Noticias sobre Desahucio

El decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios concederá dos años de respiro para determinados colectivos ‐familias vulnerables con rentas bajas‐ pero no protege al grueso de los potenciales afectados. A continuación se enumeran los pasos a seguir para eludir o retrasar el desahucio hipotecario, basada en las alternativas ofrecidas por la banca, el Gobierno o las asociaciones de abogados y consumidores.  
El primer paso es siempre tratar el problema con la entidad que ha concedido la hipoteca. La comunicación debe ser fluida e iniciarse en cuanto hay apuros para afrontar uno o dos pagos de la cuota, ya que los problemas suelen ir incrementándose con el tiempo. Las entidades han puesto en marcha planes de renegociación que incluyen aplazamientos, modificación de las condiciones o conversión del contrato en alquileres sociales.  
Existen determinados colectivos a los que las entidades firmantes del código de buenas prácticas para la banca, prácticamente todas, están obligadas a flexibilizarles la deuda hipotecaria. Son aquellas familias con todos sus miembros en el paro, para las que el pago de las cuotas hipotecarias supere el 60% del conjunto de sus ingresos ‐aunque sean prestaciones por desempleo‐  y en las que la hipoteca esté concedida sobre su única residencia, no superando esta los  120.000 euros en pequeñas poblaciones o los 200.000 en grandes ciudades. Si se forma parte de este grupo hay que acreditarlo ante la entidad, quién en el plazo de un mes deberá presentar un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años sobre el pago del capital y un límite de Euribor más 0,25 en los intereses. Si aun así no es posible hacer frente a la deuda, la entidad podrá ofrecer una quita y, en última instancia, saldar la deuda con la entrega de la vivienda y permitir que la familia siga residiendo en ella bajo un alquiler social durante dos años.
Para quienes queden fuera del umbral de protección del código se ha introducido el paraguas del decreto antidesahucios, que paraliza durante 24 meses el desalojo de familias numerosas, monoparentales con hijos, parados sin prestación o discapacitados siempre que cobren menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria sea el 50% de sus ingresos.  
Para el resto de afectados que no estén protegidos, la asociación de consumidores Ceaccu ha ideado una estrategia legal que permite aplazar el desahucio entre tres y 10 años. Se trata de “darle la vuelta a la tortilla” y que “el afectado que era la víctima del banco, pase a ser su verdugo tomando la iniciativa judicial”, resume el responsable del departamento jurídico de Ceaccu, Eugenio Ribón. Una vez que el banco acude al juzgado de primera instancia para reclamar la ejecución de desalojo, el procedimiento consiste en demandar al banco por las cláusulas abusivas del contrato hipotecario, lo que debe hacerse en el juzgado de lo mercantil.  
Una vez presentada la querella ante el juzgado de lo mercantil, hay que acudir con copia sellada al de primera instancia en el que la entidad ha requerido el desahucio para que se suspenda. La paralización puede alargarse hasta a 10 años.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno trabajará, en la tramitación parlamentaria de la reforma de las ejecuciones hipotecarias, para erradicar el problema de “las cláusulas abusivas que eventualmente puedan existir, con el fin de limitarlas a términos justos para ambas partes o de erradicarlas completamente”, aseguró el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury. El dirigente gubernamental, que ha pilotado las negociaciones para consensuar con el PSOE una reforma del sistema de ejecuciones hipotecarias, insiste en que “se va a prestar una especial atención” a estas cláusulas, por lo que no se descarta “prohibirlas”.
Asimismo, el Gobierno “analizará” que los desahuciados puedan recomprar sus inmuebles. Preguntado sobre la posibilidad de que el deudor hipotecario goce de un plazo de tiempo para recuperar el bien adjudicado, por el mismo precio más los intereses legales, Temboury contestó: “Es una propuesta inteligente y equilibrada y será valorada en la tramitación parlamentaria”.
El Ministerio de Economía rechaza la dación en pago, ya que perjudicaría a la concesión de financiación, de por sí limitada actualmente: “La eliminación de la responsabilidad patrimonial universal y la imposición de la dación en pago conducirían a una situación en la que resultaría inviable en el futuro el crédito hipotecario, perjudicando de este modo el acceso a la vivienda en propiedad, que solo sería asumible por quién pudiera pagarla de antemano”, asegura el subsecretario de Economía.

