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La sentencia de la justicia europea frenará 45.000 procesos de desahucio

Cerca de 45.000 procedimientos de desahucio se podrían frenar gracias a la sentencia que dictó la justicia europea. Así lo revela el mapa hipotecario actual, en el que circulan en torno a nueve millones de hipotecas ‐un volumen de crédito de 876.724 millones de euros, según el último informe de la Asociación Hipotecaria Española‐, de las cuales entre un 0,4% y un 0,5% se convierten en ejecuciones, según los cálculos realizados a partir de datos facilitados por fuentes financieras.
Los únicos datos públicos oficiales acerca de ejecuciones hipotecarias se encuentran en el Consejo General del Poder Judicial. Este organismo advirtió un total de 48.192 procedimientos en el primer semestre de 2012 ‐última cifra disponible‐, pero con la salvedad de que se trata de ejecuciones que incluyen desde la primera vivienda hasta un local comercial u otro tipo de activo inmobiliario.

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Fuente: El Mundo

Se retrasa la estadística sobre desahucios hasta el 2014

La nueva estadística trimestral sobre ejecuciones hipotecarias que el Gobierno ha introducido en el Plan Estadístico Nacional para el periodo 2013‐2016 no se publicará previsiblemente en el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta 2014, una vez se ponga en marcha un proyecto piloto para valorar su viabilidad a lo largo de este año, al que se dedicarán 47.250 euros. La estadística se demorará pese a que se recoge en el decreto por el que se aprueba el programa anual para 2013 de dicho plan, que ha coincidido con la toma en consideración en el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago. Hasta la fecha, los datos con los que se cuentan para conocer la evolución de los desahucios son los que provienen del Consejo General del Poder Judicial.

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Fuente: La Gaceta

Se dispara la ejecución hipotecaria

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, informó en el Congreso de que las ejecuciones hipotecarias han registrado un incremento del 134,13% en 2012, lo que ha acarreado la “consiguiente creación de un conflicto social”. Moliner, según aclaró un portavoz del Poder Judicial, se refería al total de procedimientos de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2012 y no solo a los desahucios de familias. Las ejecuciones hipotecarias no son exactamente desahucios de viviendas, ya que incluyen también los lanzamientos de plazas de garaje, segundas residencias o locales comerciales en uso o no. En números redondos, en lo que va de año se habrían iniciado en España 182.178. Moliner destacó que el número de asuntos ingresados en la Jurisdicción Civil en los tres primeros trimestres de 2012 ha disminuido un 3,05%. Esta reducción ha sido provocada por la disminución experimentada en los Juzgados de Primera Instancia (‐3,56%), Mercantiles (‐2,16%), y Primera Instancia e Instrucción (6,40%). Según ha dicho, estos datos llevan a la conclusión de que “en realidad no ha descendido la litigiosidad, sino que se ha modificado la calidad de la misma, siendo sorprendente el incremento de las ejecuciones hipotecarias con la consiguiente creación de un conflicto social de reciente memoria”. 

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Fuente: El País, El Economista, Expansión, ABC, La Vanguardia

Los expertos recomiendan limitar los intereses de demora

“Aunque se haya pactado e inscrito un tipo superior, en ningún caso podrán reclamarse en este procedimiento intereses moratorios calculados a un tipo superior al doble del previsto para los intereses remuneratorios”, según estipula la propuesta de 14 puntos sobre la reformas de las leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil, realizada por un grupo de juristas. Se argumenta que la utilización de un procedimiento de ejecución que anula la posibilidad de discutir la causa de incumplimiento del deudor deber verse de alguna forma compensada por una limitación en la consecuencia económica fundamental, que es el tipo de cambio de intereses de demora. El informe, aparte de esta modificación del artículo 130 de la Ley Hipotecaria, propone la misma modificación en el artículo 685.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la intención de equilibrar las posiciones entre el acreedor y el deudor hipotecario.
Asimismo se comenta que el informe de los jueces que rechazó el Consejo General del Poder Judicial y cuyo apoyo ha sido otorgado por los jueces decanos de toda España aboga no solo por otorgar mayor libertad para que los jueces puedan decidir la suspensión de los procedimientos cuando se abra un proceso para analizar si existen cláusulas abusivas en el contrato crediticio, sino también un límite para los intereses de demora, que no deberían ser superiores al 2,5% de los intereses remuneratorios.  

