Noticias sobre Código de buenas prácticas

Los procedimientos de desahucio iniciados en los juzgados españoles en los nueve primeros meses de este año ascendieron a 58.604, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2012, según la estadística presentada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre julio y septiembre, se registraron 17.009 ejecuciones hipotecarias, un 16,3% menos que el trimestre anterior, cuando la cifra fue de 20.323. Las comunidades con más lanzamientos fueron Cataluña (3.885), Comunidad Valenciana (2.459) y Madrid (1.671). La caída se produjo en la mayor parte de las comunidades, especialmente en la Comunidad Valenciana, con un descenso del 35,8% en los nueve primeros meses de 2013, seguida de Navarra (‐29,9%) y Baleares (‐25,8%), mientras que en Asturias las ejecuciones hipotecarias aumentaron un 13,4%, en Galicia un 3,5% y en Castilla y León un 2,7%, siempre según el informe del CGPJ.
No obstante, un tercio de los desahuciados queda excluido de la dación en pago. El Código de Buenas Prácticas promovido por el Gobierno central para fomentar esta práctica ha excluido a un tercio de las familias afectadas por un proceso de desahucio, según una encuesta estatal de más de 11.000 casos realizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y publicada el pasado 10 de diciembre. El motivo es que las hipotecas contraídas por la mayoría de afectados tenían un valor superior a 200.000 euros, cifra que marca el Código como límite para acogerse a la dación. En Madrid y Barcelona, el número de afectados aumenta: el 51,09% de encuestados de Barcelona y el 48,5% de Madrid no se ha podido acoger a la norma, hecho que, según la portavoz de la PAH, Ada Colau, hace que el Código de Buenas Prácticas, en vigor desde 2012, sea una medida “pensada para los bancos, no para las personas”. Colau también ha alertado de que el número de excluidos por el código puede ser mayor debido a cuestiones relativas a los avales presentados en el contrato hipotecario, los ingresos anuales de las familias y otros criterios de exclusión social.

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Fuente: El País, El Mundo, El Economista y La Gaceta

Menos de 300 familias accedieron a la dación en pago durante el primer año de funcionamiento del Código de Buenas Prácticas, puesto en marcha en abril de 2012, que ha propiciado la presentación de 4.385 solicitudes de adhesión para poder beneficiarse de las medidas de reestructuración y quita de deudas hipotecarias. Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno a varios diputados socialistas sobre este problema.
En total, 1.063 solicitudes (el 24%) se encontraban pendientes de tramitación al finalizar el primer trimestre de 2013, mientras que 594 concluyeron en una reestructuración de la deuda (17,88%), 298 acabaron en dación en pago, 238 desistieron y dos se beneficiaron de una quita.
Otras 2.190 solicitudes fueron denegadas por no cumplir los requisitos previstos (45%), por faltar documentación (29,4%) o por incumplimiento de los umbrales de renta o de la situación familiar para acogerse al código (21,55%). El Ejecutivo destaca que las solicitudes de adhesión se han ido incrementando conforme avanzaba el año, con 564 peticiones en el segundo trimestre de 2012; 722 en el tercero; 1.132 en el cuarto; y 1.967 en el primer trimestre del actual ejercicio. Por regiones, la mayor parte de solicitudes se efectuaron en Andalucía, seguida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. La provincia que más expedientes concentra es Barcelona, con 809.

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Fuente: El Economista, La Vanguardia

Un año después de la aprobación del código de buenas prácticas bancarias que el Gobierno aprobó para suavizar el problema de los desahucios hipotecarios, 4.385 familias han intentado acogerse bajo su protección. De los 3.322 casos que ya han sido tramitados, 2.190 fueron directamente denegados por las exigentes condiciones que requiere la norma para amparar a los afectados. Desde su puesta en marcha, en concreto, el código de buenas prácticas se limitó básicamente a deudores hipotecarios sin empleo ni otros ingresos. Una barrera demasiado alta, según ha terminado admitiendo el Gobierno, que ampliará los colectivos beneficiarios con la nueva reforma hipotecaria.
En Economía informan que el 45% de las denegaciones respondieron a que la hipoteca no cumplía los requisitos exigidos ‐solo se admiten las que afectan a viviendas de hasta cierto valor‐, en el 29,4% de los casos faltaba documentación y el 21,55% no cumplían los umbrales de renta o situación familiar requeridos.
El código, una hoja de ruta de reestructuración de la deuda hipotecaria que culmina con la dación en pago si no hay alternativa, solo ha permitido esta vía en 298 casos. En otros 594 casos, la solución ha consistido en abrir un proceso de reestructuración de la deuda. Dos expedientes más se saldaron con quitas y 238 familias desistieron a lo largo del proceso. Finalmente, hasta alcanzarlas 4.385 solicitudes registradas por 27 bancos y 19 cooperativas de crédito, 1.063 expedientes se encontraban pendientes de tramitación al cierre del primer trimestre del año. De obligado cumplimiento solo para sus firmantes, el código se puso en marcha en abril de 2012 y cuenta en la actualidad con 97 entidades adheridas, lo que incluye al grueso del sector bancario, exceptuando las financieras de la banca.