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Fuente:Expansión
 

La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) respaldó de forma oficial las iniciativas que están llevando a cabo los ayuntamientos “para paliar el drama de los desahucios” y las “situaciones de emergencia social” derivadas de estos. En un comunicado, el presidente de la Femp, Íñigo de la Serna, aseguró que los gobiernos locales “no son insensibles ante los dramas personales y familiares que padecen aquellos ciudadanos que se ven afectados por un desahucio”.  
La Femp ha terciado en el debate porque no son pocos los casos de consistorios que han paralizado o boicoteado las ejecuciones hipotecarias. Estos días se sumaron los de Vigo y Zaragoza. El alcalde de la capital aragonesa, Juan Alberto Belloch, anunció que la Policía Local de Zaragoza no volverá a colaborar en los procedimientos judiciales dirigidos al desahucio de personas o familias de la ciudad hasta que no se regule de nuevo el proceso con criterios sociales. Esto es algo que ya ocurría en Montoro (Córdoba) desde junio. Y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, manifestó su “voluntad” de retirar las cuentas municipales de las entidades que ejecuten desahucios y, por ello, dio instrucciones a la concejala de Hacienda para incluir en los concursos públicos la condición de que los desahucios de viviendas sean “causas de resolución del contrato de forma inmediata”. Algo que ya anunció el Ayuntamiento coruñés de Ares y que ha pedido el PSE para todos los municipios del País Vasco.

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Fuente:Expansión

Bilbao acogió un congreso sobre Justicia y medios de comunicación en el que el drama de los desahucios se convirtió en protagonista. Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo (Vizcaya), ya adelantó la posición de los magistrados, cuando ordenó el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña, que se arrojó al vacío cuando la comitiva judicial subía las escaleras para desalojarla a ella y a su familia por impago de la hipoteca. Según dijo Mediavilla, “hay que hacer reformas para evitar estas tragedias”. Esa argumentación tuvo su continuación en el citado congreso. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la apertura del evento que no haya “demoras” en la toma de medidas para solucionar el problema social de los desahucios. Añadió que el Poder Judicial está “integrado por ciudadanos que no son ajenos a la sociedad en la que viven”, en relación con la “dramática situación” de las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.
En esa línea argumental abundó Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En relación con los desalojos de las viviendas, señaló que los jueces intentan “sacar chispas de la justicia”, en la interpretación de las normas actuales y en favor de aquellos ciudadanos que viven una situación que “a veces se revela injusta”. Ibarra defendió que “ninguna persona que esté en un procedimiento ejecutivo hipotecario en el que haya riesgo de pérdida de la vivienda familiar quede sin defensa jurídica. Esa es la primera de las garantías y nos corresponde a los jueces hacerla efectiva”.

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Fuente: Cinco Días

Intereses de demora, costas y comisiones bancarias por el impago de mensualidades pueden duplicar la deuda hipotecaria una vez que el banco decide ejecutar el préstamo hipotecario por impago e iniciar el procedimiento de desahucio. Estos son tres de los principales problemas que Gobierno y PSOE tendrán que despejar en sus negociaciones si quieren acabar con el actual panorama de desahucios. El problema es que cuando se inicia el procedimiento, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que la entidad bancaria dé por vencida la totalidad del préstamo, aunque no se haya producido más que el impago de una sola de las cuotas. Esto quiere decir que el banco puede reclamar en ese momento todo lo adeudado por el capital e intereses ordinarios y, además, los intereses de demora, en este caso por la totalidad del préstamo. Esta situación ha venido siendo denunciada por los registradores de la propiedad durante los últimos años y por los jueces en los últimos meses, ya que en muchas ocasiones consideran que se roza la usura. Estos intereses suponen por término medio algo más del 20%, aunque en ocasiones los dígitos sobrepasan esas cifras, apoyándose en el vacío legal y en una jurisprudencia que en muchas ocasiones los ha considerado procedentes a la vista del incumplimiento del deudor. Con la exigencia del capital más los intereses legales hacen inviable cualquier solución y agravan alarmantemente la insolvencia del deudor de la que ya no va a poder salir.
La solución pasaría por limitar los tipos de los intereses de demora y la segunda limitar el importe y las cuotas que devengan intereses de demora, al menos a sólo la deuda existente en el momento de la ejecución por el juzgado. El problema de las costas judiciales es que en muchas ocasiones también se calculan sobre el total de la hipoteca y no sobre la cantidad adeudada en el proceso. Además, existe una amplia discusión sobre si deben acumularse o no los impagos reiterados, ya que unos jueces los tratan como un solo asunto mientras que otros los separan.

