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El Ayuntamiento de Madrid anuncia la red de viviendas solidarias

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, anunció que para la próxima legislatura municipal uno de los proyectos es la Red de Viviendas Solidarias 2012‐2015. Este programa pondrá 200 viviendas propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a disposición de las familias afectadas por los procesos de desahucio, especialmente para aquellas con todos sus miembros en paro y con personas a su cargo. Las viviendas se sacarán en régimen de alquiler, con un precio social de 3 euros por metro cuadrado, hasta un máximo de 200 euros. Al Ayuntamiento pondrá estas casas a disposición de entidades y organizaciones dedicadas la lucha contra la exclusión y a ellas podrán acceder otras personas o familias que los servicios municipales determinen por estar en situación o riesgo de exclusión.

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Fuente:El Economista, El País, El Mundo, ABC, La Gaceta, La Razón

Publicado el: 15/06/2012 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Se podrá cobrar el plan de pensiones para evitar el embargo de la vivienda

El Ministerio de Economía ampliará los casos en los que se puede cobrar anticipadamente el ahorro colocado en los planes de pensiones para aliviar la situación de los partícipes más castigados por la crisis. El objetivo es facilitar los reembolsos a los titulares de estos productos que tengan que afrontar el “procedimiento de ejecución sobre su vivienda habitual”. La modificación para permitir este cambio se realizará a través de la futura Ley de Supervisión del Seguro, que modificará la actual normativa de planes de pensiones. Este documento se remitió al sector y será debatido el próximo 8 de mayo en la reunión de la Junta Consultiva de Seguros y Pensiones. La normativa entrará en vigor a finales de 2012 o principios de 2013, según las previsiones.  
El reglamento de desarrollo de esta ley, pendiente de redactar, recogerá dos condiciones para el rescate anticipado: que el partícipe no posea otros bienes que puedan utilizarse como garantía ante el embargo de la vivienda habitual y que el ahorro colocado en el fondo de pensiones sea suficiente para evitar el desahucio.  

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Fuente:Expansión

Se crean oficinas de mediación hipotecaria

Desde que comenzara la crisis en el año 2007 y hasta el último trimestre de 2011, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas por el Tribunal Superior de Justicia ha ascendido a 328.687. Para no repetir estos números y evitar los desahucios, algunos colegios de abogados han puesto en marcha junto con los ayuntamientos oficinas para el asesoramiento e intermediación hipotecaria.
Tarrasa ha sido el primero. Lluisa Melgares, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Tarrasa, explicó que “ante los más de 5.000 pisos vacíos que había en la ciudad en 2011 y la abundancia de jóvenes con escasa cualificación en paro, nos planteamos actuar decididamente”. Tras abordar el problema con los bancos y ante la falta de una respuesta positiva, decidieron recurrir al Colegio de Abogados de Tarrasa, que lo puso en marcha el pasado enero. Su decano, Miquel Samper, señaló que “El coste directo del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria es 3.150 euros y el de un expediente de intermediación con resultado positivo asciende solo a 166 euros. Es evidente que el problema del lanzamiento hipotecario cuesta muy caro a la sociedad, sin entrar en los costes de todo tipo que supone para las familias”, explicó. Ante esta situación, otros colegios de abogados han decidido copiar la iniciativa. Cádiz y Jerez de la Frontera ya han firmado un acuerdo con sus respectivos ayuntamientos. En Granada, Almería y Gerona están a punto de llevarlo a cabo.

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Fuente: Cinco Días, El País

Récord de desahucios durante 2011

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para evitar el drama que suponen los desalojos de las familias de sus viviendas, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes. La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

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Fuente: El País

Los cambios necesarios en las hipotecas

Julio Rodríguez López, miembro de Economistas frente a la Crisis comenta que el procedimiento de ejecución hipotecaria vigente en España da lugar a que la mayoría de los hogares que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas permanezcan endeudados con las entidades financieras después de perder la vivienda, señala que la gravedad del problema obliga a plantearse la necesidad de modificar dicho marco legal, sin perjuicio de que el Gobierno desarrolle actuaciones inmediatas a través de acuerdos con las entidades prestamistas. “El problema lo complica el reducido peso del mercado de alquiler en España. Solo el 11,8% de los hogares reside en viviendas de alquiler, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Dicha circunstancia agrava el problema de los hogares desahuciados, por lo que la política de vivienda estatal debería de canalizar sus energías hacia la creación de un parque de viviendas sociales de alquiler más significativo que el existente. Este último supone solo el 2% del parque de viviendas familiares de España, muy por debajo de las proporciones correspondientes a los países de Europa Occidental”
“El cambio deseable de la normativa de ejecuciones de las garantías hipotecarias sobre las viviendas principales debería de llevar a establecer en España un sistema equivalente al concurso de acreedores para los hogares sobreendeudados, y ello para los nuevos préstamos que se concediesen a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa”, argumenta. Añade que “dicho sistema llevaría al procedimiento conocido como fresh start, en el que el deudor sin bienes suficientes para pagar y que no ha incurrido en fraude, se le libera de las deudas pendientes, incluso sin consentimiento del acreedor,  procedimiento existente en la mayoría de los países del entorno de España. Lo ideal sería que el prestatario moroso que actuó de buena fe no debería de perder su vivienda”.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno establece reglas para los desalojos que incluyen la dación en pago