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Fuente: El Economista

Los jueces solicitan reformas para solucionar el problema de los desahucios

Bilbao acogió un congreso sobre Justicia y medios de comunicación en el que el drama de los desahucios se convirtió en protagonista. Juan Carlos Mediavilla, juez decano de Baracaldo (Vizcaya), ya adelantó la posición de los magistrados, cuando ordenó el levantamiento del cadáver de Amaia Egaña, que se arrojó al vacío cuando la comitiva judicial subía las escaleras para desalojarla a ella y a su familia por impago de la hipoteca. Según dijo Mediavilla, “hay que hacer reformas para evitar estas tragedias”. Esa argumentación tuvo su continuación en el citado congreso. Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reclamó en la apertura del evento que no haya “demoras” en la toma de medidas para solucionar el problema social de los desahucios. Añadió que el Poder Judicial está “integrado por ciudadanos que no son ajenos a la sociedad en la que viven”, en relación con la “dramática situación” de las personas que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas.
En esa línea argumental abundó Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En relación con los desalojos de las viviendas, señaló que los jueces intentan “sacar chispas de la justicia”, en la interpretación de las normas actuales y en favor de aquellos ciudadanos que viven una situación que “a veces se revela injusta”. Ibarra defendió que “ninguna persona que esté en un procedimiento ejecutivo hipotecario en el que haya riesgo de pérdida de la vivienda familiar quede sin defensa jurídica. Esa es la primera de las garantías y nos corresponde a los jueces hacerla efectiva”.

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Fuente: Cinco Días

El Poder Judicial solicita modificar la Ley de Desahucios

El Gobierno es reacio a modificar la ley para frenar los desahucios, tal y como le pide la oposición y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa. El Ministerio de Economía asegura que es pronto para determinar si el Código de Buenas Prácticas firmado con los bancos ha funcionado. Se aprobó hace seis meses pero, en realidad, ha estado en vigor menos de dos porque luego se abrió un plazo para que los bancos se sumaran voluntariamente a un acuerdo que, una vez suscrito, les obliga a ser flexibles al ejecutar desahucios. Además, el Gobierno asegura que los procedimientos son largos por lo que los que se ejecutan ahora se iniciaron antes de la puesta en marcha del código, sin posibilidad de que esta norma haya frenado los que estaban ya avanzados. Explican que la comisión de seguimiento ‐en la que participan la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el secretario de Estado de Economía‐, estudia modificar los umbrales de ingresos en los que se excluyen los desahucios.
Esos umbrales se fijan en función de que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas o bienes con que hacer frente a la deuda; que la cuota hipotecaria resulte superior al 60% de los ingresos que perciba la unidad familiar y que el precio de la vivienda no supere un precio tasado en función del número de habitantes del municipio.
La otra vía en la que se trabaja, siempre con acuerdo con los bancos, es la de buscar fórmulas que obliguen a las entidades que han recibido dinero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a poner parte de su patrimonio inmobiliario en beneficio de personas sin recursos que no puedan hacer frente a sus créditos hipotecarios.

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Fuente:El País

Piden que la ley del desahucio se adapte a la realidad social

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres‐Dulce, ha rehusado valorar el informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en cuyo anexo se critica el sistema de desalojos, porque, asegura, debe “respetar la autonomía” de este órgano. Tras esta declaración, ha admitido que se trata de un tema que merece una “reflexión” por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley. Realizó estas declaraciones al ser preguntado por el informe elaborado por un grupo de magistrados, bajo la coordinación del vocal del CGPJ Manuel Almenar, en el que se proponen medidas para cambiar el actual sistema de desahucios. Este informe se une a los dramas vividos en los últimos días, tras suicidarse en Granada un vecino que iba a ser expulsado de su casa. Otro hombre, fue hospitalizado en Valencia, tras saltar al vacío desde el balcón del domicilio del que iba a ser desalojado. Estos hechos han multiplicado la polémica sobre los desahucios, en la que Torres‐Dulce no ha querido entrar al hilo del informe que se ha negado a asumir el CGPJ. Aseguró que respeta la autonomía del máximo órgano de representación de los jueces, que “no asume (el informe) como tal, sino que lo considera una opinión de expertos”.  
Respecto a la posibilidad de que la fiscalía desarrolle iniciativas para intervenir en estos procesos, ha explicado que su participación en juicios de desahucios es “muy marginal”. No obstante, ha matizado que es un tema que “evidentemente” merece una “reflexión” por las consecuencias sociales que se derivan de la aplicación de la ley, en ocasiones “en situaciones muy especiales”.  

