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La banca solicita una ley de insolvencias

La banca siente que la solución al problema de los desahucios está desenfocada al querer arreglar el drama de las familias más vulnerables con cambios en el mercado hipotecario susceptibles de encarecer el crédito para todos y constreñirlo si se adoptan soluciones como la dación en pago. El presidente de la Asociación Hipotecaria (AHE), Santos González, está de acuerdo con que la banca colabore en ayudar a las familias vulnerables al límite, con el fondo social de viviendas o la paralización de los desalojos, pero reivindicó que el problema es social y debe arbitrarse con medidas del mismo tipo –“las familias no pagan porque han perdido su empleo y la solución es crear empleo”, reivindicó‐. En segundo término urgió la adopción de una ley de “segundas oportunidades” o insolvencia para individuos y familias, al estilo de la ley concursal que facilita a las empresas reestructurar su deuda, pudiendo evitar tener que liquidarse.
Con una ley de “segundas oportunidades”, el ciudadano que no pueda encarar la hipoteca se acoge a un plan de pagos para afrontar el sobreendeudamiento con desembolsos parciales, renegocia la deuda o acuerda quitas. Al entrar en esta vía intervendría un mediador para hacer de interlocutor con los bancos y tomar las riendas de la solución. Se haría cargo de la situación financiera de la familia, intervendría los recursos y diseñaría un plan de pagos. Si no se cumple, se procede a la liquidación del patrimonio. En todo caso, ayuda al ciudadano a pasar página de la deuda. En Francia el rol del mediador lo asume el mismo banco central. “Es bueno y deseable recorrer ese camino. Pero la segunda oportunidad no se regala. Hay que ganarla”, alertó González. Apuntó que el sistema a largo plazo no debe ser como el arbitrado en España para socorrer de emergencia a las familias, donde el que no puede pagar su piso se queda viviendo en él con un alquiler social. En otros países, refirió, la situación financiera familiar queda registrada en unos archivos entre cinco y ocho años. Los ficheros de créditos impagados desalientan la concesión de nuevos préstamos. Una normativa así facilitaría la rehabilitación económica del deudor persona física. Distinto es dar alojamiento para familias que han perdido la vivienda con la crisis.

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Fuente: El Economista

La Asociación Hipotecaria se opone a la dación en pago

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) se opone frontalmente a la dación en pago generalizada, pero admite la necesidad de regular el sobreendeudamiento de las familias para que aquellas con demostrada insolvencia sobrevenida puedan saldar la deuda con un plan de pagos como el de las empresas. “El porcentaje de personas que están a punto de ser desahuciadas es muy pequeño, y lo que no puede ser es que por ese porcentaje se quiera cambiar la morfología de todo el sistema hipotecario”, argumentó el presidente de la AHE, Santos González, al rechazar, “de forma rotunda”, la fórmula de la dación en pago que incluye la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que tramita el Congreso de los Diputados. La AHE advierte que saldar la deuda hipotecaria únicamente con la entrega de la vivienda “perjudicaría a la credibilidad de España como país y a la viabilidad del sistema financiero”, y “limitaría la concesión de crédito” a la que puede aspirar una familia para comprar casa.  
Sin embargo, la asociación está dispuesta a avalar otros cambios en la legislación. Es el caso de una ley de sobreendeudamiento familiar, o de segunda oportunidad, como se la ha conocido en Francia, que la AHE reclamó ayer como “una necesidad”. Se trata de equiparar a los particulares reconocidos como insolventes con las empresas que se acogen al concurso de acreedores, para que puedan hacer frente a sus deudas con un plan de pagos, que en algunos casos podrían concluir con la entrega de llaves de la vivienda. Esta medida, aprobada ya en otros países europeos, fue de hecho uno de los pilares maestros de la propuesta de ley registrada por el PSOE que el PP rechazó para impulsar su propia reforma hipotecaria. “La segunda oportunidad no se regala”, matizó, aún así, González, explicando que el insolvente entraría en una suerte de listado de morosos del que tardaría cinco u ocho años en salir.

