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El 74% de las ejecuciones del año 2012 fueron de la vivienda habitual

El Colegio de Registradores de la Propiedad ha realizado un estudio en el que se concluye que los bancos iniciaron el año pasado 65.778 certificaciones de ejecución, de los cuales el 74,76% correspondieron a primera vivienda. En cuanto al destino final de los inmuebles, la banca se quedó con 38.976 viviendas por adjudicaciones en el marco de los procedimientos de ejecución hipotecaria. De este total, el 77% de inmuebles adjudicados fueron primera vivienda, lo que arroja una cifra de 30.011 familias que efectivamente perdieron su hogar. “Se trata de un dato sin duda significativo debido a que la pérdida de la primera vivienda tiene un impacto social muy superior a la segunda residencia u otro tipo de fincas”, subraya la nota de prensa del Colegio de Registradores.
La comparación del número de adjudicaciones (38.976) con la cifra de certificaciones por inicio de ejecuciones (65.778) muestra, según el estudio, la evolución actual en el paso de una situación a otra. Ambas no tienen por qué estar vinculadas automáticamente, ya que las adjudicaciones suponen una fase posterior antes de la cual deudor y entidad bancaria pueden alcanzar un acuerdo previo. Aunque, como reconoce el propio Colegio de Registradores, la adjudicación es un desenlace bastante frecuente tras el inicio del proceso de ejecución que se produce con la certificación registral.
Las cifras más utilizadas hasta ahora en el marco del debate sobre los desahucios eran las publicadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había dado la cifra de 91.622 ejecuciones hipotecarias en su memoria de 2012. Pero no desglosaba ese total según el uso destinado a los inmuebles, metiendo en el mismo saco las ejecuciones de locales comerciales, oficinas, garajes y primera vivienda. El Colegio de Registradores decidió en febrero realizar una encuesta a todas sus oficinas con el objetivo expreso de “aportar información objetiva, en números, que contribuya y dé solidez al debate social sobre los lanzamientos de viviendas”. El colegio ha recibido respuesta de 934 oficinas, el 85% del total. El número de adjudicaciones sobre primera vivienda que se desprende del estudio (30.011 casos) contrasta con los datos aportados por el Gobierno a finales de 2012. Tras consultar con las entidades bancarias, Economía sitúo el número de desalojos de primera vivienda en una franja de entre 4.000 y 15.000 durante los últimos cuatro años.

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Fuente: Cinco Días

La banca rechaza la ley andaluza antidesahucios

La banca critica con dureza el decreto de la Junta de Andalucía para expropiar inmuebles de la banca en los que realojar a desahuciados y sancionar los pisos vacíos de entidades, inmobiliarias y Sareb. La Asociación Española de Banca (AEB), que se reunió con representantes del Gobierno para tratar el tema, hizo público su descontento como parte de su estrategia de presión para que sea el Ejecutivo quien recurra el decreto ante el Constitucional. El Gobierno no se comprometió más allá de lo anunciado, es decir, a esperar al informe de la Abogacía del Estado para decidir con él si recurre la norma ante el Tribunal Constitucional.
“Tenemos una opinión que no es, obviamente, positiva”, declaraba Juan José Toribio, economista con el que la AEB llegó a un acuerdo a principios de mes “para la prestación de servicios en temas financieros y de relaciones institucionales en calidad de asesor técnico”. El decreto andaluz, defendió Toribio como portavoz de la AEB, “no da solución eficaz al problema sino todo lo contrario, complica más cosas de las que soluciona. Introduce restricciones al derecho de propiedad y esto es algo muy importante, aquí estamos tocando la médula de la economía de mercado”. “Se establece una expropiación forzosa temporal del uso que en nuestra opinión puede vulnerarla ley española de expropiación forzosa”. “Lamentamos que las cosas hayan ido por esta vía, manifestamos nuestra inquietud” por la medida, añadió Toribio, que también criticó las sanciones ‐de hasta 9.000 euros‐ que el decreto prevé para los pisos vacíos que tengan inmobiliarias, bancos y Sareb. “Establecen una norma según la cual si en el plazo de seis meses no se ha logrado alquilar o vender la vivienda se establece una sanción. Nos parece un sin sentido, vulnera derechos fundamentales”, concluyó.
La AEB publicó en su web un documento en el que, mostrando su “respeto y acatamiento” ante la normativa andaluza y defendiendo que comparte “la sensibilidad y la preocupación” por el drama de los desahucios, hacía pública su “disconformidad con algunos de los contenidos” del decreto de la Junta. Tanto el documento de la patronal como Toribio en sus declaraciones defendieron, además, que el de los desahucios es un “problema que está en vías de solución” y para el que “la banca ha hecho aportaciones y lo sigue haciendo” La nota de la AEB, en concreto, argumenta que los bancos han renegociado más de 400.000 préstamos hipotecarios desde que comenzó la crisis, han firmado el código de buenas prácticas, paralizado desahucios por dos años y aportado miles de viviendas al fondo social.

