Noticias sobre Gobierno

Los registradores de la Propiedad son partidarios de que el Gobierno modifique la actual legislación para que quienes compraron una vivienda y posteriormente un tribunal anuló el planteamiento urbanístico no se encuentren con la vivienda demolida si demuestran que actuaron de buena fe. A día de hoy, el asunto está resuelto legalmente. El problema se plantea en miles de viviendas en toda España que se compraron antes de la modificación legal de 2011. Esta solución, explicó el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, Alfonso Candau, es más complicada que el que se pongan de acuerdo las salas de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que mantiene doctrinas enfrentadas. La registradora y ex ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, comentó en el Congreso Iberoamericano de Registradores, que se celebra desde ayer en Cádiz, que esta situación está generando un gran escándalo en países como Reino Unido, Alemania y los países escandinavos, donde muchos nacionales venden sus casas para comprar una vivienda en España, que en muchas ocasiones termina bajo amenaza de derribo al pesar de contar con el respaldo de la fe registral.  

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Fuente: El Economista, Cinco Días

La presión del Gobierno a la banca para sanear sus balances obligará a los particulares que quieran vender su vivienda a poner un precio inferior al que comercializarán los bancos los inmuebles que tienen en sus carteras y que sacarán al mercado.  
El ministro de Economía, Luis de Guindos, comentó que “el objetivo número uno de la reforma era poner en el mercado viviendas baratas”. Desde entonces, muchos han tratado de analizar cómo iban a traducirse las exigencias de provisiones sobre los activos inmobiliarios en verdaderos descuentos en el mercado. Los expertos y analistas no se ponen de acuerdo en la cuantía de éstos y recuerdan que el hecho de que las entidades financieras deban provisionar un 10% las viviendas que acumulan en sus balances (las provisiones de estos activos han pasado del 25% al 25%) no quiere decir que el precio de estos inmuebles vaya a rebajarse en la misma proporción. “Algunas bajarán ese 10%, otras nada y otras mucho más”, asegura uno de los expertos consultados. Los analistas coinciden en que el precio al que las entidades venderán dependerá de la ubicación y la calidad de los inmuebles y de sus necesidades de liquidez. En cualquier caso, la mayoría cree que las medidas harán que los precios bajen y que arrastren al resto del mercado.  

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Fuente: El Mundo

Los Ministerios de Fomento y Justicia crearán una comisión que estudiará las eventuales herramientas que debe poner el Gobierno en marcha para mejorar la protección a los hipotecados en los procesos de desahucio. Durante su comparecencia en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, la ministra Ana Pastor explicó que esta comisión servirá para “establecer herramientas que mejoren la protección a los adquirentes de vivienda”, al tiempo que añadió que el Gobierno quiere también reformar la Ley de Expropiación Forzosa. La ministra de Fomento indicó que la situación actual, “en la que hay más de 300.000 desahuciados, requiere de un análisis profundo y del estudio de esta comisión”. Desde el resto de grupos políticos se recordó que debería volver a activarse la subcomisión creada al final de la legislatura pasada para abordar posibles soluciones a estos casos y una mejor regulación de la dación en pago.
En materia de alquiler, el plan contempla la mejora y flexibilización del actual marco jurídico que regula este sector. Con este fin, se flexibilizará la duración de los contratos (en la actualidad de cinco años), como ocurre en la mayor parte de Europa, y se establecerán medidas que garanticen la seguridad jurídica. Asimismo, se promoverá la mediación como medida de resolución de conflictos entre las partes y se estudiará, también junto a Justicia y las regiones, la implantación de juicios rápidos en esta materia.

