Noticias sobre Exclusión social

En medio de la crisis que vive Europa, las instituciones de Bruselas y Estrasburgo han asumido el compromiso de aprobar una ley pionera de hipotecas, cuyo objetivo es incrementar la protección de los ciudadanos y evitar futuras crisis, vinculadas al sobrecalentamiento del mercado inmobiliario. La nueva Directiva sobre Hipotecas será aprobada en pleno, previsiblemente, en septiembre. Desde este momento, España tendría dos años para implementarla.
Antolín Sánchez, responsable de negociar esta directiva por parte de la Eurocámara, señaló, entre otras cuestiones, que la ley exigirá, en caso de impago, una mayor tolerancia por parte de la banca, antes de proceder a las ejecuciones, especialmente si afecta a ciudadanos en riesgo de exclusión social. En este sentido, limitará los cargos abusivos que puedan derivar de los impagos e impedirá a los Estados miembros oponerse a la dación en pago acordada entre las partes. Junto a ello, la normativa exige que, en el caso de desahucio, la entidad busque el mejor precio por la venta de la propiedad. A la hora de formalizar el contrato del préstamo, la Directiva recoge que el consumidor disponga de un periodo obligatorio de reflexión de siete días antes de la firma, o bien del mismo periodo para retractarse tras la firma. Por otro lado, el eurodiputado explicó que la legislación prohibirá ofrecer créditos condicionados a la compra de seguros u otros productos.
El Parlamento ha incidido en la transparencia de los contratos, de ahí que regule estrictamente la información de los préstamos multidivisa. Los clientes que opten por estos productos podrán, en todo momento, denominar el préstamo en euros y se fijarán topes, que eviten incrementos desproporcionados en el importe a pagar.

#cambiar-hipoteca#

Fuente: Expansión

Xavier Trias, alcalde de Bardelona, anunció la construcción de 1.000 viviendas de alquiler económico, con rentas de entre los 200 y 400 euros mensuales, para familias, jóvenes, personas mayores y personas con riesgo de exclusión social. Para conseguir la inyección de dinero para su construcción, el Ayuntamiento creará una sociedad mixta que gestionará los 26 aparcamientos de titularidad pública que hay en el centro de la ciudad. El Consistorio conservará el 40% de las acciones de esta sociedad y el resto será de la empresa ganadora de un concurso. La operación permitirá obtener inicialmente 100 millones de euros para construir las viviendas. Antes deberán iniciarse conversaciones con el resto de grupos políticos para que den el visto bueno a esta propuesta económica.
El plan supondrá incrementar en un 10% el parque de alquiler protegido de la ciudad. El alcalde recordó que el 80% de los inscritos en el registro de solicitantes pide pisos de arrendamiento. El 50% de las viviendas las construirá el Patronat Municipade l’Habitatge, que con la inyección de 50 millones podrá poner en marcha promociones que llevan muchos años paralizadas. El otro 50% de las viviendas serán de alquiler social, subvencionadas en función de los ingresos de los inquilinos. En ellas se alojarán personas y familias con pocos recursos, que han sufrido un desahucio, presentan discapacidades o son víctimas de la violencia de género, entre otras situaciones. Las rentas de estos alojamientos no superarán el 30% de los ingresos mensuales”, dijo Trias. Al margen de los pisos que construirá el patronato, en los próximos tres años el Ayuntamiento invertirá otros 40 millones a través de un programa con entidades sin ánimo de lucro o entidades privadas, a las que proveerá de suelo público y dotará con ayudas. “Así se podrá ampliar el parque de viviendas sin perder suelo de titularidad municipal”, dijo el
alcalde. A través de esta iniciativa se construirán 400 pisos más. Por último, se destinarán 10millones a la rehabilitación de un centenar de viviendas ya construidas y que estén vacías.

cambio hipoteca

Fuente: La Vanguardia

El Ministerio de Economía ha publicado el primer balance oficial del código de buenas prácticas para la banca que impulsó el Gobierno hace nueve meses para evitar los desahucios de los más desfavorecidos. Según los datos correspondientes al primer trimestre de aplicación de la medida (entre el 11 de marzo y el 30 de junio), solo ocho procesos terminaron con la
dación en pago. En total se recibieron 568 solicitudes para acogerse al código, que establece un plan de flexibilización de condiciones del pago del préstamo y que exige que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. De esas 568 solicitudes, 278 se
resolvieron. Además de los ocho casos de dación en pago, en 44 casos se llevó a cabo una reestructuración de la deuda. El resto (226) fueron rechazadas por las entidades porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas. De los 100 bancos o antiguas cajas que se acogieron al código (de adscripción voluntaria), solo 28 declararon haber recibido peticiones. Desde Economía defienden, no obstante, que se trata de un plazo de tiempo demasiado corto como para valorar el impacto de la medida, y que habrá que esperar a ver qué ocurre con las 700 solicitudes adicionales recogidas entre julio y septiembre.  
“Se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia”, aseguró el Ministerio en un comunicado. El Ejecutivo no descarta rebajar las condiciones actuales del código para incluir a más familias. Se debatirá en el pleno del Congreso y, a partir de ahí, se iniciará el trámite parlamentario donde podría haber modificaciones. Entre ellas, rebajar el mínimo de ingresos que deben tener los acogidos a este código, y que se incluyan pisos de un valor inferior.

cambio hipoteca

Fuente: El País, Cinco Días, El Economista, ABC, El Mundo, La Gaceta