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En Cataluña los desahucios por alquiler duplican a los hipotecarios

Cada vez son más visibles los de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler. Según datos del Consejo del Poder Judicial en el primer trimestre de este año, en Cataluña se realizaron 4.276 desahucios, 2.722 de ellos por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que supone un 63% del total.
Las cifras ratifican la tendencia de 2013, cuando según los datos de los juzgados de primera instancia catalanes se realizaron 16.008 desahucios, 10.817 de ellos por alquileres (67% del total).
En la provincia de Barcelona el año pasado se realizaron más de 11.000 desahucios, según las cifras oficiales. Y el 90% corresponde a inquilinos que no pueden pagar sus alquileres.
El Ayuntamiento de Barcelona inició en octubre de 2012 el programa específico de alquileres, a través de las Oficinas de Vivienda, y en este tiempo se han realizado 276 mediaciones. “En unas 130 (el 55%) hemos evitado que el inquilino se vaya a la calle, en otras 100 no se ha podido llegar a un acuerdo y los otros casos siguen abiertos”, asegura el gerente adjunto de Vivienda.
Si bien el centro de la negociación es la capacidad de pago, hay otros factores. “Todo depende mucho de la relación que haya entre las partes —confiesa Sorolla—, pues la práctica demuestra que el casero prefiere mantener a un inquilino si está contento con él”.
 

Alargar el proceso de desahucio encarecerá la hipoteca

El Gobierno está preparando una reforma normativa exprés para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera que el procedimiento español para ejecuciones hipotecarias viola la norma comunitaria. Con los cambios legales, será más fácil frenar un desahucio. La banca cree que con esta medida las garantías hipotecarias perderán valor, lo que provocará un encarecimiento de las hipotecas. Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, de modo que se dé cumplimiento al fallo del TJUE, que declaró la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria.
Una sentencia del TJUE determinó que la legislación antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras la banca sí puede recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.
Según las entidades bancarias uno de los inconvenientes de esta medida es que la nueva operativa con la que se consigue frenar los desahucios se asemeja a un proceso ordinario, lo que lleva consigo el retraso en la búsqueda de una solución. Alargar el proceso provoca un deterioro del valor de las garantías hipotecarias con las que se avala el crédito. Y al final será el cliente que contrate un crédito para la compra de una vivienda el que asumirá estos costes, ya que las entidades financieras encarecerán el precio de sus hipotecas.
 

Crecen un 19% los embargos por hipotecas sobre vivienda habitual

Según la estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las ejecuciones hipotecarias ascendieron a 32.565 durante el primer trimestre de este año, de las cuales 9.464 afectaron a vivienda habitual. El mayor número de ejecuciones tuvieron lugar en Andalucía (8.034), Cataluña (5.792) y Comunidad Valenciana (4.282) y cerca del 40% corresponden a hipotecas firmadas en 2006 y 2007.
Esta estadística, ha sido elaborada con los datos recogidos por los registradores de la propiedad y contrasta con la que ofrece el Banco de España con datos de las entidades del número de desahucios.
El número de ejecuciones podría seguir evolucionando al alza en el futuro debido a que la morosidad de los créditos concedidos por la banca sigue creciendo y al cierre del primer trimestre alcanzó un nuevo máximo histórico, en el 6,3%.
 

Creció el número de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre

El informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, presentado por el departamento de Estadística del Consejo General del Poder Judicial refleja las consecuencias de la situación económica en los hogares en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior: se iniciaron 24.226 ejecuciones hipotecarias.
Desde que estalló la burbuja inmobiliaria y los juzgados comenzaron a sentir su efecto, en el tercer trimestre del año 2008, en España se han realizado 498.035 ejecuciones hipotecarias. Entre 2008 y 2013 este procedimiento que ha dejado a muchas familias sin vivienda por impagos a los bancos creció un 40%.
Este informe detalla que la cifra de lanzamientos practicados durante los primeros tres meses del año, fue de 18.492, un 5% menos que en el mismo periodo de 2013. El 41,7 % de ellos se derivó de ejecuciones hipotecarias, el 53,8 % de la Ley de Arrendamientos y el 4,5 % restante obedeció a otras causas. Los desahucios suelen estar muy ligados a los datos del paro, de ahí que en el arranque del año se haya producido este ligero descenso.
 

