Noticias sobre Gobierno

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para evitar el drama que suponen los desalojos de las familias de sus viviendas, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes. La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

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Fuente: El País

El Gobierno aprobó una batería de medidas para facilitar que el crédito llegue a las pymes. A través de cinco acuerdos distintos, se ampliaron las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que pasan de 19.000 a 22.000 millones de euros. El sector inmobiliario se ha quedado fuera de esta lluvia de liquidez.  
El Ministerio de Economía acaba de eliminar el tramo stock de vivienda, que financiaba a las promotoras a cambio de que pusieran sus inmuebles en alquiler. La justificación del Gobierno es que así pretende favorecer que los empresarios del ‘ladrillo’ saquen cuanto antes al mercado los pisos que no logran vender; y a precios más bajos. Hay otro motivo: el relativo fracaso que estas líneas de crédito han tenido en el pasado. En un país en el que hay cerca de un millón de viviendas que no encuentran comprador y en el que las empresas inmobiliarias luchan por sobrevivir, de los 3.000 millones disponibles el año pasado se utilizó en torno al 15%. Las 227 operaciones que se cerraron gracias a la financiación del tramo stock vivienda de la línea ICO absorbieron 468 millones. “Se ha visto que el mercado no va por ahí y que hay que buscar otras vías. Habrá que orientar las ayudas hacia la rehabilitación”, apuntan fuentes de Economía. Por eso el decreto aprobado el viernes establece una línea del ICO dotada con 1.000 millones de euros -un tercio del dinero destinado al instrumento equivalente del año pasado- para promover la rehabilitación de viviendas y edificios. La novedad es que en esta ocasión el dinero se podría destinar a financiar la reforma de los elementos comunes de los edificios.
A pesar de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido en que una de sus prioridades en materia de vivienda será el impulso al alquiler, con esta línea de financiación desaparece un acicate importante para que las empresas se dediquen a colgar el cartel de “se alquila” a los inmuebles que son incapaces de vender. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció a principios de febrero que la reforma financiera empujaría a bancos y cajas a sacar al mercado el ‘ladrillo’ que arrastran en sus cuentas a precios más reducidos.  

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Fuente: El País

El gran objetivo de la reforma financiera aprobada a principios de febrero por el Gobierno era que el aumento de las provisiones para sanear la cartera de pisos de los bancos se tradujera en una caída en el precio de la vivienda. En este trabajo se comenta que a falta de conocer si se cumple o no este objetivo, toca analizar quiénes podrían salir perjudicados en caso de que se cumpliera. Además de los millones de españoles que tienen una vivienda en propiedad, sobre todo aquellos que la adquirieron en los años de boom, también hay un producto financiero que puede verse perjudicado: fondo inmobiliario.  
Se apunta que estos productos se han convertido en los últimos años en los grandes olvidados de la industria de fondos. La crisis inmobiliaria ha hecho caer su patrimonio de 7.400 millones de euros a 4.400 millones en los últimos cinco años y la fuga de partícipes ha obligado a muchas gestoras a tener que liquidar este tipo de inversión o comprar a sus inversores sus participaciones. La reforma financiera, de cumplir con su objetivo, puede volver a acarrear graves problemas a los fondos inmobiliarios que aún quedan en pie (cuatro, si se tienen en cuenta los que están aún en manos de los inversores particulares). “No en vano, ha sido la fuerte caída de los precios de la vivienda lo que ha convertido a estos productos en los patitos feos de la industria. Pero no todos tienen por qué verse igualmente perjudicados ya que ahora la ley les exime de invertir al menos el 50% de su patrimonio en vivienda, el activo inmobiliario que más papeletas tiene de seguir cayendo”. Solo hay dos productos (Sabadell BS Inmobiliario y AC Patrimonio Inmobiliario) que se hayan aprovechado de este cambio de normativa, en vigor desde octubre de 2009, y por tanto están menos expuestos a una abrupta caída de los precios de vivienda.  