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Fuente: Cinco Días

“No preveo que las nuevas medidas propuestas por el Gobierno supongan una depreciación adicional significativa, más allá de las propia corrección que haga el mercado en 2012”, dice Eduard Mendiluce, director de la división inmobiliaria de Catalunya Caixa y miembro del comité de dirección de la entidad financiera. Estas declaraciones se enmarcan en la expectación surgida tras el decreto presentado por el Gobierno donde se anunció un aumento de las provisiones de los activos inmobiliarios adjudicados, con el objetivo, dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que la vivienda baje un 35%. Mandiluce asegura que “es una medida impecable poner a precio de mercado el stock de las entidades, pero la mayoría ya hemos hecho esos ajustes”. En este sentido, alude al anexo de la reforma publicada, donde cifraba las provisiones en un margen de entre un 25% para los activos que llevan en cartera menos de un año, hasta el 50% para aquellos que lleven más de tres años, porcentaje que ya se puede observar en los descuentos de los inmuebles de los bancos.  
El directivo explica que el mercado inmobiliario es muy heterogéneo y depende por zonas. “Además, ahora estamos vendiendo por cuotas y no por precios. Hay dos mecanismos para ajustar el inmueble: por el precio o por la cuota hipotecaria y, aunque exista una penalización del tipo de interés, siempre sale más rentable que mantener un activo no estratégico en balance”. Gracias a esta política, la entidad catalana ha logrado vender 6.441 viviendas en 2011, un 35% más que el año anterior, situando su stock en 10.000 unidades. Para este año prevé hasta 8.500 ventas.

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Fuente:Expansión

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) considera que la reforma financiera servirá en cierta medida para dar salida a los activos inmobiliarios que han entrado en los balances de la banca, pero no se reactivará el sector inmobiliario ni el crédito para iniciar nuevas promociones. En concreto, apuntan que hay muchos promotores de pequeño y mediano tamaño, empresas familiares, que tienen problemas para seguir el día a día por falta de financiación.  
Por ello, las promotoras piden al Gobierno que fije una exigencia a la banca -sobre todo para aquella que reciba ayuda pñublica a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- a través de un "coeficiente", dirigida a financiar viviendas económicamente sostenibles. El presidente de APCE, José Manuel Galindo, explicó que se trata de viviendas cuya relación préstamo-valor de mercado no sobrepase el 80%, en que el esfuerzo de la persona que reciba la hipoteca se sitúe por debajo de un tercio de su salario y que la banca se comprometa a financiar. “Si hay ayuda al sector financiero, directa o indirecta, debe haber un coeficiente que revierta a la financiación del sector, pero en forma de crédito y no de ayuda”.  
Los promotores temen que las entidades saquen al mercado activos inmobiliarios “a niveles excesivamente bajos” que los penalicen a ellos.  
Galindo se negó a concretar cuánto tiene que ajustar el precio de las viviendas aún. Pero, en cierta medida, admite que si la banca ha provisionado ya el 25% de los pisos terminados y la nueva exigencia del Gobierno es del 35%, supondría una rebaja del 10%. Aunque también hizo otros cálculos técnicos. Si la nueva exigencia de provisión es del 35% y los datos del Ministerio de Fomento indican que el descenso acumulado de precios es del 19%, cabe una caída del 16%.  
La patronal de promotores considera que el Gobierno debe buscar algún “incentivo fiscal” temporal para dar salida a la vivienda de segunda residencia. Galindo puso como ejemplo que los no residentes están muy penalizados en el impuesto de sucesión. También solicitó algún tipo de exención fiscal para que se reestructure el sector inmobiliario y se produzcan fusiones entre las actuales empresas.  

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Fuente: La Razón, La Gaceta, El País, Expansión, Cinco Días, ABC