El Banco Sabadell es el único que no desahucia en la crisis

Durante el año 2013 la banca se adjudicó 50.000 viviendas de particulares durante, lo cual significa un 11% más que en el año 2012. Las cifras revelan que las ejecuciones hipotecarias siguen al alza. Ni el código de buenas prácticas ni la nueva Ley Hipotecaria han atajado el problema de los desahucios. Sin embargo el Banco Sabadell no ha ejecutado ningún desahucio en la crisis. Iván Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) en Madrid afirma que “Sabadell es la única entidad que no desahucia. La única que ofrece siempre la alternativa de un alquiler social. La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) Lo confirma: “Lo hemos revisado y ningún expediente de Banco Sabadell ha concluido en desahucio”.
Fuentes del banco explican que su cartera tradicional, centrada en empresas o particulares con rentas medias y altas, no resultó problemática inicialmente y les permitió valorar soluciones “caso por caso”. Con la adjudicación de la CAM, las cosas se complicaron y se disparó el volumen de hipotecas. En ese momento decidieron ofrecer el mismo trato a los nuevos clientes. Se implantó “un programa de alertas” que advierte al banco cuando un cliente sufre una merma de ingresos que puede derivar en problemas para buscar una solución antes de que incurra en impagos. El banco ofrece diferentes opciones: alargar el plazo de la hipoteca, para adecuar la cuota a la capacidad de pago; carencia de capital durante determinado periodo; o conceder una segunda hipoteca si se prevé un incremento de ingresos a medio plazo.
Si aún así el cliente es incapaz de hacer frente a la hipoteca, la vivienda pasa a ser propiedad del banco, pero a todos los afectados se les ofrece un alquiler social por un importe medio de 400 euros al mes.
 

Solo 400 familias han firmado contratos de vivienda social

A pesar de los casi 39.000 desahucios del año 2013 sólo 400 familias que han perdido sus casas han firmado un contrato con el Fondo Social de Vivienda, de los 780 que se han adjudicado.
Tampoco ha aportado soluciones importantes el código de buenas prácticas bancarias, suscrito voluntariamente por casi todas las entidades financieras del país. Desde febrero de 2012 14.368 familias han pedido a su entidad bancaria una reestructuración de su deuda. De ellas, 2.827 se encuentran en “fase de reestructuración viable” y 6 en la fase de “reestructuración inviable y quita de la deuda por parte de la entidad”. Y se llevaron a cabo 1.006 operaciones de dación en pago con supresión de la hipoteca. Otras 6.274 fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos en el código de buenas prácticas bancarias, no se ha facilitado información de lo que ha sucedido con el resto, aunque se sobreentiende que han sido rechazadas.

En el año 2013 la banca se adjudicó 50.000 viviendas de particulares

La legislación hipotecaria que el Gobierno impulsó hace un año no ha impedido que el número de embargos hipotecarios que se producen en España siga incrementándose. Los datos a cierre de 2013, proporcionados por el Banco de España, revelan que la banca se adjudicó 49.964 viviendas de particulares a lo largo del año 2013. Esta cifra supone un incremento del 11% respecto a las 44.745 adjudicaciones de 2012. Sin embargo, hay que destacar que los embargos sobre vivienda habitual remitieron un poco, pasando de 39.051 a 38.961, correspondiendo la evolución al alza al incremento en las ejecuciones sobre segundas residencias, que se duplicaron hasta alcanzar 10.733.
Por otro lado, del conjunto total de viviendas 21.521 fueron entregadas “voluntariamente” a las entidades, es decir, hubo algún tipo de acuerdo entre acreedor y banco. En la mayoría de los casos, 16.173, este acuerdo se basó en un pacto de dación en pago. Así, pese a la oposición de la banca a generalizar esta opción, un tercio de los embargos se resuelven con este tipo de acuerdos. Fomentar esta vía, aunque sin imponerla, era parte del espíritu de la nueva legislación hipotecaria. A pesar de este tipo de acuerdos, durante el año 2013 21.054 familias se vieron obligadas a dejar su vivienda habitual por decisión judicial. En 1.668 de los casos, los ocupantes permanecían en la residencia en el momento de la ejecución hipotecaria, es decir, que fueron desahuciados a la fuerza. Resulta curioso que el número de desahucios forzosos fue superior en segundas viviendas, 2.060 de esas viviendas se encontraban ocupadas en el momento de la ejecución, si bien en muchos casos no se trata de “la casa de la playa” sino de un piso en el que viven otros miembros de la familia.

