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Un total de 687.523 viviendas nuevas tenían colgado el cartel de ‘se vende’ a finales de 2010, según los datos del Ministerio de Fomento. El stock se redujo, pero sólo un 0,08% respecto a 2009. Es decir, hay 521 viviendas menos sin ‘colocar’, a pesar de que las ventas se vieron impulsadas el pasado año ante la subida del IVA (en julio) y el anuncio de la retirada de parte de las desgravaciones por compra de vivienda a partir de enero de este año.
En 2011, el mercado ha vuelto al letargo, con una caída en las compras de viviendas nuevas del 43,8% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2010, hasta las 26.246, un 53% menos que en el trimestre anterior, ante las expectativas de que los precios sigan bajando. Los expertos calculan que el sector tardará al menos entre tres y cinco años en absorber el excedente de casas, pero hay zonas donde la purga tardará aún más tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la costa mediterránea, donde se concentra casi la mitad de los pisos nuevos vacios.
“Son necesarios de dos a tres años de crecimiento económico normal, del 2% al 3%, sin grandes alteraciones migratorias ni expansiones, para poder absorber las casi 700.000 viviendas nuevas”, apunta José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. A la retirada de los estímulos fiscales a la compra se añade el anuncio del PP de que, si llega al Gobierno en las próximas elecciones generales, retomará las ayudas, con lo que favorece un retraso en la adquisición de una vivienda. Y los expertos vaticinan que los precios aún tienen que bajar más, así que “hay demasiada incertidumbre para tomar una decisión de compra tan importante como es la de una residencia”, opina Montalvo.

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Fuente:El País, El Mundo, El Economista, La Razón, La Vanguardia, ABC y La Gaceta

El Gobierno baraja con el Banco de España la creación de una entidad estatal que sirva como sociedad holding de sus participaciones en aquellas entidades que va a nacionalizar y que gestione su negocio hasta su venta en mercado bajo el auspicio del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El planteamiento inicial del Ejecutivo y del supervisor pasaba por nacionalizar las entidades (parcialmente o en su totalidad) y ponerlas, caso por caso, cuanto antes en manos privadas a través de una subasta pública. Cuenta con un período de cinco años para este proceso. El FROB ve ahora dificultades para colocar las entidades nacionalizadas rápidamente en el mercado -más tras el agresivo descuento aplicado por Bankia para su salida a Bolsa- sin que el Estado asuma importantes quebrantos de las entidades a través de Esquemas de Protección de Activos (EPA). La posibilidad que gana más peso es la creación de una entidad regida por el FROB que se encargue de la gestión de forma conjunta de estas entidades, de su negocio y que pueda ponerlas en valor o liquidar los activos dañados en el medio plazo.
Este modelo tiene dos antecedentes similares. En España, sería Argentaria, el holding que se creó en 1991 para agrupar seis bancos públicos y proceder, posteriormente, a su privatización. Otro ejemplo se puede encontrar en Estados Unidos con la creación en la década de los 90 de la Resolution Trust Corporation durante la reordenación de los Savings & Loans (entidades similares a las cajas). Esta corporación se creó bajo el auspicio del FDIC (similar al Fondo de Garantía de Depósitos) para gestionar la nacionalización, el negocio y la puesta en mercado de estas entidades. Economía descartó ayer que vaya a crear una nueva entidad, aduciendo que el FROB ya asume estas mismas funciones.
En el sector financiero temen que el Ejecutivo pueda utilizar la creación de esta entidad pública con fines electorales para contrarrestar la escasez de crédito por parte de los bancos privados. En las últimas semanas, han arreciado las críticas desde el Gobierno a la banca por el origen de la crisis bancaria en España. En todo caso, apuntan que es un proyecto sin racionalidad económica y esperan que no se lleve a cabo.   