El código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo. Es decir, las entidades que voluntariamente se comprometan a firmar ese acuerdo, podrán aplicar las medidas beneficiosas para los actuales procesos de desahucio. No obstante, dependerá de en qué momento procesal se encuentren los trámites para que se puedan acoger a estas condiciones.

El Gobierno espera que la mayoría del sector financiero se acoja a este código, “porque todos tenemos que hacer esfuerzos en este momento difícil”, según Sáenz de Santamaría. Las entidades están en contra de que se recupere la dación en pago y consideran que la supuesta “voluntariedad” es en realidad una “obligatoriedad, porque nadie se puede oponer al Gobierno, que es el que manda”, comentaron fuentes del sector que pidieron el anonimato.

Las condiciones para estar incluido en este plan de flexibilización de condiciones es estar en el umbral de exclusión que exige que todos los miembros de la familia estén en paro (hay 1,5 millones); que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. El precio va en una escala que se inicia en los 200.000 euros como máximo en ciudades de más de un millón de habitantes hasta las poblaciones de menos de 100.000 habitantes, donde el límite son casas de menos de 100.000 euros. Los afectados no podrán tener rentas del trabajo o de actividades económicas. Los intereses moratorios no podrán ser superiores a 2,5 puntos sobre el tipo aplicado al préstamo. “Los actuales eran exagerados”, recalcó la vicepresidenta.

Ante el impago de las cuotas, se activará el siguiente proceso: primero se reestructurará la deuda ofreciendo hasta cuatro años en los que solo se pagarán los intereses y no el capital. También se podrá prolongar la hipoteca 40 años. El tipo aplicado sobre el euríbor en estos casos no superará los 0,25 puntos sobre el habitual.

Si este plan no es suficiente se aplicará el segundo que consiste en una quita de la deuda. Si aún así es inviable el pago del préstamo se aplicará la dación en pago. “La familia afectada podrá seguir dos años más, prorrogable, en alquiler”, dijo la vicepresidenta. El precio del alquiler será el 3% sobre la deuda pendiente. Es decir, si deben 100.000 euros, el alquiler será de 250 euros mensuales.

Santamaría dijo que la acogida del sector había sido “buena”. Pero no fue así, al menos entre los bancos. Las cajas sí se mostraron más favorables, aunque la procesión va por dentro. La Asociación Española de Banca (AEB) afirmó: “Las entidades bancarias están teniendo que asumir funciones contra la exclusión social que corresponden a las Administraciones públicas”. La patronal recordó que los bancos ya flexibilizan las hipotecas de los clientes más apurados y añadieron que “una política eficaz para combatir la exclusión social debe basarse en atacar sus causas y no solo en paliar sus efectos”. Las cajas destacaron su vocación social, aunque evitaron valorar la norma “hasta la publicación del texto definitivo”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca criticó la norma porque “la mayoría de las ejecuciones se inician para deudas superiores a 200.000 euros”. También añadieron que los bancos aceptan las daciones en pago cuando la deuda es inferior al precio de las viviendas.

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Fuente: El País

Este año Bankia venderá pisos con descuentos del 50%

Fernando Sobrini, subdirector general de Bankia y director de Banca de Particulares de la entidad, espera que la concesión de crédito vaya aumentando a lo largo de 2012, “a medida que despejemos incertidumbres. Las entidades financieras son las primeras interesadas en aumentar el crédito, porque es una de sus bases principales de negocio. En el mercado de vivienda, explica que “Bankia ha sido una de las entidades que más inmuebles ha vendido en 2011: más de 5.100 comercializados, vendidos y alquilados, con importantes descuentos, del 30% de media. Para este año, hay un objetivo de comercializar en torno a 9.000 inmuebles. Los descuentos ya superan el 50% en muchos casos. En 2012, algunas ofertas puntuales podrían superar descuentos del 60%”.  
Sobre el código de buenas maneras para evitar desahucios Sobrini dice que “es un buen código de referencia para sensibilizar sobre la necesidad de buscar todas las soluciones posibles para los clientes con dificultades de pago. Sin embargo, cree que lo fundamental es evitar que el cliente llegue a una situación de desahucio. Esto se consigue en una etapa previa, flexibilizando las condiciones de financiación. Por ejemplo, Bankia ha realizado 100.000 operaciones de flexibilización desde 2009. Se ofrecen soluciones diversas: agrupar las deudas hipotecarias, tarjetas y de consumo; alargar los plazos de pago; o diseñar un nuevo sistema de amortización, con periodos de carencia o cuotas crecientes. Para el 85% de estos clientes la solución fue definitiva, pudiendo mantener su préstamo en mejores condiciones y evitar así la mora. Además, en el caso de Bankia ya ofrece la posibilidad de la dación en pago para saldar el total de la deuda para los clientes que no tienen ninguna capacidad de pago. Le puedo asegurar que, en Bankia, estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar situaciones así”. 