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Fuente:El Economista

Grupos políticos como IU preguntan al Gobierno si tiene intención de tomar medidas para romper el vínculo entre el euríbor y las hipotecas. Desde el Banco de España se apuesta porque los hipotecados tengan unas cuotas más estables a medio plazo con referencias más amplias. Y en la Comisión Europea se abre una investigación sobre posibles manipulaciones del euríbor poniéndose en duda la transparencia del cálculo. En este entorno, el próximo 29 de abril entrará en vigor la orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios que da luz verde al IRS (Interest Rate Swaps) a cinco años. Se trata, según los expertos, de un indicador que refleja el coste del dinero a medio plazo (un lustro, en el que no variarán las cuotas mensuales de los hipotecados que lo empleen), sin prima de riesgo, pero con un nivel de partida superior al euríbor. La cotización de este indicador esta semana se ha colocado en el 1,47% y, contrariamente a la teoría, el IRS a cinco años se negocia en torno al 1,42%.  
Según el portal Helpmycash, las hipotecas ya firmadas referenciadas al euríbor se mantendrán sin cambios; las referenciadas al IRPH deberán ser renegociadas (el índice seguirá publicándose al menos un año, pero será oficialmente suprimido), y en las hipotecas de nueva constitución se podrá ya utilizar el IRS si así lo establecen las entidades financieras.

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Fuente: El País

El proceso de liquidación de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) está en marcha. Como los trámites que requiere se presume que serán largos (fuentes consultadas estiman que puede llegar a superar el año), el Ministerio de Fomento garantiza que caseros e inquilinos seguirán recibiendo los mismos servicios hasta que la sociedad desaparezca completamente.
Una de las sorpresas que surgieron cuando el Gobierno comunicó oficialmente el cierre de la entidad fue la cifra de usuarios a los que afecta el cierre. Mientras que en su página web corporativa la SPA anuncia hasta el pasado febrero un total de 19.934 arrendamientos gestionados, los números del Ministerio aseguran que son 4.370 los contratos que mantiene vivos en la actualidad. Este desfase, según fuentes de Fomento, se debe a criterios diferentes a la hora de considerar qué es un contrato gestionado por la entidad. En esa cifra de los más de 19.000 arrendamientos gestionados están incluidos los alquileres efectivos, pero también las viviendas desocupadas para las que se busca nuevo inquilino, las que se encuentran en proceso de verificación, o los convenios que se suscribieron con la banca y que ponían a disposición de la SPA paquetes de miles de casas, según las mismas fuentes.
Falta por decidir cuál será el organismo encargado de gestionar los contratos que continúen en vigor cuando la SPA desaparezca definitivamente, puesto que hasta hace poco más de un mes la entidad seguía contactando con caseros e inquilinos. La opción que más posibilidades tiene de salir adelante es que sean las comunidades autónomas quienes asuman las labores de intermediación que realizaba la empresa de Fomento, aunque todo dependerá del coste que suponga y del volumen de arrendamientos.

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Fuente: Cinco Días, El Mundo

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días

El código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

El Gobierno espera que la mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector que pidieron el anonimato.

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó la vicepresidenta.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si este plan no es suficiente se aplicará el segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros, el alquiler será de 250 euros mensuales.

Santamaría dijo que la acogida del sector había sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”. Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma “hasta la publicación del texto definitivo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a 200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.

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Fuente: El País

En Madrid ya se habla de stock técnico, aquel que debe existir para el correcto funcionamiento del mercado. Se recogen las opiniones de varios expertos, que consideran que la vivienda protegida es una solución en estos momentos de crisis. Se apunta que hay muchos municipios de la Comunidad de Madrid que necesitan vivienda, ya sea libre o protegida. El gerente de Gesurbe, Andrés Horcajada, está convencido de que en poco tiempo “habrá carestía de vivienda protegida en la mitad de los municipios”.   
En el Gobierno regional se muestran optimistas. Juan Van-Halen, director general de Vivienda y Rehabilitación y gerente del Ivima, asegura que “la vivienda protegida es el motor de la recuperación del sector residencial”. Apunta unos números que nadie sabe si se podrán mejorar en 2012 debido a la situación económica. “En 2011 se promovió en la región un 7,2% más de viviendas protegidas que en 2010” y señala que “es el primer año que eso sucedió desde el principio de la crisis”. Un informe que maneja el Gobierno regional señala que en la Comunidad de Madrid se iniciaron el pasado año el 25% de las viviendas protegidas promovidas en toda España.  