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Fuente:Cinco Días, El País, Expansión, El Economista

El código de buenas prácticas ha permitido 291 daciones en pago y 691 reestructuraciones en un año. Unas 200 familias han accedido en un mes a las viviendas incluidas en el fondo social, que cuenta con un parque de 6.000 pisos, informó el ministro de Economía, Luis de Guindos. La reestructuración de la deuda pasa por ampliar el plazo de amortización, renegociar el crédito para estar cuatro años sin pagar intereses y reducir los intereses de demora, entre otras posibilidades. “Esto duplica los datos del trimestre anterior”, añadió el ministro. Fuentes de Economía precisaron que hasta el pasado 31 de diciembre solo se habían producido 60 daciones en pago en elmarco del código, ya que muchas entidades financieras están aplicando este tipo de soluciones motu propio. No obstante, en los últimos meses se constató un incremento del ritmo, que Guindos prevé continúe, ya que la nueva normativa antidesahucios amplía los umbrales para poder acogerse a estas medidas.

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Fuente: Cinco Días

La banca critica con dureza el decreto de la Junta de Andalucía para expropiar inmuebles de la banca en los que realojar a desahuciados y sancionar los pisos vacíos de entidades, inmobiliarias y Sareb. La Asociación Española de Banca (AEB), que se reunió con representantes del Gobierno para tratar el tema, hizo público su descontento como parte de su estrategia de presión para que sea el Ejecutivo quien recurra el decreto ante el Constitucional. El Gobierno no se comprometió más allá de lo anunciado, es decir, a esperar al informe de la Abogacía del Estado para decidir con él si recurre la norma ante el Tribunal Constitucional.
“Tenemos una opinión que no es, obviamente, positiva”, declaraba Juan José Toribio, economista con el que la AEB llegó a un acuerdo a principios de mes “para la prestación de servicios en temas financieros y de relaciones institucionales en calidad de asesor técnico”. El decreto andaluz, defendió Toribio como portavoz de la AEB, “no da solución eficaz al problema sino todo lo contrario, complica más cosas de las que soluciona. Introduce restricciones al derecho de propiedad y esto es algo muy importante, aquí estamos tocando la médula de la economía de mercado”. “Se establece una expropiación forzosa temporal del uso que en nuestra opinión puede vulnerarla ley española de expropiación forzosa”. “Lamentamos que las cosas hayan ido por esta vía, manifestamos nuestra inquietud” por la medida, añadió Toribio, que también criticó las sanciones ‐de hasta 9.000 euros‐ que el decreto prevé para los pisos vacíos que tengan inmobiliarias, bancos y Sareb. “Establecen una norma según la cual si en el plazo de seis meses no se ha logrado alquilar o vender la vivienda se establece una sanción. Nos parece un sin sentido, vulnera derechos fundamentales”, concluyó.
La AEB publicó en su web un documento en el que, mostrando su “respeto y acatamiento” ante la normativa andaluza y defendiendo que comparte “la sensibilidad y la preocupación” por el drama de los desahucios, hacía pública su “disconformidad con algunos de los contenidos” del decreto de la Junta. Tanto el documento de la patronal como Toribio en sus declaraciones defendieron, además, que el de los desahucios es un “problema que está en vías de solución” y para el que “la banca ha hecho aportaciones y lo sigue haciendo” La nota de la AEB, en concreto, argumenta que los bancos han renegociado más de 400.000 préstamos hipotecarios desde que comenzó la crisis, han firmado el código de buenas prácticas, paralizado desahucios por dos años y aportado miles de viviendas al fondo social.

