo había que constituir uno nuevo y devolverlo con sus correspondientes intereses aunque fuera en 15 años.

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Fuente: La Gaceta

Las medidas incluidas en el decreto de recapitalización del sector financiero complicará la situación para empresas y familias. Según los expertos tendrán una consecuencia doble: las entidades financieras prestarán menos dinero y éste será más caro. Las entidades mirarán con lupa cada crédito que concedan y aplicarán, independientemente de la evolución de los tipos oficiales de interés, un diferencial cada vez más amplio. Esta tendencia se agudizará sobre todo en las cajas de ahorros que tienen que recapitalizarse.  
Si desde el Gobierno y el Banco de España se aseguraba que el plan de recapitalización era necesario, entre otras cosas, para reactivar el crédito a la economía, los expertos y el sector vaticinan lo contrario. La cuestión es sencilla: los recursos, también los de la banca, son escasos. Eso quiere decir que se tiene que elegir entre destinarlos a una cosa u otra. Si el decreto obliga a elevar los requerimientos de capital se debe controlar hasta el extremo cualquier concesión de crédito, ya que por su sola existencia en el balance, las entidades deben reservar una determinada cantidad para cubrir sus riesgos. Es decir, a más  créditos, se necesita más volumen de capital. No sólo es una opinión compartida en el sector financiero y entre los analistas. El Banco Central Europeo (BCE), en su último informe mensual advertía a España que la recapitalización de las cajas conlleva “el riesgo de efectos negativos transitorios en los flujos de crédito a la economía real”. La razón de temer que se seque la financiación es por el adelanto en la aplicación de las exigencias del acuerdo de Basilea III.
Lo preocupante para los sectores reales de la economía no es sólo eso, sino el previsible encarecimiento de los créditos concedidos, así como en las nuevas condiciones en las refinanciaciones. Esta tendencia ya se ha observado en los últimos meses, más acentuada en los préstamos a pequeñas y medianas empresas. Según datos del Banco de España, los tipos aplicados en enero a las pymes han llegado al 4,59%, unos niveles no vistos desde el año 2008.

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Fuente:El Economista
 

Como ya ha anunciado en varias ocasiones Mariano Rajoy, si el Partido Popular (PP) llega al Gobierno volverá a recuperar la  desgravación por compra de vivienda para todos, incluidos los que hayan accedido a una vivienda a lo largo de 2011. “No sería justo dejar marcados a estos propietarios como los 'castigados por Zapatero' de por vida”, afirma Pablo Matos, portavoz de Vivienda del PP en el Congreso. Aunque es imposible calcular el número de contribuyentes que quedarían en este ‘limbo’ (nuevos hipotecados desde el 1 de enero de 2011 con ingresos superiores a 24.107 euros a expensas de un cambio de Gobierno para poder desgravarse), este dato podría ascender a decenas de miles mirando a estadísticas previas. José María Mollinedo, experto en este ámbito como secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), explica que en el futurible que el PP llegase al Gobierno y contase con la mayoría suficiente en 2012, “el nuevo Gobierno constituido podría aprobar un Real Decreto Ley de medidas urgentes para recuperar la deducción no sólo desde ese momento, sino también con fecha de retroactividad del 1‐1‐2011 para que incluya todas las operaciones de 2011"

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Fuente:El Mundo

A pesar de los esfuerzos del Gobierno, España avanza poco o nada en el mercado del alquiler de vivienda. Sólo el 13% del parque de viviendas está en régimen de alquiler -lo que supone algo más de 2,2 millones de viviendas principales del total de 16,7 millones-. El parque total de viviendas se cifra en 25 millones. En la eurozona, el mercado en renta se sitúa en el 36%. Según datos de la consultora Knight Frank, en países como Alemania el parque residencial en renta llega al 57%, seguido por Holanda (47%), Francia (38%) o el Reino Unido (32%). Aunque Alemania nos queda aún muy lejos, los esfuerzos del ministro de Fomento y Vivienda, José Blanco son reseñables. No ha dudado en modificar el Plan Estatal de Vivienda para salvar de los recortes los programas de alquiler y la rehabilitación. Por otra parte, para el Gobierno sería una manera de movilizar el preocupante stock de vivienda, que oscila entre las 700.000 y el millón de viviendas, que no encuentra comprador. Fernando Encinar, del portal inmobiliario idealista.com, comenta que "hemos visto cómo una corriente de pensamiento único arrastraba en masa a los españoles a comprarse una casa en propiedad. Había tres grandes razones para hacerlo: alquilar es tirar el dinero, la vivienda nunca baja y nadie venderá por debajo de lo que compró". Aún así, el Gobierno sigue apostando por políticas de fomento del alquiler. En su Plan de Vivienda 2009-2012, un 40% de las nuevas viviendas de protección oficial se destinarán al arrendamiento. En el anterior Plan 2005-2008, apenas el 16% de las VPO se dirigió a este fin. Los gobiernos autonómicos se han sumado a esta defensa por el alquiler.