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Fuente: El Economista

El sector financiero aguarda el fondo y la forma de las modificaciones reglamentarias en las que trabajan el Gobierno y el PSOE para frenar los desahucios. Las entidades confían en que no se adopten medidas generalistas, sino con un enfoque “caso por caso”. Fuentes del sector indican que un cambio de calado en el marco hipotecario tendrá impacto en las cuentas de resultados. Esperan que las medidas que se acuerden afecten a colectivos en situación de extrema necesidad, ya que, en caso contrario, “pueden suponer una discriminación para quienes pagan las hipotecas”. Las mismas fuentes dicen que cada vez que se deja de pagar una hipoteca, se ponen en riesgo los depósitos de otros clientes.
En medios financieros también se recalca que una generalización de las medidas puede dificultar la concesión de nuevas hipotecas, así como elevar la morosidad. La semana pasada el Banco de España recordó que uno de los factores que explica la reducida morosidad de las hipotecas de particulares en España (3%) está relacionado con el diseño del mercado hipotecario. “Los incentivos al impago se ven aminorados en la medida en que los prestatarios son responsables con todo su patrimonio si, una vez ejecutada la garantía, el valor de ésta es insuficiente para satisfacer el importe adeudado”, indica el último Informe de Estabilidad Financiera. Con todo, tras el proceso de saneamiento y recapitalización impulsado por el test de estrés de Oliver Wyman, el sector podría resistir que la mora de hipotecas se disparara del 3% al 15%.

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Fuente: Expansión

El Gobierno asume que necesita hacer algún movimiento “urgente” para responder al problema social de los desahucios. La comisión presidida por el Ministerio de la Presidencia y con participación de Justicia y del área económica del Ejecutivo, trabaja bajo ese imperativo, según confirman fuentes oficiales.  
Desde el Gobierno advierten de que hay que tener en cuenta que no todos los desahucios son provocados por ejecuciones hipotecarias; y que tampoco todos los procesos de ejecución hipotecaria terminan en desahucios. Además, la revisión de la normativa actual y de la aplicación del Código de Buenas Prácticas se está haciendo sobre la línea roja de centrar el “tiro” en buscar soluciones para los casos de familias inmersas en procesos de ejecuciones hipotecarias y que no tienen otra vivienda en la que residir. “Ésta es la prioridad y sobre esto hay que centrar todas las actuaciones. Sin confundir, porque no todos los desahucios están afectando a gente que necesita esa vivienda para vivir”, precisan las fuentes consultadas. Dentro de esa “confusión”, desde el equipo económico del Gobierno citan, por ejemplo, un reciente caso de un suicidio de un desahuciado para precisar que no fue por problemas con su banco, sino por “una disputa de sucesión familiar”.
En cualquier caso, la comisión del Gobierno trabaja con urgencia sobre distintas propuestas, entre las que están actuaciones para incrementar la transparencia. Por ejemplo, publicar la lista de entidades financieras y su número de desahucios. Dicen en medios gubernamentales que están convencidos de que una medida como ésta tendría “una reacción inmediata” por parte de los bancos por el coste para la imagen de su marca ante la ciudadanía.  

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Fuente: La Razón

El Gobierno es reacio a modificar la ley para frenar los desahucios, tal y como le pide la oposición y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa. El Ministerio de Economía asegura que es pronto para determinar si el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos ha funcionado. Se aprobó hace seis meses pero, en realidad, ha estado en vigor menos de dos porque luego se abrió un plazo para que los bancos se sumaran voluntariamente a un acuerdo que, una vez suscrito, les obliga a ser flexibles al ejecutar desahucios. Además, el Gobierno asegura que los procedimientos son largos por lo que los que se ejecutan ahora se iniciaron antes de la puesta en marcha del código, sin posibilidad de que esta norma haya frenado los que estaban ya avanzados. Explican que la comisión de seguimiento ‐en la que participan la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el secretario de Estado de Economía‐, estudia modificar los umbrales de ingresos en los que se excluyen los desahucios.
Esos umbrales se fijan en función de que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas o bienes con que hacer frente a la deuda; que la cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos que perciba la unidad familiar y que el precio de la vivienda no supere un precio tasado en función del número de habitantes del municipio.
La otra vía en la que se trabaja, siempre con acuerdo con los bancos, es la de buscar fórmulas que obliguen a las entidades que han recibido dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a poner parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de personas sin recursos que no puedan hacer frente a sus créditos hipotecarios.