Julio Rodríguez López, expresidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada, comenta que “durante el último año, el anterior Gobierno socialista y el nuevo Gobierno popular han tenido algún que otro rasgo común en materia de política de vivienda. La consideración de que el principal objetivo de dicha política es la reducción del elevado stock de viviendas de nueva construcción no vendidas en España es lo más llamativo de las declaraciones realizadas en ambos casos”. En su análisis, apunta que “asumido que a pesar de que el alquiler domine ahora entre las nuevas ofertas y demandas de viviendas en las grandes ciudades, la vivienda en propiedad va a ser el rasgo más destacado del nuevo Gobierno, este debe de hacer algo más que bajar los impuestos a los que pueden comprarse una vivienda en las presentes circunstancias. El insrumento más potente de la política social de vivienda en España, esto es, la ayuda a la promoción y compra de viviendas protegidas (VPO), debe de estar pasando por una profunda crisis como consecuencia de la restricción crediticia, pues al fin y al cabo dicho sistema descansa en los nuevos créditos convenidos para tales actuaciones”.  
“La política de vivienda forma parte de las prestaciones sociales integrantes de lo que viene a denominarse como Estado del bienestar. La reducción del stock de viviendas terminadas y no vendidas está asociada con la reforma del sistema financiero en España, a la vista del fuerte peso que dichas viviendas no vendidas tienen en los balances bancarios. Aunque sea a nivel de dirección general, hay trabajo en el Gobierno de España en cuanto a política social de vivienda se refiere. La reforma a fondo de la política de vivienda protegida, en un sentido favorable al alquiler y a la rehabilitación, y el conocimiento de la realidad del mercado del alquiler en España figuran entre las principales tareas pendientes”.

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Fuente:Cinco Días

Desde el lobby inmobiliario G-14, que reúne a algunas de las mayores compañías del sector español, se filtró parte del contenido de un documento que prevén presentar al Gobierno en las próximas fechas. En el mismo, el G-14 pide que se introduzcan temporalmente deducciones en el IRPF por adquisición de segunda residencia para dar salida al stock inmobiliario y que se reduzca el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la vivienda usada. Las inmobiliarias solicitan asimismo que se aplique un tipo superreducido del 4% para estimular el mercado de vivienda usada. Se recuerda que el Ejecutivo prolongó a finales de 2011 el IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda que ya lanzó el Gobierno socialista en agosto y que expiraba el pasado 31 de diciembre de 2011. Sin embargo, en esta ocasión se limita a la adquisición de primera vivienda a partir de 2012. Las inmobiliarias solicitan también que se revisen los regímenes especiales vigentes en el Impuesto sobre Sociedades en materia de arrendamiento de viviendas dado que ha tenido unos efectos dinamizadores sobre el sector inferior al previsto.

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Fuente:Cinco Días, El Economista

Fernando Rodríguez-Avial, presidente del G-14, el grupo de las grandes inmobiliarias, comenta que "la situación es difícil. Estamos en un momento muy complicado en todos los sectores, pero sin duda el nuestro ha sido el más damnificado. Se han perdido más de un millón de empleos y hay muchas empresas con muchos problemas”. Considera fundamental el cambio de Gobierno. “Ahora toca esperar y ver cómo actúa. El problema es económico y, a partir de ahí, hay que actuar conjuntamente para dar la vuelta a la situación. Es la diferencia con otras crisis, que en ésta coinciden la crisis inmobiliaria y la financiera”.  
Rodríguez-Avial comenta que "somos un sector que ha generado una gran actividad económica mucho empleo, y eso ha sido beneficioso para el país. Nos ha dado niveles buenísimos de crecimiento del PIB, de bienestar social y un acercamiento a las grandes economías... hasta que llegó la crisis. Pero insisto en que se trata de un problema económico y si no se sanea y no se empieza a generar actividad económica por la vía de préstamos, el problema será de todos”. Y argumenta que “de ser culpables, lo seremos todos. El sector ha actuado porque tenía capacidad de actuación: hacía un producto que se vendía, que se financiaba y que era bien visto por las Administraciones Públicas. ¿Que tenemos alguna responsabilidad? ¡Seguro!, pero todos. La culpa es colectiva, incluso de ciudadanos particulares que han comprado para especular. Pero no vale la pena hablar de culpables. Nuestro sector asume su parte, pero es hora de buscar soluciones”.
Insiste en que es tan importante la reforma financiera “porque sólo entonces se generará actividad económica. Tiene que haber una consolidación fiscal y a partir de ahí, con una buena reforma financiera, se generará actividad económica y empleo”. Y sobre las medidas adoptadas por el Gobierno respecto al IVA superreducido y la desgravación fiscal para la segunda vivienda, dice que “son medidas que funcionarán mejor o peor, pero que suba o baje el IVA no determina que nadie compra una casa. Lo importante es que haya préstamos para las empresas y para los ciudadanos. Lo importante es ahora la vinculación financiera con el sector inmobiliario por su elevada exposición al ‘ladrillo. De cómo case dependerá lo que pase en los próximos meses”.
También comenta que “en España ya no se construirá nunca más de 300.000 viviendas y porque la financiación también será menor. Pero como ocurre en la banca, (en el sector inmobiliario) habrá fusiones, cierres, y quién sabe si también fusiones entre las grandes”.