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Fuente: Expansión

Una subcomisión del Congreso debate modificaciones que podrían mejorar el modelo de concesión de crédito para compra de vivienda. Entre las propuestas se encuentra imponer la entrega del inmueble como único requisito para saldar la deuda hipotecaria. Una medida que, según el informe de la consultora Oliver Wyman que maneja la patronal bancaria, encarecería la hipoteca media entre 60 y 150 euros al mes. La propuesta de imponer la dación en pago ya ha sido tumbada anteriormente por los partidos mayoritarios en la Cámara baja. Esta vez, sin embargo, podría acabar cuajando ante la renovada presión social. Más, cuando la campaña electoral parece haber comenzado ya. Por el momento, el Gobierno ya ha dado algunos pasos para suavizar la legislación hipotecaria de cara a las familias. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha elevado la renta inembargable a una familia en caso de embargo de su vivienda.  
En la Asociación Hipotecaria Española (AHE) no parece preocupar este cambio, pues asumen que sólo supone ampliar el plazo en el que se cobrará. Menos convencidos se muestran sobre la otra gran medida aprobada por el Gobierno. En caso de ejecución hipotecaria, la vivienda pasa a subasta pública, que si queda desierta puede ser adquirida por la entidad acreedora al 60% de su valor de tasación frente al 50% anterior. “Es un poco precipitado”, valora Santos González, presidente de la AHE. “En no pocas ocasiones podríamos llegar a que se especule con dicho valor. Para alguien que compró la casa hace dos años no, pero puede ser un negocio magnífico para el que la compró hace 10 años venderla al banco por el 60% del valor de entonces”, agrega. “Es perfectamente asumible por las entidades”, contraponen desde UGT, que plantea subir el valor mínimo para adjudicarse una casa hasta el 80%.  
El problema de base, coinciden la mayoría, es la falta de afluencia en torno a estas subastas que se desarrollan en una “virtual semiclandestinidad”, según el Colegio de Registradores, por lo que es casi siempre la entidad acreedora quien se adjudica la casa por el porcentaje mínimo. Para tratar de facilitar el acceso, el Gobierno ha rebajado la cuantía que hay que consignar para pujar, del 30% al 20% del valor del inmueble. “Un 10% de diferencia no va a hacer que la gente vaya más a las subastas. Una propuesta más interesante es llevarlas a internet, algo que ya hacen los juzgados de Murcia”, expone Óscar Franco, del bufete de abogados Ashurst. 

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Fuente:Cinco Días

“Los acuerdos del Gobierno son miserables y engañosos porque no suponen ninguna ayuda para las familias hipotecadas”, se lee en un comunicado publicado por la asociación de consumidores Adicae. Frente a esta opinión el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que “el Gobierno garantizará que las subasta del bien hipotecado no dé lugar a situaciones abusivas ni malbaratamiento del bien”. Entre ambos extremos, los expertos creen que el Gobierno ha dado un paso adelante, pero que hacen falta más medidas para aliviar la situación de las familias que ven su vivienda en proceso de ejecución hipotecaria (94.000 en 2010, cuatro veces más que al comienzo de la crisis en 2007). 
El abogado experto en insolvencias José María Marqués Vilallonga considera que elevar el sueldo inembargable es una medida positiva: “puede ayudar a que la persona afectada se recupere a medio plazo de la insolvencia”. En cuanto a que los bancos puedan adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente al 60% del precio de tasación, frente al 50% anterior, dice que es una medida “inocua, porque se mantiene la parte más importante de la deuda que queda tras subastar la vivienda”. En este punto coincide con otros expertos, que reclamaban que el banco nunca pudiera quedarse con la casa por menos del 70% o del 80% de su valor. 
El aumento de la parte inembargable hasta 951 euros no supone que el banco se pueda quedar con todo el resto del sueldo de la persona a la que se ha ejecutado la hipoteca. Un mileurista embargado, por ejemplo, puede estar seguro de que se le va a respetar casi todo el sueldo, mientras que la entidad que quiera cobrar su deuda con alguien que gane 2.500 euros aspirará a retraerle entre 500 y 1.000 euros al mes. Marqués Vilallonga considera necesario que el Estado asegure que los afectados que consigan ahorrar gracias al aumento de la parte inembargable tampoco será embargado, así como los intereses que generen esas cantidades. “Así nos encaminaríamos a la doctrina implantada en la mayor parte de Europa y Estados Unidos, que pretende contribuir a que una insolvencia concreta no suponga una condena a la exclusión social”, explica. 
Mientras que algunas asociaciones de consumidores consideran beneficiosas pero insuficientes las reformas gubernamentales, otras, como Adicae, exigen la paralización inmediata de los embargos. Según sus cálculos, esto costaría entre 300 y 500 millones de euros, “una cantidad asumible por el Gobierno”. 