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Fuente: Cinco Días

Sin acudir a los tribunales se puede evitar un desahucio

Cada día se llevan a cabo 159 ejecuciones hipotecarias en España. Frente a este drama social, y la poca eficiencia de las normas en vigor que pretendían proteger a los deudores, se están imponiendo soluciones extrajudiciales como la intermediación. Este sistema, mucho más ágil, pretende lograr que las partes firmantes de cualquier hipoteca alcancen un acuerdo y “todos salgan ganando”, explica Anna Vall Ruis, coordinadora del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia.
“El servicio que ofrecen las oficinas de intermediación hipotecaria (OIH) de los colegios de abogados es totalmente gratuito para el usuario. El deudor acude y presenta su situación. El primer objetivo es asegurarse si se pueden acoger al RDL 6/2012 o al RDL 27/2012, que permiten la reestructuración de la deuda hipotecaria o la suspensión de los lanzamientos de viviendas habituales, respectivamente. Sin embargo, los requisitos exigidos por estas normas son tan estrictos que sólo un 5% de los afectados por las ejecuciones hipotecarias puede ampararse en ellas. Para el resto, la solución es la intermediación”, añade Vall Ruis.
En la mayor parte de los casos, este tipo de actuaciones suelen durar de media unos tres meses, salvo si el intermediador se encuentra con situaciones complejas, como la compra de un domicilio entre varias personas que no sean una pareja. “Ésta es la solución más ágil frente a los posibles desahucios. Tras estudiar el dossier de los afectados, se ve cuáles son sus posibilidades reales y se presenta una propuesta a la entidad bancaria. Ésta puede aceptarla o hacer una contrapropuesta. Para conseguir acuerdos más rápidos es esencial poder hablar con los departamentos centrales o los responsables provinciales de pago. Éstos son los que tiene capacidad de decisión, frente a los directores de sucursales”, dice la mediadora que participó en la jornada Protección del deudor, intermediación hipotecaria y ejecución, organizada por el Consejo General de la Abogacía y La Ley.
El 60% de los casos que llegan a las OIH logran un acuerdo entre las partes. En Valencia, entre abril de 2012 ‐fecha de la puesta en marcha de la oficina de intermediación‐ y marzo de 2013, se han atendido 610 casos y en 385 se han alcanzado acuerdos: un 19% ha sido daciones en pago; un 11%, refinanciación de la deuda; un 10%, suspensión del lanzamiento, y en el resto de los casos se han encontrado otro tipo de soluciones, incluso alquileres con opción a compra.