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Fuente:El Economista

Alquiler y rehabilitación, piedras angulares del plan de vivienda

El Gobierno calcula que en junio de 2012 será aprobado el Plan de Vivienda, Alquiler y Rehabilitación. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha hecho hincapié en la importancia del alquiler y de la rehabilitación de edificios, tanto para reactivar el sector inmobiliario como para contribuir positivamente a la economía.  
Si bien no hay nada decidido, en Fomento ya contemplan varias líneas maestras en materia de vivienda, que además de las dos ya citadas, pasan por la potenciación de un plan de vivienda protegida de alquiler y alquiler con opción a compra, el estudio de los impuestos que gravan la compraventa y una mayor información y protección del ciudadano con objeto deevitar desahucios.  
En general los expertos creen que las medidas esbozadas por el Ministerio están bien enfocadas. 

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Fuente: El Mundo

Nuevo marco para proteger al hipotecado en caso de desahucio

Los Ministerios de Fomento y Justicia crearán una comisión que estudiará las eventuales herramientas que debe poner el Gobierno en marcha para mejorar la protección a los hipotecados en los procesos de desahucio. Durante su comparecencia en la comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, la ministra Ana Pastor explicó que esta comisión servirá para “establecer herramientas que mejoren la protección a los adquirentes de vivienda”, al tiempo que añadió que el Gobierno quiere también reformar la Ley de Expropiación Forzosa. La ministra de Fomento indicó que la situación actual, “en la que hay más de 300.000 desahuciados, requiere de un análisis profundo y del estudio de esta comisión”. Desde el resto de grupos políticos se recordó que debería volver a activarse la subcomisión creada al final de la legislatura pasada para abordar posibles soluciones a estos casos y una mejor regulación de la dación en pago.
En materia de alquiler, el plan contempla la mejora y flexibilización del actual marco jurídico que regula este sector. Con este fin, se flexibilizará la duración de los contratos (en la actualidad de cinco años), como ocurre en la mayor parte de Europa, y se establecerán medidas que garanticen la seguridad jurídica. Asimismo, se promoverá la mediación como medida de resolución de conflictos entre las partes y se estudiará, también junto a Justicia y las regiones, la implantación de juicios rápidos en esta materia.

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Fuente: Cinco Días

El Parlamento Europeo descarta que la dación en pago sea general

Una nueva norma para unificar, impulsar y dotar de mayor seguridad el mercado hipotecario europeo es el objetivo que se ha marcado el Parlamento Europeo, que pretende aprobar una directiva sobre los préstamos para vivienda en la primera mitad de 2012. La norma debe ser negociada con el Consejo y con la Comisión Europea. La propuesta que presentó el ponente de la comisión, el eurodiputado socialista gallego Antolín Sánchez Presedo, menciona la necesidad de mejorar la información que reciben los ciudadanos que contratan una hipoteca o de asegurar una tasación imparcial de la vivienda, pero deja fuera una de las reclamaciones fundamentales del movimiento de apoyo a los desahuciados: la aprobación con carácter general de la dación en pago. Sánchez Presedo defiende esta figura tan solo cuando las dos partes -cliente y banco- estén de acuerdo, algo que ya recoge la Ley Hipotecaria vigente en España. "Me ha dejado perplejo oír hablar de dación en pago solo si hay acuerdo entre las partes, cuando hay más de tres millones de viviendas vacías y se está produciendo una violación sistemática de los derechos de los deudores en las ejecuciones hipotecarias", intervino Rafael Mayoral, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
El seminario sirvió para presentar las directrices de la directiva, que incluyen ideas como fijar un periodo de reflexión para los consumidores que contratan una hipoteca o establecer normas claras de asesoramiento, separadas del material publicitario. Los organizadores del encuentro admitieron en las conclusiones finales que el sector ha cometido excesos en los últimos años y se hicieron eco del malestar que genera entre los consumidores el hecho de que la dación en pago sea tan solo una opción, y no algo generalizado y obligatorio.

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Fuente: El País

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