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Fuente: El País

Los promotores e inmobiliarias acusan a las entidades financieras de quitarles a sus clientes cuando estos solicitan una hipoteca. Según explican, la secuencia de los hechos es siempre la misma: la banca deniega créditos a los ciudadanos pero, acto seguido, les ofrece financiación para la compra de viviendas que tienen en cartera procedentes en su gran mayoría de embargos. Exigen al ministro de Fomento, José Blanco, medidas urgentes que permitan regularizar el sector. “Se trata claramente de un caso de competencia desleal que está agravando aún más la crisis que sufrimos”, critica el vicepresidente de la Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), Juan Manuel Martínez. Hasta el momento, sus denuncias han caído en saco roto y, según Martínez, “el Gobierno no está haciendo nada para evitarlo. Es hora de que se tomen medidas serias”. 20.000 agencias inmobiliarias han cerrado y más de 100.000 empleos se han destruido.
Según AEGI, esta práctica de las entidades financieras les ha hecho perder al menos un 60% de los potenciales compradores que tienen en cartera. “No entendemos que se nos vea como enemigos cuando no dejamos de ser meros intermediarios que les aportan clientes”, insiste el vicepresidente de la patronal. Un agente de la propiedad inmobiliaria comenta que “nuestros honorarios no son sólo por acompañar al cliente al banco, sino que son el resultado de horas de trabajo, de estar a pie de calle para conocer de primera mano el producto que ofrecemos y garantizar la compra a los ciudadanos. Todo eso también cuenta”. Tanto como el hecho de que las entidades financieras cobran más caras las hipotecas de viviendas que no son suyas. Los expertos insisten que con el objetivo de deshacerse del ‘ladrillo’ acumulado que pesa sobre sus balances, el coste de la hipoteca de un piso financiado en la entidad puede llegar a ser hasta un 30% más barato. “Y los clientes no lo dudan, sobre todo en estos momentos de crisis. Y de nuevo será demasiado tarde”, indica.  
En el portal inmobiliario idealista.com se han hecho eco de estas denuncias y, para evitar este tipo de situaciones ha puesto en marcha idealistahipotecas. “Se trata de una sección en la que el usuario dice su perfil financiero, se manda a entidades con las que trabajamos y así la agencia se evita que un banco le pueda puentear y quedarse con el cliente”, señala el jefe de Estudios del portal, Francisco Encinar.

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Fuente: El Economista

El Consejo de Ministros aprobó elevar al valor mínimo por el que los acreedores pueden adjudicarse los inmuebles subastados judicialmente del 50% al 60% del precio de tasación y se elimina la posibilidad de que en determinados casos el acreedor pudiera adjudicarse el bien por debajo de esos límites. Asimismo, se baja del 30% al 20% del valor del inmueble el depósito previo necesario para participar en una subasta, lo que facilitará el acceso de más compradores a la misma. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalacaba, explicó que estas medidas persiguen “garantizar que la subasta del bien hipotecado no dará lugar a situaciones abusivas ni al malbaratamiento del bien”. También se acelerará la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet.  
El Gobierno incrementa también el límite del salario que no se puede embargar cuando, una vez ejecutada la hipoteca y vendido el bien, quede todavía un saldo vivo de deuda. El límite de inembargabilidad sube desde el actual 110% del Salario Mínimo Interprofesional hasta el 150%. El mínimo se sitúa así en los 961 euros y se podrá incrementar en un 30% adicional por cada miembro de la familia que no se pueda valer por sí mismo hasta alcanzar los 1.300 euros.  
Estas medidas se incluyen en un decreto ley que recogerá las resoluciones aprobadas en el debate sobre el estado de la nación. La resolución fue pactada por PSOE, PP y CiU y apoyada por el resto de los grupos parlamentarios para proteger a los afectados por ejecuciones hipotecarias. Según el Gobierno, se trata de medidas que vienen a apoyar a quienes se encuentren  en un situación más difícil, “sin cuestionar la solvencia y fiabilidad de nuestro sistema hipotecario” y que, además, “distinguen adecuadamente entre la situación subjetiva de los deudores, aplicándose a quienes se encuentran en posiciones de necesidad”.

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Fuente: La Vanguardia, El Mundo

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) va a poner en marcha en internet un “observatorio de problemas y abusos hipotecarios” que permitirá crear “una red de alerta” sobre las prácticas “tóxicas” de las entidades financieras en materia de hipotecas. La idea se tomó el sábado tras celebrar convenciones en distintas ciudades españolas en las que se analizaron los problemas hipotecarios de los consumidores y las vías de solución.    
Fernando Herrero, secretario general de Adicae, dijo que en esas convenciones, los participantes (políticos, sindicalistas y ciudadanos) pusieron de manifiesto la necesidad de que se aborde la regulación de sobreendeudamiento de las familias y se reforme la Ley Hipotecaria para que la entrega de la vivienda sirva para saldar la deuda. También se expresó la necesidad de que el Gobierno y las instituciones acometan con “amplitud de miras” el problema de las personas que no pueden hacer frente a su hipoteca, que debe ser tratado como un asunto global y no individual. Herrero señaló también que se decidió impulsar que los consumidores que han visto embargadas su viviendas verifiquen que las entidades que han subasta sus pisos no han obtenido beneficios por ellos.