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Fuente: El País

Publicado el: 07/11/2012 |
| En la categoría: Noticias sobre Hipotecas
Aumenta el número de ejecuciones hipotecarias

Entre abril y junio pasados los juzgados españoles llevaron a cabo 23.421 ejecuciones hipotecarias, un 14% más que hace un año, según la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial correspondiente al segundo trimestre del año. La cifra equivale a 257 procedimientos por día. El número de ejecuciones del segundo trimestre es similar al del trimestre previo (24.792) y hace que se avance hacia un nuevo récord anual cercado a los 100.000.
Desde junio de 2007 hasta junio de 2012, los juzgados han tramitado 396.651 ejecuciones hipotecarias.

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Fuente: El Mundo

Descienden los litigios relacionados con los contratos de arrendamiento urbano

Según las cifras que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2011 se registraron un total de 24.622 sentencias sobre conflictos relacionados con los contratos de arrendamiento urbano (entendiendo por tales los alquileres no solo de viviendas, sino también de plazas de aparcamiento, locales comerciales y otros inmuebles para usos industriales). Este volumen representa un descenso del 16,7% sobre los procesos resueltos en 2010 y es el segundo ejercicio consecutivo en el que bajan los litigios. Y todo ello justo cuando arrecia la crisis. Es decir, que mientras el paro repuntaba y las expectativas se tornaban negrísimas, no se ha disparado el número de conflictos en materia de alquiler. Es más, la estadística del INE, elaborada a partir de los datos suministrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), detalla que de ese total, 19.420 sentencias se refirieron a arrendamientos de casas, también un 15,7% menos que un año antes.
Lo que sigue invariable es que la inmensa mayoría de los litigios que llegan a resolverse vía judicial (otra parte de los conflictos queda zanjada antes) es por falta de pago de la renta: 18.492 de esos 19.420. Le sigue a muchísima distancia la denegación de prórrogas, la no utilización de la casa como residencia permanente o la realización de daños. Si se  compara con el total de viviendas en alquiler que existen en la actualidad en España, que según el Ministerio de Fomento son 1,8 millones, las cifras pierden fuerza. Las 19.420 sentencias sobre arrendamientos de vivienda apenas representan el 1,07% de ese parque en alquiler. Por ello, salvo para quienes han pasado por esa experiencia, cada vez hay más expertos que coinciden en que lo peor del alquiler no es el inquilino moroso, ya que las cifras demuestran que haberlos, haylos; algunos son incluso auténticos profesionales del impago, pero es mucho peor que no se les pueda desalojar de manera ágil y barata, o que no exista una oferta de buena calidad suficiente y con una gestión profesionalizada. Las reformas emprendidas van en esa línea y la prueba es que en esa bajada de litigios de 2011 ha tenido mucho que ver el llamado desahucio exprés.

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Fuente:Cinco Días

Récord de desahucios durante 2011

Los juzgados españoles procesaron el año pasado 58.241 expedientes de desahucio, cifra que supone un récord desde que se tiene registro y que supuso además un aumento del 22% con respecto a 2010. El persistente aumento del paro y los problemas que atraviesan las familias para llegar a fin de mes han llevado a muchos inquilinos a dejar de pagar sus hipotecas o alquileres, tal y como ponen de relieve los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para evitar el drama que suponen los desalojos de las familias de sus viviendas, el Gobierno ha decidido crear un código de buenas prácticas para la banca con vistas a flexibilizar los desahucios y facilitar la dación en pago de las hipotecas para las personas en riesgo de exclusión. De hecho, durante los últimos cuatro años, los desahucios judiciales se han disparado hasta alcanzar los 166.700 expedientes. La región mas afectada, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244. Sólo en el cuarto trimestre, los desalojos de viviendas iniciados en España ascendieron a 15.347, cifra que va en línea con los trimestres anteriores, salvo en el tercer trimestre, en el que hubo unos 10.800.

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Fuente: El País

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