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Fuente:El Economista

Los planes del Ministerio de Fomento para reactivar el sector inmobiliario español van a sufrir un retraso importante a causa de disputas en el seno del Gobierno por controlar las medidas que se adopten en coordinación con la banca y los promotores. El Ministerio de Economía, que dirige la vicepresidenta Elena Salgado, quiere tomar las riendas de la situación, y restar protagonismo al ministro de Fomento y Vivienda, José Blanco. Se asegura que “tal es la situación, que la reunión que estaba prevista entre los responsables de las entidades financieras, las compañías inmobiliarias con los pesos pesados del Ministerio que dirige Blanco se ha pospuesto sine die. Según fuentes conocedoras, ni siquiera se ha llegado a convocar oficialmente”, Otras fuentes sostienen que Salgado pretende hacerse cargo de todo lo que tenga que ver con cuestiones económicas, debido a las circunstancias por las que atraviesa el país. Es más, apuntan hacia el presidente José Luis Rodríguez Zapatero como impulsor de esta batalla y defensor de la vicepresidenta.
Una de las cuestiones que han llevado a esta situación es que la banca había reclamado a Fomento, en su primera reunión de mediados de enero, modificar la Ley Hipotecaria y la Ley del Suelo. Ambas penalizan sus balances y cuenta de resultados. En dicho encuentro, tanto Blanco como la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, se mostraron dispuestos a cambiar la legislación. Los representantes de las entidades consideran un lastre que se vean obligados a construir el suelo urbanizable en nueve meses para evitar la expropiación. En la actualidad, los ayuntamientos se quedan con los terrenos cuando pasa este periodo, pero a precios muy bajos, similares al suelo rural. Otra cuestión de calado que afectaría al Departamento de Salgado es la relativa a la ley de Economía Sostenible. Blanco quería modificar esta normativa para dar mayor seguridad jurídica e incentivos a la adquisición de viviendas por parte de inversores extranjeros. La crisis y especialmente los casos de corrupción han debilitado significativamente este tipo de operaciones. Las ventas a foráneos se han desplomado desde las 125.000 unidades anuales hasta las actuales 6.000. Fomento pretendía cambiar la ley para reactivar este negocio lo antes posible.

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Fuente: El Economista

El fin de la desgravación fiscal por compra de una vivienda tuvo un efecto positivo. La  mayor demanda por parte de los clientes y la necesidad de la banca para dar salida a los inmuebles adjudicados disparó el importe de nuevos préstamos un 43% en diciembre. Las entidades financieras concedieron más de 9.712 millones de euros para esta finalidad, cantidad que se aleja sustancialmente de los volúmenes de otros meses del pasado año. Únicamente en junio el importe se acercó a estos niveles, lo que se debió al aumento del IVA a partir de julio.  
Los créditos para compra de vivienda fueron los únicos que aumentaron en diciembre. El resto mantuvo su tendencia de caída iniciada hace tres años. Asimismo se recuerda que no se espera para los próximos meses una mejoría del flujo crediticio. Las nuevas normas sobre solvencia que contempla aprobar el Gobierno este mes endurecerán, según los analistas, las condiciones que aplican las entidades a la hora de conceder un préstamo. El propio sector ha advertido una caída mayor de la financiación.

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Fuente: El Economista

“Las hipotecas en España están dadas sobre unas condiciones e introducir ahora cambios bruscos de un día para otro sería perjudicial para el sector financiero”, dijo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ante el debate creado después de que un juez de la Audiencia de Navarra dictara una sentencia en la que consideraba que devolver al banco un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda. Según Salgado, la sentencia de Navarra es algo que se puede tener en cuenta para futuras hipotecas. Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca pide que se cambie la Ley Hipotecaria para que no dependa la resolución de una sentencia de la interpretación de un juez. “El Gobierno debería preocuparse por el ciudadano y no por los intereses de los bancos.  En España hay 350.000 familias que no pueden afrontar un crédito”, afirman desde esta organización.
Moody's advirtió de que la sentencia de la Audiencia de Navarra es “claramente contraria” a la Ley Hipotecaria española, y confió en que no cree precedente para futuras decisiones judiciales. La agencia de calificación también señalaba que esta “controvertida” sentencia ha provocado que los inversores en deuda hipotecaria española teman un aumento de la morosidad, ya que incentiva a los prestatarios a recurrir al impago cuando los precios de la propiedad descienden. También podría afectar, según la firma, a un empeoramiento de las tasas de recuperación.

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Fuente: La Gaceta, La Vanguardia, El Economista y Cinco Días