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Fuente: Expansión

El Ejecutivo flexibilizará las condiciones del alquiler social

El calificativo “vulnerable“ que empleó el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace poco menos de cuatro meses, para agrupar a las familias desahuciadas o incapaces de seguir pagando una hipoteca y que podían beneficiarse de un alquiler social tendrá nuevas acepciones. El Gobierno decidió flexibilizar las condiciones que debe cumplir una familia para acogerse a ese alquiler social. El plan pasa ahora por no limitar a un periodo concreto la ejecución hipotecaria y el desalojo de las familias interesadas en solicitar un alquiler social, además de mejorar las condiciones del arrendamiento, según aseguraron fuentes cercanas al Ministerio de Economía.
Cualquier familia podrá recurrir a este tipo de alquiler, con independencia de que haya sido desahuciada antes del 1 de enero de 2008, que fue la fecha fijada por el Gobierno como primera condición para acceder a un alquiler social. Es más, modificará el límite máximo de dinero que una familia puede dedicar al pago del arrendamiento. El Consejo de Ministros estableció un máximo del 30% de la renta familiar a destinar al alquiler. Ahora, ese porcentaje podrá ser mayor, lo que facilitará el acceso a una vivienda en función de las necesidades de la familia. El alquiler estará comprendido entre 150 y 400 euros, y la duración del contrato de arrendamiento será de dos años. Lo que no cambiará es que las familias que se pueden acoger a este tipo de alquiler serán aquellas cuya vivienda afectada por un desalojo sea la única en propiedad que poseen. Sus ingresos, en conjunto, no podrán ser de más de 1.597 euros al mes ‐19.164 euros anuales‐ y la carga que supone la hipoteca debe haber crecido, al menos, un 1,5% desde 2008.
La decisión de flexibilizar las condiciones de acceso al Fondo Social de Viviendas llega después de que el pasado 31 de marzo concluyera el primer plazo para solicitar una casa. Fuentes financieras reconocieron que “la iniciativa del Gobierno fue un fracaso”. Los bancos apenas recibieron solicitudes, en relación al número de viviendas que destinaron al fondo social. Así, el Popular sólo registró tres solicitudes frente a los 336 inmuebles que ofreció al Gobierno. Sabadell recibió 31 de las 250 viviendas que cedió al fondo. BBVA no llegó a registrar ni un 3% de solicitudes de los 899 inmuebles aportados. Y Bankinter no recibió ninguna, pese a ofrecer 56 viviendas. Por su parte, CaixaBank aportó al fondo cerca de 900 viviendas y el Santander, 590, pero el interés por parte del ciudadano, en ambos casos, fue mínimo. Solo Bankia registró un mayor número de solicitudes. Un total de 326 frente a las 1.000 viviendas cedidas al fondo. Fuentes financieras apuntan que el fracaso se debió a una desinformación por parte de las familias ante la nula campaña que ha hecho el Gobierno. A esto se suma el hecho de que “los bancos tienen mejores condiciones de alquiler” que las impuestas por el Ejecutivo.

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Fuente:El Mundo

Un juez declara nuel un préstamo hipotecaria por intereses de demora abusivos

Un juez ha declarado nulo el préstamo hipotecario concedido a un vecino de Lanzarote a punto de ser desahuciado, al considerar que los intereses de demora eran “abusivos”. En la decisión, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife declara “abusivos y usurarios” los intereses de demora del 19% que BBVA cobraba a este cliente por retrasarse en los pagos y denuncia que este tipo de prácticas constituyen “un abuso inmoral que, desde luego, no puede ser consentido ni amparado por los Tribunales de Justicia”.

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Fuente: Cinco Días, Expansión

El PP no aceptará la dación en pago con caracter universal

El Grupo Popular reconoce que está dispuesto a arrastrar las consecuencias de su rechazo a aceptar la dación en pago con carácter universal y retroactiva como forma de saldar la deuda de quien no pueda pagar la hipoteca. “Ni ahora ni en la tramitación parlamentaria” la aceptarán, precisan fuentes gubernamentales, una vez que han presentado sus enmiendas a la iniciativa legislativa popular (ILP). La ponencia para empezar la tramitación de la ley se convocará después de Semana Santa y ya se prevé el desacuerdo, toda vez que el resto de los grupos parlamentarios sí aceptan los puntos básicos de la ILP. Estos puntos son, además de la dación en pago universal como forma de saldar la deuda, la paralización de la ejecución de los desahucios o lanzamientos y la creación de un parque de viviendas de alquiler social para los afectados por el impago de hipotecas. Entre el Congreso y el Senado, la tramitación de la futura ley se demorará durante abril y parte de mayo en sede parlamentaria y entrará en vigor antes del verano.

