Noticias sobre Cláusulas abusivas

La banca no está dispuesta a apoyar un cambio en la estructura de la ley hipotecaria. Sin embargo, apoyará modificaciones “sociales” relacionadas con las presuntas cláusulas abusivas, los tipos de interés y el sistema de subasta, entre otros aspectos de la ley. Y es que, modificar la estructura de la norma perjudicaría el coste de las hipotecas y, por tanto, a los hipotecados. Así, rebajar las garantías de los contratos obligaría a las entidades a incorporar al precio del crédito el mayor riesgo asumido, lo que derivaría en un concesión de menos créditos, más caros, por menor importe y con una reducción de los plazos de amortización. Un 97% de las personas que tienen contratada una hipoteca están al corriente de pago. Sólo el 3% restante tiene problemas para pagar el préstamo al banco. Una rebaja en las garantías de los contratos perjudicaría a ese 97%, ya que encarecería y endurecería las condiciones del mismo. “Se tocaría un eje de la economía española que es fundamental”, señalan las fuentes.
La Asociación Hipotecaria Española defendió ayer que el carácter abusivo de una cláusula debe ser “específicamente declarado en sede judicial”.

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Fuente: El Mundo

El Consejo General del Notariado reclaman una reforma legislativa que permita al colectivo “cumplir mejor con sus deberes de protección al consumidor, ya que es ante el notario cuando las partes contratan y asumen sus obligaciones”. Los notarios piden más información y sugieren que podrían hacer más. “El notario solo puede controlar, según establece la normativa vigente, que no existan cláusulas abusivas declaradas como tal por la ley o por una sentencia firme que deberá estar inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”, explica el colectivo en la nota.
El comunicado recoge la sugerencia velada, confirman fuentes del colectivo, de que sería positivo abrir un debate sobre el sistema para dilucidar si sería conveniente que el propio notario tuviera poder para detectar cláusulas abusivas y catalogarlas como tales. De momento, no obstante, los notarios califican de ineficaz el actual sistema de notificación de las cláusulas declaradas abusivas, basado en su publicación en el Registro de Condiciones Generales de Contratación, en el que los registradores de la propiedad son los encargados de reunirlas. “Su acceso y su funcionamiento generan error y confusión y la publicación de las sentencias se retrasa sin justificación”, por lo que el colectivo reclama una notificación automatizada y
telemática al Consejo General del Notariado de cada cláusula considerada abusiva por un juez.
 

El Gobierno ha anunciado un nuevo paso para intentar restringir los desahucios y evitar los efectos de los impagos de las hipotecas. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó dos modificaciones en la regulación de las ejecuciones hipotecarias. Por un lado, elevar de uno a tres los impagos para que se proceda al lanzamiento (ejecución del desahucio). Por otro, los intereses de demora no podrán superar el 12%. Se trata de este porcentaje porque dichos intereses no podrán ser mayores al interés legal del dinero ‐actualmente en el 4%‐ multiplicado por tres. Una de las mayores quejas de los colectivos afectados por los desahucios es que las tasas de demora exigidas por las entidades son, a su juicio, demasiado elevadas (en algunos casos rondan el 20%) y sitúan al consumidor en una posición muy vulnerable.
Este anuncio se ha producido después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictara en una sentencia que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque los consumidores se encuentran desprotegidos ante una cláusula abusiva. En concreto, los afectados solo podrían reclamar una vez que hubieran sido desalojados de sus casas. Aunque fuentes jurídicas aseguran que esta sentencia solo podría cambiar las ejecuciones en marcha y no las concluidas (es decir, las que han terminado en desahucio), otras voces autorizadas sugieren que algunos desalojados podrían recuperar su vivienda.

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Fuente: Expansión

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao ha declarado nula por “abusiva” la cláusula suelo que impuso el Banco Guipuzcoano ‐ahora integrado en Sabadell‐ en un crédito hipotecario contratado en 2004, y ha condenado a la entidad a pagar al cliente el dinero que le cobró en aplicación del tipo mínimo por encima del interés variable.
El cliente suscribió el préstamo por un importe de 480.000 euros a devolver en 25 años, con un interés variable euríbor más 0,50 de diferencial, con la fijación de un tipo mínimo de referencia del 3% y un tipo máximo del 15%. Después, el contrato fue ampliado en 90.000 euros, para un total de 570.000 euros, manteniéndose el tipo de interés. La sentencia estima íntegramente la demanda del cliente, ya que considera un “desequilibrio palmario” fijar un mínimo con una alta probabilidad de entrar en juego, a la par que se pacta un máximo que “cualquier persona con un mínimo acercamiento al sector financiero catalogaría como descabellado”.