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Fuente:El País

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres‐Dulce, ha rehusado valorar el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyo anexo se critica el sistema de desalojos, porque, asegura, debe “respetar la autonomía” de este órgano. Tras esta declaración, ha admitido que se trata de un tema que merece una “reflexión” por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley. Realizó estas declaraciones al ser preguntado por el informe elaborado por un grupo de magistrados, bajo la coordinación del vocal del CGPJ Manuel Almenar, en el que se proponen medidas para cambiar el actual sistema de desahucios. Este informe se une a los dramas vividos en los últimos días, tras suicidarse en Granada un vecino que iba a ser expulsado de su casa. Otro hombre, fue hospitalizado en Valencia, tras saltar al vacío desde el balcón del domicilio del que iba a ser desalojado. Estos hechos han multiplicado la polémica sobre los desahucios, en la que Torres‐Dulce no ha querido entrar al hilo del informe que se ha negado a asumir el CGPJ. Aseguró que respeta la autonomía del máximo órgano de representación de los jueces, que “no asume (el informe) como tal, sino que lo considera una opinión de expertos”.  
Respecto a la posibilidad de que la fiscalía desarrolle iniciativas para intervenir en estos procesos, ha explicado que su participación en juicios de desahucios es “muy marginal”. No obstante, ha matizado que es un tema que “evidentemente” merece una “reflexión” por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley, en ocasiones “en situaciones muy especiales”.  

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Fuente: El País

El Partido Socialista presentará una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados contra el desahucio, el sobreendeudamiento y la insolvencia familiar. Una iniciativa que albergará medidas como impedir que la hipoteca sobre la vivienda habitual cuente con un crédito de un plazo superior a 30 años o con un principal que supere el 80% del valor de tasación de la vivienda.

El PSOE, con este texto, dice buscar resolver los problemas derivados de la insolvencia sobrevenida no dolosa e ir más allá de permitir la dación en pago. Según los socialistas, la fórmula de la dación soluciona sólo una parte del problema. Además, propone medidas para evitar el sobreendeudamiento en el futuro.

Esta propuesta alcanza directamente a cinco normas: la Ley Hipotecaria, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, incluyendo los créditos hipotecarios.

En las subastas, se modifican normas para que si queda desierta se impida la adjudicación del bien por una cantidad excesivamente baja. Cuando existas postores, se elevan los porcentajes sobre el valor de tasación para evitar su mal abaratamiento. Asimismo, se imposibilita ceder la adjudicación a un tercero menos en el caso del ejecutante y, en este caso, se establece el derecho a percibir parte de la diferencia de precio si dicha cesión se realizara por cantidad superior a aquella por la que se remató la subasta.

En cuanto a las tasaciones de vivienda, se establece que el valor de tasación en una ejecución hipotecaria no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para dar el préstamo. Además, exige una mayor independencia de las sociedades de tasación.

Sobre los intereses de demora, se establecen límites a estos intereses, que no podrán ser superados por pacto expreso entre acreedor y deudo. Además, se paraliza el devengo de intereses de demora durante la sustanciación del procedimiento si es la ejecución de una vivienda habitual. Para proteger a los acreedores, se introducen mejoras respecto a las notificaciones a los fiadores y garantes y se aplica la ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios a los créditos hipotecarios.
Límites al interés de las hipotecas

Para prevenir el sobreendeudamiento, se obliga a las entidades a incluir la determinación del esfuerzo financiero en la información que dan a los clientes sobre el préstamo y se fijan mayores exigencias en la formalización de los contratos entre entidades y clientes. Además, se establece un límite de cinco puntos a la variabilidad del tipo de interés.

Además, se obligará a aplicar el Código de Buenas Prácticas a todas las entidades que reciban apoyo, se amplía el umbral de exclusión a las familias con rentas que no superen en dos veces y media el Iprem (hasta ahora sólo podían acogerse familias sin rentas).

Finalmente, se rebaja el requisito del porcentaje que debe suponer la cuota hipotecaria sobre los ingresos familiares del 60% al 50%, se flexibilizan los requisitos sobre los garantes de los próximos préstamos hipotecarios y se reduce el interés de demora que hay que satisfacer en caso de que el impago de la renta de una vivienda objeto de dación en pago del 20% al interés legal del dinero.

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Fuente:El Mundo