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Fuente: Cinco Días

Se podrá usar el plan de pensiones para evitar la ejecución hipotecaria

El Gobierno permitirá rescatar los ahorros acumulados en un fondo de pensiones para evitar un desahucio. Así se contempla en una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, en trámite parlamentario. PP, CiU y PNV sacarán adelante la reforma.
La modificación ‐que a su vez afecta a la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones de 2002‐ propone como “excepción” que durante los próximos dos años la persona afectada por un desahucio pueda acceder al dinero depositado en un plan de pensiones para evitar la enajenación de su vivienda. En estos momentos la ley permite rescatar estos fondos solo en los supuestos de jubilación, enfermedad grave o incapacidad y desempleo siempre y cuando se hayan agotado previamente todas las prestaciones. La nueva opción se limita a casos extremos en los que el participe del fondo de pensiones “no disponga de otros bienes, derechos o rentas en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda objeto de la ejecución”. La enmienda también contempla otros productos financieros similares como los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social. El dinero en el plan de pensiones debe ser suficiente para evitar el desalojo.
Otra enmienda propone que el Banco de España realice un informe en los tres meses posteriores a la aprobación de la Ley con “recomendaciones” para mejorar en la independencia de las tasadoras. Y otra de las enmiendas tiene como objetivo permitir el acceso de más agentes a las subastas de los activos ejecutados y evitar una reducción drástica de su valor en caso de que la primera puja quede desierta.

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Fuente: El Mundo, El País, La Gaceta

El Gobierno quiere crear un registro de inquilinos morosos

La creación de un registro de inquilinos condenados por impagar el alquiler, que ha incluido el PP en el proyecto de ley de Fomento del Alquiler, pretende movilizar más de 500.000 pisos vacíos, situados en ciudades de más de 50.000 habitantes, cuyos propietarios no los ponen en alquiler por miedo a dar con un inquilino que no pague la renta, que les obligue a asumir costes judiciales para desahuciarle o que incluso pueda dañar el piso.
José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, explica que el registro, y otras medidas incluidas en el proyecto de ley como reducir la duración mínima del contrato a 3 años “ha de facilitar la transformación que está viviendo el mercado inmobiliario, que hasta ahora se basaba en la compra y que está pasando al alquiler”", que a su juicio alcanzará al 25% de la población en pocos años. “Con un alto paro, inseguridad en el empleo, renta disponible a la baja, crédito bancario escaso, y el recuerdo claro del desastre que supuso para muchas familias estar atadas a una hipoteca, la demanda de vivienda se ha decantado decididamente por el alquiler”, asegura. La oferta, sin embargo, va en la dirección contraria. Según los datos de la consultora Forcadell “la oferta de vivienda en alquiler mantiene un descenso lento, pero progresivo en grandes ciudades como Barcelona con gran capacidad de absorción”, mientras que “las peticiones de inmuebles en alquiler crecen a tasas del 10%”. Esa oferta, sin embargo, podría aumentarse. Según García Montalvo, “muchos propietarios que compraron pisos como inversión y que no pueden venderlos tendrán que asumir que la única manera de obtener algo de rentabilidad será ponerlos en alquiler. Y lo mismo el Sareb o banco malo o los propios promotores”.

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Fuente:La Vanguardia

Demandan una ley de quiebra familiar para atajar los desahucios

La presidenta del Consejo General de Consumidores, Francisca Sahuquillo, ha pedido la creación de una ley de quiebra familiar para hogares sobreendeudados y que todas las medidas dirigidas a paliar los desalojos se apliquen también a los avalistas de las personas inmersas en una ejecución hipotecaria.

Sahuquillo, que ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha afirmado que esta norma de quiebra para hogares debería incluir la posibilidad de que los tribunales puedan cancelar parte o toda la deuda, en función de las circunstancias de la familia afectada.

Habría que articular fórmulas para, si llega el caso, aplicar la dación en pago de la vivienda para cancelar la deuda y establecer planes de renegociación mediante arbitraje con la colaboración de organizaciones de consumidores para hacer viable el endeudamiento, ha añadido.