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Fuente: La Vanguardia, La Gaceta

En pisos.com indican que la vivienda en España en abril cayó el 1,55% frente a marzo: “la caída mensual más alta que hemos registrado”, indica Miguel Ángel Alemany, director general del portal inmobiliario, quien añade que “desde comienzos de año, el descenso es del 4,5% y prevemos que la vivienda cierre el año con otra caída del 10%, que se sumará al 20% ya acumulado desde que se inició la crisis”. “La tendencia de los precios a la baja se veía venir tras la subida de los tipos de interés. Solo hubo un repunte en el sector tras el fin de la deducción fiscal, pero después el mercado se ha paralizado y los precios seguirán bajando hasta ajustarse la oferta y la demanda”, explica Alemany.  
Expertos del sector consideran que el stock de viviendas no se centra solo en segunda residencia. Hay que sumar los pisos de obra nueva sin vender y los de segunda mano, por lo que la cartera estaría formada por casi dos millones de unidades. En pisos.com no creen que la solución del Gobierno con una gira por Europa para vender las casas a extranjeros sea la solución. “El remedio tiene que venir desde dentro. En España hay demanda suficiente para comprar pisos, pero tiene que haber un acceso al crédito y una activación del empleo”.  

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Fuente: La Gaceta

El Gobierno ha iniciado un road show por distintos países europeos. En Londres, el ministro de Fomento, José Blanco, aseguró que es el momento “idóneo” para comprar una vivienda en España porque los precios se están estabilizando, pero admitió que el valor de los terrenos urbanizables afronta un prologando ajuste que hará sufrir a las entidades financieras.
Blanco animó a los inversores a poner dinero en el sector. Defendió que podrían lograr descuentos de hasta el 40%. Pero los presentes, entre los que estaban ejecutivos de bancos y fondos de inversión, se interesaron por el impacto de la crisis del ‘ladrillo’ en el sector financiero español más que por la posibilidad de comprar viviendas. Algunos inversores indicaron que las entidades españolas deben bajar más el precio que piden por las casas embargadas y asumir más pérdidas para encontrar compradores. Blanco replicó que “el valor del stock de viviendas en balance de los bancos ya se adecúa bastante a los precios de mercado. Sí puede haber más dificultad por el suelo sobredimensionado que tiene el sector financiero”, argumentó. Según datos de Fomento, el valor bruto de los terrenos sin edificar embargados por la banca española ascendía a 30.000 millones de euros a finales de 2010, de los que solo un tercio está provisionado.  
En la presentación inicial sobre la situación inmobiliaria, la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, explicó que la mayor parte del ajuste de precios ya se ha realizado, tras caer un 13,4% de media desde 2008. “Si se atiende a los ratios históricos, solo quedaría entre el 3% y el 7% de bajada”, indicó. Corredor informó que el stock de viviendas vacías en España bajó un 0,1% en 2010, hasta 687.454 unidades.   

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Fuente: Expansión

El ministro de Fomento, José Blanco, ha estado en Londres vendiendo pisos. Acompañado de la secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, Blanco se ha reunido en la embajada española con un grupo de inversores británicos para explicarles la situación del mercado de la vivienda, el impacto de las reformas puestas en marcha por el Gobierno y las medidas que se han tomado para reforzar la seguridad jurídica de las transacciones en el sector, un punto especialmente polémico en Reino Unido. Con 13 milones de turistas al año y 850.000 de sus ciudadanos residiendo en España, Reino Unido es el principal inversor extranjero en el sector de la vivienda en España, que ha quedado muy dañado por la crisis. El mensaje que ha querido transmitir Blanco es precisamente que la caída del precio de la vivienda ha tocado suelo y que "es un momento inmejorable para invertir". El ministro y la secretaria de Estado han apoyado esa tesis en el hecho genérico de que la economía española "es sólida y muestra signos de recuperación". Y, más específicamente, en que por primera vea en cinco años, en 2010 se redujo el parque de viviendas a la venta, que ascendían a final de año a 687.000 unidades. La contracción ha sido mínima, un 0,09%, pero contrasta con los aumentos del 12% en 2009 y de en torno al 50% en cada uno de los dos años anteriores.

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Fuente: El País