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Fuente:El Economista

El Gobierno no ha hecho caso de las peticiones de las cajas de ahorros sobre la cuantía de las provisiones adicionales, cifrada en 50.000 millones de euros, pese a que le advirtieron de que podría acentuar la sequía del crédito que viven familias y empresas. Según fuentes del sector, Isidro Fainé, presidente de La Caixa y de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), y Rodrigo Rato, presidente de Bankia, se vieron con Luis de Guindos, ministro de Economía. Llevaron dos mensajes claros: si se exigían provisionar 50.000 millones para sanear los activos inmobiliarios en un plazo corto de tiempo, eso pondría en dificultades a la mayoría de las entidades del sector porque afectaría mucho a los beneficios. También le comunicaron que esa medida supondría un recorte aún mayor del crédito, ya que la exigencia de capital incita a las entidades a frenar los préstamos.
El Gobierno sí parece dispuesto a alargar los plazos de las provisiones a aquellas entidades que se fusionen (tendrán hasta diciembre de 2013). Las que continúen solas deberán hacer las provisiones en diciembre de 2012. Las entidades están deseosas de conocer los detalles porque podrían usar las cuentas de 2011 (aún no cerradas) para anticipar provisiones, como han hecho Banesto y Bankinter.  
Los 50.000 millones que exigirá el Gobierno a las entidades suponen duplicar las provisiones actuales con las que se cubre la exposición problemática, que engloba créditos dudosos y bajo vigilancia e inmuebles que se han quedado las entidades ante el impago del crédito, que suman 176.000 millones. Hasta ahora, este cúmulo de problemas está cubierto en un 33%, con 50.000 millones. Esta cifra era suficiente para el Banco de España para cubrir las pérdidas previstas en los test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Pero, los inversores nunca se lo creyeron. Lo que quiere el Gobierno es que el sector duplique la cobertura y pase al 66%. El objetivo es “alejar definitivamente el fantasma del agujero sin tapar que tiene el sector financiero, según los inversores internacionales”, dice un alto ejecutivo de un banco. “Si regresa la confianza, puede mejorar la prima de riesgo y abaratarse el crédito”, añade. La única cesión por parte del Gobierno puede ser que se reparta el cargo de provisiones contra capital y contra resultados, en un porcentaje a fijar por el Banco de España para cada entidad.
En lo que coinciden las cajas con BBVA y Santander es que “es injusto pedir al mismo tiempo un alto nivel de capital y unas elevadas provisiones” Una de las grandes entidades, según fuentes del mercado, pide al Gobierno que convenza a la EBA de que elimine la exigencia de más capital para cubrir el riesgo de pérdidas en la deuda soberana “porque no es real. Si lo lograra, en lugar de los 26.000 millones que pide a los cinco grandes (Santander, BBVA, Caixa, Popular y Bankia), la factura se rebajaría en unos 14.000 millones, una cantidad significativa”, señalan.

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Fuente: El País

Hacer previsiones sobre el sector inmobiliario es cada día más difícil, pero tras un 2011 que ha sido el peor de la crisis para el mercado residencial, 2012 podría ser finalmente bueno para comprar una casa. Todo depende de las medidas que tome el Gobierno para que los bancos salgan del atasco inmobiliario y, así, el crédito empiece a llegar al demandante de vivienda. Los expertos consultados creen que hay factores que acabarán determinando que este año sea bueno para adquirir pisos. La bajada de precios experimentada, la progresiva vuelta de la financiación, la bajada de tipos de interés y la recuperación para todas las rentas de la desgravación fiscal serán claves para favorecer la demanda, explican.  
    
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Fuente:El Mundo