'Una familia puede ser desalojada sin tener en cuenta sus propias circunstancias, lo que supone robar su dignidad'
Según ha dicho, actualmente una familia puede ser despojada de su vivienda mediante "un procedimiento sumario" sin tener en cuenta sus circunstancias particulares, lo que supone "robar su dignidad" y "traicionar nuestros principios básicos".

La presidenta del Consejo de Consumidores ha apuntado que España podría seguir los modelos legislativos de países como EE.UU, Francia, Austria o Bélgica, adecuándolos a la especificidad de nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto a medidas más inmediatas, Sahuquillo ha demandado una paralización de las ejecuciones hipotecarias desde el comienzo del proceso y no en la última fase, la de desalojo, como estipula el real decreto aprobado en noviembre pasado, y que la moratoria se extienda a tres años, frente a los dos vigentes actualmente.

Estas medidas deberían acompañarse de la suspensión de los intereses de demora y de la exención del pago de tasas judiciales para las familias afectadas.

Para las personas ya desalojadas o inmersas en una ejecución hipotecaria, Sahuquillo ha dicho que habría que analizar los casos y no ha descartado la aplicación de la dación en pago.

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Fuente: El Mundo

Con la reforma hipotecaria la dación en pago será más fácil

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión

Se prevén 160.000 ejecuciones hipotecarias en el año 2013

Según un estudio de la consultora Alteba, durante este año y principios del próximo otras 160.000 familias podrían perder su vivienda. El desempleo vuelve a ser la gran amenaza de estos hogares. Desde que se produce el primer impago de la cuota hasta que se procede al desahucio suelen transcurrir una media, si la situación del moroso no mejora y no puede saldar la deuda, de dos años. Y como explica Miguel Ángel Bernal, profesor del Instituto de Estudios Económicos (IEE), “durante los años 2010 y 2010 se dio un repunte importante del desempleo que se va a notar ahora en los desahucios”.  
Para la banca, la entrada de más ‘ladrillo’ en sus balances es un problema relativo. “todo esto ya lo tienen provisionado, pues desde que se deja de pagar la tercera cuota de un crédito, éste ya se considera moroso y la entidad está obligada a provisionar un porcentaje de lo prestado para cubrirse ante su eventual impago”, explica Bernal. Si pueden, sin embargo, tener un efecto secundario muy importante en el deprimido mercado inmobiliario. “Estos pisos, en cuanto estén en manos de la banca, se podrán a la venta y podrían contribuir a hundir todavía más los precios”. Según diversos análisis, las viviendas están todavía un 20% sobrevaloradas en España y es esta expectativa de una mayor caída de los precios la que, junto con la falta de crédito, ha paralizado las ventas en los últimos años, añaden los expertos.  

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Fuente: La Razón

Para el vicepresidente de la Comisión Europea la supresión de la deducción reducirá la deuda privada

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, explicó que la supresión de la deducción por vivienda contribuirá a reducir el sobreendeudamiento hipotecario.  En una intervención en el Parlamento Europeo, apuntó que esta medida estaba incluida entre las recomendaciones de Bruselas para prevenir los desequilibrios excesivos a escala de la Unión Europea. España era uno de los principales destinatarios de la recomendación, debido a sus elevados niveles de deuda hipotecaria y a que “los incentivos fiscales que favorecen el acceso a la vivienda en propiedad, que fueron un importante factor para la acumulación de esa deuda antes de la crisis”, recalcó.
Rehn descartó proponer una norma común en la UE para frenar los desahucios alegando las diferentes situaciones en los Estados miembros. “El problema de los desahucios ha sido merecedor de especial atención en España y ha dado lugar a la adopción de nueva legislación que impone una moratoria de dos años para los desahucios en el caso de los grupos especialmente vulnerables”, pero las diferencias entre los Estados miembros hacen que no sea “recomendable ni posible imponer un enfoque armonizado para esta cuestión”, señaló.