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Fuente: Cinco Días

La reforma hipotecaria va tomando forma. El Ministerio de Economía quiere apuntalar los mecanismos de protección de los deudores en riesgo de exclusión social, para lo que prevé mejorar, vía enmiendas, el Proyecto de ley que se debate en el Congreso. Pero Economía no se quedará ahí, y también pretende “flexibilizar” los requisitos necesarios para acceder al Código de Buenas Prácticas. Es decir, para poder beneficiarse de una reestructuración de la deuda o de la dación en pago. En concreto, fuentes cercanas a Economía aseguran que el Gobierno “ya está dispuesto” a “extender el ámbito de actuación” del código, a que sea “más asequible” y a “reformar las condiciones para acceder a la dación en pago”. Es decir, a que se aumenten “los umbrales de renta” para poder acceder a dicho código.   
 Actualmente, para poderse beneficiar de dicho código el nivel máximo de renta de la familia debe ser es de 16.000 euros al año, y todos los integrantes de esa familia tienen que estar en paro. Esta rigidez en los requisitos hizo que en el primer trimestre de vida del Código (se aprobó en marzo de 2012) se tramitaran solo 568 peticiones de adhesión, de las que se tramitó la mitad. Y únicamente se firmaron 44 reestructuraciones de deuda y 8 daciones en pago. Ahora el objetivo es que más ciudadanos puedan evadir la ejecución o liquidar la deuda con la entrega de las llaves. Por ello, según las fuentes consultadas, se quiere confluir con el Real Decreto aprobado en noviembre sobre desahucios, que ofrece ventajas (como una moratoria de dos años) a quienes cobren menos de 19.000 euros al año, estén en paro o no, siempre que concurran unas especiales circunstancias sociales. El umbral de ingresos que se aplicó entonces (3 veces el Iprem) equivale al 80% del salario medio, así que adoptarlo para los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social sería una medida mucho más apegada a la realidad, a juicio de los expertos.
Además, el Gobierno quiere que los bancos estén obligados a avisar a los ciudadanos de que pueden acogerse al Código de Buenas Prácticas. En el Real Decreto que reguló el código se decía que “las entidades garantizarán la máxima difusión del contenido del Código de Buenas Prácticas, en particular, entre sus clientes”. Ahora Economía maneja documentos en los que se aboga por obligar a la banca no sólo a publicitar la existencia del código, sino a notificar a los posibles beneficiarios su derecho a beneficiarse de él. 

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Fuente:Expansión

El Ministerio de Economía ha publicado el primer balance oficial del código de buenas prácticas para la banca que impulsó el Gobierno hace nueve meses para evitar los desahucios de los más desfavorecidos. Según los datos correspondientes al primer trimestre de aplicación de la medida (entre el 11 de marzo y el 30 de junio), solo ocho procesos terminaron con la
dación en pago. En total se recibieron 568 solicitudes para acogerse al código, que establece un plan de flexibilización de condiciones del pago del préstamo y que exige que todos los miembros de la familia estén en paro, que las cuotas hipotecarias superen el 60% de los ingresos de la familia y que solo se posea una vivienda. De esas 568 solicitudes, 278 se
resolvieron. Además de los ocho casos de dación en pago, en 44 casos se llevó a cabo una reestructuración de la deuda. El resto (226) fueron rechazadas por las entidades porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas. De los 100 bancos o antiguas cajas que se acogieron al código (de adscripción voluntaria), solo 28 declararon haber recibido peticiones. Desde Economía defienden, no obstante, que se trata de un plazo de tiempo demasiado corto como para valorar el impacto de la medida, y que habrá que esperar a ver qué ocurre con las 700 solicitudes adicionales recogidas entre julio y septiembre.  
“Se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia”, aseguró el Ministerio en un comunicado. El Ejecutivo no descarta rebajar las condiciones actuales del código para incluir a más familias. Se debatirá en el pleno del Congreso y, a partir de ahí, se iniciará el trámite parlamentario donde podría haber modificaciones. Entre ellas, rebajar el mínimo de ingresos que deben tener los acogidos a este código, y que se incluyan pisos de un valor inferior.

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Fuente: El País, Cinco Días, El Economista, ABC, El Mundo, La Gaceta

El decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios concederá dos años de respiro para determinados colectivos ‐familias vulnerables con rentas bajas‐ pero no protege al grueso de los potenciales afectados. A continuación se enumeran los pasos a seguir para eludir o retrasar el desahucio hipotecario, basada en las alternativas ofrecidas por la banca, el Gobierno o las asociaciones de abogados y consumidores.  
El primer paso es siempre tratar el problema con la entidad que ha concedido la hipoteca. La comunicación debe ser fluida e iniciarse en cuanto hay apuros para afrontar uno o dos pagos de la cuota, ya que los problemas suelen ir incrementándose con el tiempo. Las entidades han puesto en marcha planes de renegociación que incluyen aplazamientos, modificación de las condiciones o conversión del contrato en alquileres sociales.  
Existen determinados colectivos a los que las entidades firmantes del código de buenas prácticas para la banca, prácticamente todas, están obligadas a flexibilizarles la deuda hipotecaria. Son aquellas familias con todos sus miembros en el paro, para las que el pago de las cuotas hipotecarias supere el 60% del conjunto de sus ingresos ‐aunque sean prestaciones por desempleo‐  y en las que la hipoteca esté concedida sobre su única residencia, no superando esta los  120.000 euros en pequeñas poblaciones o los 200.000 en grandes ciudades. Si se forma parte de este grupo hay que acreditarlo ante la entidad, quién en el plazo de un mes deberá presentar un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años sobre el pago del capital y un límite de Euribor más 0,25 en los intereses. Si aun así no es posible hacer frente a la deuda, la entidad podrá ofrecer una quita y, en última instancia, saldar la deuda con la entrega de la vivienda y permitir que la familia siga residiendo en ella bajo un alquiler social durante dos años.
Para quienes queden fuera del umbral de protección del código se ha introducido el paraguas del decreto antidesahucios, que paraliza durante 24 meses el desalojo de familias numerosas, monoparentales con hijos, parados sin prestación o discapacitados siempre que cobren menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria sea el 50% de sus ingresos.  
Para el resto de afectados que no estén protegidos, la asociación de consumidores Ceaccu ha ideado una estrategia legal que permite aplazar el desahucio entre tres y 10 años. Se trata de “darle la vuelta a la tortilla” y que “el afectado que era la víctima del banco, pase a ser su verdugo tomando la iniciativa judicial”, resume el responsable del departamento jurídico de Ceaccu, Eugenio Ribón. Una vez que el banco acude al juzgado de primera instancia para reclamar la ejecución de desalojo, el procedimiento consiste en demandar al banco por las cláusulas abusivas del contrato hipotecario, lo que debe hacerse en el juzgado de lo mercantil.  
Una vez presentada la querella ante el juzgado de lo mercantil, hay que acudir con copia sellada al de primera instancia en el que la entidad ha requerido el desahucio para que se suspenda. La paralización puede alargarse hasta a 10 años.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para paralizar las ejecuciones hipotecarias de familias en riesgo de exclusión social que están actualmente en curso y, además, conceder una moratoria de dos años a todas las que se produzcan a partir de ahora. Algo, esto último, con lo que están de acuerdo las entidades financieras.  
La Asociación Española de Banca (AEB) anunció ayer que, “por razones humanitarias”, se ha comprometido con el Gobierno a “paralizar” los desalojos “durante los dos próximos años, en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”. Las antiguas cajas de ahorros, agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), se sumaron a la suspensión pero solo hasta que Ejecutivo y oposición pacten la modificación legal que preparan para frenar los desalojos.
La AEB se mostró “a disposición del Gobierno, del PSOE y del resto de formaciones políticas, para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario”. La patronal, que se ha ofrecido a participar como portavoz del sector en las citadas negociaciones, se muestra reacia a modificar una Ley Hipotecaria que “ha permitido el acceso a una vivienda en propiedad al 83% de las familias españolas”. “Algunos de los cambios que ahora se barajan podrían excluir en el futuro a amplias capas de la población del acceso al crédito hipotecario o al menos restringir sus posibilidades de adquirir una vivienda”, argumentan. La propia decisión de paralizar los desahucios temporalmente ‐que según la patronal fue comunicada al Gobierno el pasado jueves‐ ha sido “objeto de un debate intenso y profundo” por parte de los bancos miembros de la AEB.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha liderado las protestas contra los desahucios, respondió a este anuncio de la AEB asegurando que es un “parche” como el Código de Buenas Prácticas actual, ya que no se especifica a quiénes se considerará como personas en circunstancias de “extrema necesidad”.

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Fuente: Expansión

El Gobierno asume que necesita hacer algún movimiento “urgente” para responder al problema social de los desahucios. La comisión presidida por el Ministerio de la Presidencia y con participación de Justicia y del área económica del Ejecutivo, trabaja bajo ese imperativo, según confirman fuentes oficiales.  
Desde el Gobierno advierten de que hay que tener en cuenta que no todos los desahucios son provocados por ejecuciones hipotecarias; y que tampoco todos los procesos de ejecución hipotecaria terminan en desahucios. Además, la revisión de la normativa actual y de la aplicación del Código de Buenas Prácticas se está haciendo sobre la línea roja de centrar el “tiro” en buscar soluciones para los casos de familias inmersas en procesos de ejecuciones hipotecarias y que no tienen otra vivienda en la que residir. “Ésta es la prioridad y sobre esto hay que centrar todas las actuaciones. Sin confundir, porque no todos los desahucios están afectando a gente que necesita esa vivienda para vivir”, precisan las fuentes consultadas. Dentro de esa “confusión”, desde el equipo económico del Gobierno citan, por ejemplo, un reciente caso de un suicidio de un desahuciado para precisar que no fue por problemas con su banco, sino por “una disputa de sucesión familiar”.
En cualquier caso, la comisión del Gobierno trabaja con urgencia sobre distintas propuestas, entre las que están actuaciones para incrementar la transparencia. Por ejemplo, publicar la lista de entidades financieras y su número de desahucios. Dicen en medios gubernamentales que están convencidos de que una medida como ésta tendría “una reacción inmediata” por parte de los bancos por el coste para la imagen de su marca ante la ciudadanía.  

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Fuente: La Razón