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Fuente: El Mundo

Entre las modificaciones legales que incluye la iniciativa del Gobierno para ampliar las garantías de los clientes hipotecarios ante el embargo de su vivienda -el grueso se limita a un código de buenas prácticas, cuyo cumplimiento será voluntario- está la de mejoras las subastas públicas de los inmuebles. Los Ministerios de Economía y Justicia trabajan para presentar lo antes posible un nuevo modelo más transparente y ágil. Entre otros cambios, el Gobierno busca priorizar la vía extrajudicial para sortear el atasco en los tribunales. El colectivo de notarios, que dirimiría estos procesos, anunció ayer que aportará las mismas garantías al ciudadano que les concede un juez. Así lo ratificaba el Consejo General del Notariado. El organismo emitió una circular –“de obligado cumplimiento"- en el que asegura que "pese a las dudas suscitadas por las diferencias legales" vía judicial y la extrajudicial, “los notarios podrán garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en las ejecuciones hipotecarias”.  
El principal efecto de este compromiso se materializará en el hecho de que la entidad que embargue la vivienda no podrá adjudicársela por menos del 60% de su valor. El mismo porcentaje que impone un juez por ley. Este porcentaje fue elevado el pasado año del 50% al 60% para los procesos judiciales, pero no se modificó en la Ley Hipotecaria, que es la que rige en la vía extrajudicial y que no recoge un precio mínimo de adjudicación. Los notarios acordaron asumir estas mismas condiciones después de que el pasado 31 de enero, según fuentes del notariado, Justicia les informara de la intención del Ejecutivo de fomentar las resoluciones no judiciales en los procesos de embargo hipotecario. En el proceso de subasta del inmueble embargado se establece que el postor puede quedarse el inmueble por el 100% de su valor en la primera subasta o por el 75% en la segunda. En última instancia, si no existen más peticiones, que es lo usual, será el banco o caja quien se quede la vivienda en una tercera subasta. La importancia de que lo hagan pagando al menos un 60% de su valor, como ocurre en la vía judicial y prometen ahora los notarios, radica en que ese montante se le resta de la deuda al afectado por el embargo, que solo tendrá que hacer frente al saldo restante, descontando también los pagos que ya haya realizado. Dado que la vía extrajudicial tiene que estar recogida en la escritura pública y que hace falta el acuerdo de las partes - cliente y entidad-, el compromiso de los notarios supone un acicate para que los usuarios acepten procedimientos ante notario con la seguridad de que contarán con las mismas garantías que les concedería un juez.
Los notarios señalan que dado que “la normativa concursal española carece de mecanismos eficaces de carácter social cuando el ciudadano se encuentra en una situación de insolvencia, debido a su separación o divorcio, a estar en desempleo prolongado, a una incapacidad, etc.”, demandarán a Justicia que tome las medidas correspondientes para “equiparar nuestro ordenamiento jurídico al de los países de nuestro entorno”.  

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Fuente: Cinco Días, El Economista, ABC y La Razón

El Gobierno calcula que en junio de 2012 será aprobado el Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha hecho hincapié en la importancia del alquiler y de la rehabilitación de edificios, tanto para reactivar el sector inmobiliario como para contribuir positivamente a la economía.  
Si bien no hay nada decidido, en Fomento ya contemplan varias líneas maestras en materia de vivienda, que además de las dos ya citadas, pasan por la potenciación de un plan de vivienda protegida de alquiler y alquiler con opción a compra, el estudio de los impuestos que gravan la compraventa y una mayor información y protección del ciudadano con objeto deevitar desahucios.  
En general los expertos creen que las medidas esbozadas por el Ministerio están bien enfocadas. 

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Fuente: El Mundo