El Gobierno anunció que va a poner en marcha una segunda ronda de capitalización de las entidades más débiles, entre las que incluye a algunos bancos, en una operación que podría llegar a costar a las arcas del Estado 20.000 millones de euros. El plan de actuación tiene varias fases y tiene como etapa final la nacionalización parcial de aquellas entidades con mayores dificultades para incorporar a inversores privados. Las cajas que necesiten inyecciones de capital público estarán forzadas a convertirse en bancos.
El Ejecutivo, de acuerdo con el Banco de España, va a elevar “de forma inmediata” el mínimo de core capital que tienen que alcanzar las entidades españolas hasta el 8%, en consonancia con los nuevos requerimientos de Basilea III, para mejorar su solvencia. Para las cajas que no coticen, tengan una dependencia excesiva de los mercados mayoristas para financiarse o no tengan “una participación significativa” de capital privado esta cifra será más elevada, aunque el Ministerio de Economía no especificó cuál será la cota final. Las entidades que estén por debajo de estos umbrales, que serán fijados por decreto ley durante febrero, tendrán hasta otoño para buscar el capital privado necesario para reforzarse y cumplir con los nuevos requisitos. En la actualidad, al menos 9 entidades están por debajo de estos niveles. Si no consiguen estos fondos de inversores privados, el Estado les dará apoyo a través de la entrada en su capital de forma temporal (un período máximo de cinco años). No obstante, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sólo comprará acciones de bancos. Este paso obligará a las cajas que no tengan un banco a constituirlo y traspasarle el 100% de su negocio bancario para recibir las ayudas.  
De facto, supone una bancarización forzada de las cajas más débiles y la nacionalización parcial de parte del sector bancario en España. Con la adquisición de acciones de bancos y cajas, el Estado podrá designar consejeros en estas entidades y participar de la gestión. Como alternativa, el FROB podría aportarles financiación a través de la compra de participaciones referentes a un tipo del 10%.
Para poder llevar a cabo esta segunda ronda de ayudas públicas a la banca española, no va a hacer falta una modificación sustancial de la Ley de Cajas, como temían en el sector y a lo que se negaban casi de plano desde la patronal de las cajas (CECA). “Las cajas van a poder seguir optando por las cuatro posibilidades que les da la Lorca”, subrayó ayer la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, quien presentó el plan. Estas opciones pasan desde permanecer con una caja de ahorro hasta pasar a ser sociedades anónimas. El Gobierno modificará la normativa sobre recursos propios de las entidades y la Ley del FROB para poner en marcha la segunda recapitalización del sector.
Salgado señaló que quiere que la reforma tenga el consenso de los principales partidos políticos y de las patronales del sector bancario (AEB y CECA). Desmintió que haya habido enfrentamiento entre su gabinete y Banco de España en la preparación de estas medidas. Apuntó que el objetivo de esta segunda ronda de ayudas es disipar las dudas que generan en los mercados las entidades  españolas. “El mensaje que queremos lanzar es que va la banca va a tener el apoyo del FROB”, puntualizó la ministra.
El Banco de España recabará hasta finales de febrero los datos de solvencia de las entidades para hacer un cálculo ajustado de las necesidades de capital y revisará en septiembre qué entidades requieren de ayudas públicas para seguir operando con normalidad.
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió la necesidad de recapitalizar las cajas. Aunque no especificó la cantidad que puede necesitar el sistema para ello, dejó claro que será “razonable y asumible”, en torno “la mitad” de lo que habitualmente publican los medios. Reconoció que la cifra de 26.000 millones de euros no le resulta “extraña”, pero pidió prudencia, ya que se trata de una cantidad “dinámica”, en función de cómo evolucione la economía. 

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Fuente: Expansión

El Gobierno reconoció ante una nutrida representación del sector financiero que el principal problema que debe afrontar el mercado inmobiliario es cómo drenar el excedente de viviendas sin vender ni alquilar. Una de las tasadoras líderes, Sociedad de Tasación, considera que la solución pasa por aplicar mayores descuentos a los precios de los inmuebles y reconducir parte de esos pisos vacíos al arrendamiento. Para ello, todos (Gobierno, promotores y bancos) deberán actuar.  
El presidente de Sociedad de Tasación, José Luis Estevas‐Guilmain, aseguró ayer que los promotores tendrán que vender más barato y asumir más pérdidas a lo largo de este año si quieren deshacerse de las casas que mantienen en stock y obtener recursos suficientes para volver a promover allí donde exista demanda. A los bancos no otorgó un papel tan protagonista como hacen otros expertos, pero sí les conminó a hacer público y de forma desagregada a cuánto asciende su riesgo en el sector inmobiliario. “No basta con que digan la cuantía de los préstamos dudosos, sino que deberían publicar cuántas casas tienen y cuánto suelo, con claridad y transparencia. Es la única manera de disipar dudas”, dijo. Y al Ejecutivo, el presidente de la tasadora reclamó que siga actuando sobre la normativa que regula el mercado de alquiler, ya que cree que muchas de esas casas que no se están utilizando podrían reconducirse al arrendamiento, promoviendo así un abaratamiento de los pisos en propiedad.En cuanto a los precios, auguró para este año otra rebaja del 3,5%, “en el mejor de los casos”.  
La Sociedad de Tasación asegura que la construcción no va a reactivarse en 2011. “La actividad del sector se recuperará en el momento en que la economía crezca por encima del 2% y se genere empleo, algo que en estos momentos es difícil”, afirma la tasadora. Juan Fernández‐Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación, también indica que “una subida de tipos de interés o de diferenciales de las hipotecas y la eliminación de las ayudas fiscales podrían provocar una caída de precios. Pero es compatible que bajen los precios con una reactivación del sector que se podría dar si se dinamizara el mercado de alquiler”.  

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Fuente: Cinco Días, El País, La Gaceta