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Fuente: El País

La sentencia de la justicia europea frenará 45.000 procesos de desahucio

Cerca de 45.000 procedimientos de desahucio se podrían frenar gracias a la sentencia que dictó la justicia europea. Así lo revela el mapa hipotecario actual, en el que circulan en torno a nueve millones de hipotecas ‐un volumen de crédito de 876.724 millones de euros, según el último informe de la Asociación Hipotecaria Española‐, de las cuales entre un 0,4% y un 0,5% se convierten en ejecuciones, según los cálculos realizados a partir de datos facilitados por fuentes financieras.
Los únicos datos públicos oficiales acerca de ejecuciones hipotecarias se encuentran en el Consejo General del Poder Judicial. Este organismo advirtió un total de 48.192 procedimientos en el primer semestre de 2012 ‐última cifra disponible‐, pero con la salvedad de que se trata de ejecuciones que incluyen desde la primera vivienda hasta un local comercial u otro tipo de activo inmobiliario.

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Fuente: El Mundo

El Gobierno modificará la regulación de las ejecuciones hipotecarias

El Gobierno ha anunciado un nuevo paso para intentar restringir los desahucios y evitar los efectos de los impagos de las hipotecas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó dos modificaciones en la regulación de las ejecuciones hipotecarias. Por un lado, elevar de uno a tres los impagos para que se proceda al lanzamiento (ejecución del desahucio). Por otro, los intereses de demora no podrán superar el 12%. Se trata de este porcentaje porque dichos intereses no podrán ser mayores al interés legal del dinero ‐actualmente en el 4%‐ multiplicado por tres. Una de las mayores quejas de los colectivos afectados por los desahucios es que las tasas de demora exigidas por las entidades son, a su juicio, demasiado elevadas (en algunos casos rondan el 20%) y sitúan al consumidor en una posición muy vulnerable.
Este anuncio se ha producido después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara en una sentencia que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque los consumidores se encuentran desprotegidos ante una cláusula abusiva. En concreto, los afectados solo podrían reclamar una vez que hubieran sido desalojados de sus casas. Aunque fuentes jurídicas aseguran que esta sentencia solo podría cambiar las ejecuciones en marcha y no las concluidas (es decir, las que han terminado en desahucio), otras voces autorizadas sugieren que algunos desalojados podrían recuperar su vivienda.

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Fuente: Expansión

Aumentan las quejas ante el Defensor del Pueblo por los desahucios

Los desahucios, los recortes en sanidad y educación y la eliminación de la paga extra de los funcionarios son algunas de las materias que han centrado las quejas dirigidas por los ciudadanos al Defensor del Pueblo durante 2012. Así lo revela la memoria anual de la institución, que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado. En concreto, tramitó 280.592 expedientes, entre quejas (33.478), investigaciones de oficio (371) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (246.743). “Las cifras que en este informe se ofrecen denotan las dificultades económicas por las que la sociedad ha atravesado”, señala el organismo en la introducción de su memoria anual. Como consecuencia del desempleo, Becerril destaca que las familias han encontrado mayores dificultades en atender sus pagos.
“Las principales actuaciones de la institución en materia económica”, un apartado que recoge 4.974 quejas, “persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores”, asegura la defensora. Becerril se muestra partidaria, por tanto, de “la conveniencia de elaborar un concepto jurídico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal; insistir en la ampliación de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la dación en pago del bien hipotecado; establecer un acto previo de conciliación antes de emprender la ejecución hipotecaria”, Y, además, propone reformar la ley protección de deudores hipotecarios sin recursos, “ampliando su ámbito de
aplicación”.
El Defensor del Pueblo ha pedido “mayores competencias” para la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el fin de proteger a los inversores, habida cuenta de que el control preventivo ejercido por el supervisor "no ha resultado eficaz" en lo que respecta a las preferentes.

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Fuente: El Economista, La Gaceta, El País, Cinco Días, ABC, El Mundo, Expansión

Se retrasa la estadística sobre desahucios hasta el 2014

La nueva estadística trimestral sobre ejecuciones hipotecarias que el Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico Nacional para el periodo 2013‐2016 no se publicará previsiblemente en el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2014, una vez se ponga en marcha un proyecto piloto para valorar su viabilidad a lo largo de este año, al que se dedicarán 47.250 euros. La estadística se demorará pese a que se recoge en el decreto por el que se aprueba el programa anual para 2013 de dicho plan, que ha coincidido con la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago. Hasta la fecha, los datos con los que se cuentan para conocer la evolución de los desahucios son los que provienen del Consejo General del Poder Judicial.

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Fuente: La Gaceta

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