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Fuente:Expansión

Se espera que la morosidad suba al 11%

Fitch advirtió que las refinanciaciones y decisiones políticas sobre desahucios, unido a la actual crisis económica, pueden provocar que la morosidad hipotecaria llegue al 11,4%. La agencia de calificación de riesgos espera además que el comportamiento del mercado hipotecario español se deteriore de forma “marcada” en 2013, debido a una desalentadora perspectiva para el desempleo y la pérdida de las prestaciones para los parados de larga duración con hipotecas. El incremento de la morosidad también alcanzará, según la agencia, a otros países de la zona euro como Portugal, donde se situará en el 9,9%, o Italia, donde tocará el 9,1%, cifras aun así inferiores al 21% de Irlanda y el 18% de Grecia.
Además, en un informe sobre el mercado hipotecario, Fitch prevé que el precio de la vivienda en España baje otro 15% este año, al igual que Grecia y cercana a la caída del 13% que se espera en Italia y Portugal. Por encima de estas cifras, Irlanda registrará una caída mayor de los precios inmobiliarios, cercana al 20% según la agencia.
Sobre el mercado español, Fitch afirma en su informe que desde que comenzó la crisis las ventas en el sector inmobiliario han descendido un 70%, mientras los precios han caído un 25%, una tendencia a la baja que prevé que continúe debido a un excedente estimado de un millón de viviendas, al gran número de embargos realizados desde 2008 y a la restricción del crédito por el proceso de desapalancamiento de los bancos. “Llevará muchos años absorber el stock de viviendas incluso aunque las ventas regresen a los niveles previos a la crisis”, aseguró la agencia.

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Fuente: La Razón

El PSOE reclama una mayor protección a los desahuciados

El PSOE presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley del Gobierno sobre medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, más conocido como ley antidesahucios. En su propuesta el PSOE busca ampliar los derechos de los ciudadanos que pierden su casa, más allá de la restrictiva propuesta que, en su opinión, plantea el ministro de Economía, Luis de Guindos.  
En dicha alternativa, el PSOE fundamentalmente modifica tres aspectos del proyecto de ley que ha llevado el Ejecutivo al Congreso. En primer lugar, amplía a tres años la suspensión del proceso de ejecución de la hipoteca, en lugar de dos. Pero, sobre todo, crecen muy sustancialmente las familias que se pueden acoger a esta medida. Según explicó la portavoz socialista Soraya Rodríguez, las condiciones del Gobierno solo las pueden cumplir personas casi indigentes y muy pocos hogares se podrían beneficiar de ello. “Es tan restrictivo que el número de beneficiarios será muy insignificante”, afirmó Rodríguez. El PSOE, en cambio, propone que la suspensión del desahucio afecte a todas las familias “con un sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso” que tengan una renta familiar inferior a tres veces el Iprem (algo más de 1.500 euros) y cuya hipoteca supere el 50% de sus ingresos netos. La suspensión, además, se aplicará en cualquier punto en el que esté el procedimiento judicial y, además, se paralizarán los intereses de demora.
Otra novedad que presenta la alternativa del PSOE es que las familias que hayan perdido su vivienda ya tendrán posibilidad de renegociar y reestructurar la deuda que aún tengan. Es decir, según explicó Rodríguez, podrán ir a un proceso judicial para reestructurar o liberar su deuda mediante una quita o la dación en pago. Esta medida se amplía, además, en la propuesta del PSOE a los autónomos y a los avalistas. En el fondo, se comenta, es habilitar la dación en pago de forma retroactiva.  
El texto alternativo está plagado de medidas de todo tipo, que en el fondo sólo se adicionan a la propuesta, muy trabajada, que elaboró el PSOE hace unos meses, antes de que el Gobierno presentara su proyecto de ley. Así, se contempla una amplia modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta materia; medidas de carácter social, y, sobre todo, una mayor protección de los ciudadanos en estos procesos frente a las actuales grandes ventajas con las que cuenta la banca, que colocan a los hipotecados en una absoluta indefensión.

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Fuente: El Mundo
 

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