Se amplían los supuestos para acceder al Fondo Social de Vivienda

El Fondo Social de Viviendas (FSV) amplía su ámbito de aplicación para acoger a más supuestos de vulnerabilidad social y las personas prejubiladas o jubiladas que hayan avalado las deudas de hijos o nietos podrán solicitar una vivienda de este Fondo. El Fondo Social de Vivienda está destinado a quienes, como consecuencia de un desahucio, han perdido su vivienda a partir del 1 de enero de 2008. En el primer año de aplicación, 2013, se recibieron 1.537 solicitudes y se adjudicaron 780 viviendas.
Tras las últimas modificaciones, se permitirá que se queden en la vivienda quienes la hayan perdido por una ejecución forzosa y tras haber sido adjudicada y, en casos de dación en pago, a cambio de un alquiler reducido. La renta oscilaría entre 150 y 400 euros al mes o por debajo en circunstancias especiales, tal como está previsto en el Convenio del Fondo Social de Viviendas, creado en enero de 2013 y que cuenta con 6.000 viviendas de 33 entidades financieras. A partir de ahora también se tendrá en cuenta a las unidades familiares con hijos menores de edad, y no solo los de menos de tres años. También a las personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los Servicios Sociales competentes, “un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social y autonomía”. Se siguen manteniendo los requisitos anteriores como son la situación de desempleo y sin prestaciones económicas, familias monoparentales, familias numerosas o aquellas con víctimas de violencia de género.

 

En el año 2013 hubo 184 desahucios al día

Los desahucios (de viviendas, negocios, garajes) emprendidos por los juzgados de primera instancia y mixtos tras el impago de los préstamos hipotecarios alcanzaron en 2013 la cifra de 67.189, según el informe de la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, hubo una media de 184 desalojos diarios. Es el primer año en que el Poder Judicial publica estos datos, por lo que no se puede comparar la evolución con periodos anteriores.
No todos los 67.189 casos del informe del Poder Judicial concluyen con desahucios efectivos: los datos se refieren a las diligencias que abrieron los juzgados en 2013. Muchas veces, llegada la hora del lanzamiento, los jueces los suspenden o posponen, por lo que cabe la posibilidad de que parte de los iniciados en 2013 no se hayan ejecutado ese mismo año y aún estén pendientes. De dicho número, el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas. Por comunidades autónomas, Cataluña fue el territorio con más desalojos de vivienda, el 23,8%. Le siguen la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).
El informe recoge también el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 ‐es decir, los expedientes abiertos‐: 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. El documento explica este descenso por “la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. La norma incorporó la posibilidad de que los jueces paralizaran desahucios mientras se comprueba si hay cláusulas abusivas; impide a los bancos considerar vencido el contrato mientras que no se haya impagado tres mensualidades; permite la dación en pago solo en supuestos muy tasados y retoca el código de buenas prácticas para los bancos.
Así como la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se produjo en Cataluña, también es la comunidad que se sitúa en cabeza en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%.
El pasado enero, el Banco de España reveló los datos de desahucios de la primera mitad de 2013, que, por primera vez, procedían de un cómputo estricto de las ejecuciones lanzadas desde las entidades. El retrato del supervisor revelaba que 35.098 familias se quedaron sin casa entre enero y junio del pasado año al no poder pagar la hipoteca.

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Fuente: El País, La Razón, La Vanguardia, ABC

La Plataforma de Afectados de la Hipoteca logró evitar más de mil desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cumple cinco años, en los que se han creado 205 plataformas. El verdadero trampolín de la PAH para atraer afectados y activistas a las asambleas fue el 15‐M. La paralización de desahucios se extendió hasta alcanzar 1.011, según el último recuento de la plataforma, de la semana pasada. El músculo de la calle les dio fuerza para impulsar la iniciativa legislativa popular (ILP) de la dación en pago. La recogida de firmas les sirvió para vertebrarse como movimiento por toda España. Consiguieron un millón y medio de firmas y una presión social que llevó a la mayoría del PP a admitir la ILP a trámite en el Congreso. Luego vetaron que prosperara, pero los integrantes de la PAH señalan la entrada de la ILP en la Cámara como uno de sus mayores logros. Pero el problema de los desahucios crece. La última cifra de lanzamientos de primera vivienda (35.098 entre enero y junio de 2013, según el Banco de España) indica que aumentan.
Si la ILP fue un punto álgido en el plano positivo, los escraches y la criminalización de la PAH fue el negativo. Tras señalar a varios políticos del PP, la delegada del Gobierno en Madrid equiparó las acciones y a Ada Colau con el terrorismo de ETA. La PAH respondió con la campaña Hay vidas en juego, vídeos donde los afectados, algunos votantes del PP, interpelaban a los políticos. La siguiente campaña de la PAH fue ocupar viviendas vacías. Hay 20 edificios propiedad de entidades o de la Sareb que albergan a más de mil personas. La última campaña son las mociones en los ayuntamientos para promover sanciones municipales a los bancos que acumulan pisos vacíos. Se amparan en la Ley del Derecho a la Vivienda del Gobierno catalán, que prevé medidas para evitar la desocupación de viviendas. Las han aprobado 66 consistorios (todos en Cataluña). Terrassa ya ha emitido sanciones, y los expertos auguran una batalla judicial de los bancos contra los municipios.

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Fuente: El País

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