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Fuente: Expansión, La Vanguardia

La presión social logró que el Gobierno moviera ficha frente al drama de los lanzamientos en lo que calificó de “primera fase de medidas de protección de los deudores hipotecarios”. Fuentes solventes confirman que ya hay otras iniciativas en estudio y muy avanzadas. De momento, las actuaciones han ido dirigidas a evitar los lanzamientos durante dos años y a constituir un Fondo Social de la Vivienda. De hecho, una de las normas más esperadas del nuevo periodo de sesiones es la que recoge estas propuestas, tras el acuerdo de los grupos para que el decreto ley del Gobierno fuera tramitado como proyecto de ley después de su convalidación por la Cámara Baja a finales de noviembre.
Desde el equipo económico del Ejecutivo destacan que hasta ahora se ha puesto la atención en las medidas paliativas adicionales a corto plazo, pero que están convencidos de que se pueden hacer más cosas “sin demagogia” frente a este problema. Siempre teniendo en cuenta ‐precisan‐ que los cambios legales no afecten “negativamente” a la banca ni a la financiación de la construcción de nuevas viviendas ni al principio básico en materia de seguridad jurídica “de que las deudas se pagan”.
Entre las medidas en las que el Gobierno está trabajando está la limitación de los intereses de demora, que son cláusulas penales por cumplimiento tardío, no intereses remuneratorios. Hasta ahora, lo normal es que las entidades financieras incluyeran en sus contratos de préstamo o créditos hipotecarios intereses de demora del 20,5%. Según los expertos, hay dos medidas susceptibles de ser aplicadas: la de limitar legalmente el tipo de los intereses de demora y la de limitar el importe y las cuotas que devengan tales intereses. El segundo cambio que se prepara afecta a las hipotecas con cláusulas abusivas. El Gobierno quiere acabar con su comercialización. En ello influyen las consultas de algunos jueces españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre su legalidad. Un ejemplo son las cláusulas suelo. 

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Fuente: La Razón

“Aunque se haya pactado e inscrito un tipo superior, en ningún caso podrán reclamarse en este procedimiento intereses moratorios calculados a un tipo superior al doble del previsto para los intereses remuneratorios”, según estipula la propuesta de 14 puntos sobre la reformas de las leyes Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil, realizada por un grupo de juristas. Se argumenta que la utilización de un procedimiento de ejecución que anula la posibilidad de discutir la causa de incumplimiento del deudor deber verse de alguna forma compensada por una limitación en la consecuencia económica fundamental, que es el tipo de cambio de intereses de demora. El informe, aparte de esta modificación del artículo 130 de la Ley Hipotecaria, propone la misma modificación en el artículo 685.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la intención de equilibrar las posiciones entre el acreedor y el deudor hipotecario.
Asimismo se comenta que el informe de los jueces que rechazó el Consejo General del Poder Judicial y cuyo apoyo ha sido otorgado por los jueces decanos de toda España aboga no solo por otorgar mayor libertad para que los jueces puedan decidir la suspensión de los procedimientos cuando se abra un proceso para analizar si existen cláusulas abusivas en el contrato crediticio, sino también un límite para los intereses de demora, que no deberían ser superiores al 2,5% de los intereses remuneratorios.  

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Fuente: El Economista

El Gobierno trabajará, en la tramitación parlamentaria de la reforma de las ejecuciones hipotecarias, para erradicar el problema de “las cláusulas abusivas que eventualmente puedan existir, con el fin de limitarlas a términos justos para ambas partes o de erradicarlas completamente”, aseguró el subsecretario del Ministerio de Economía, Miguel Temboury. El dirigente gubernamental, que ha pilotado las negociaciones para consensuar con el PSOE una reforma del sistema de ejecuciones hipotecarias, insiste en que “se va a prestar una especial atención” a estas cláusulas, por lo que no se descarta “prohibirlas”.
Asimismo, el Gobierno “analizará” que los desahuciados puedan recomprar sus inmuebles. Preguntado sobre la posibilidad de que el deudor hipotecario goce de un plazo de tiempo para recuperar el bien adjudicado, por el mismo precio más los intereses legales, Temboury contestó: “Es una propuesta inteligente y equilibrada y será valorada en la tramitación parlamentaria”.
El Ministerio de Economía rechaza la dación en pago, ya que perjudicaría a la concesión de financiación, de por sí limitada actualmente: “La eliminación de la responsabilidad patrimonial universal y la imposición de la dación en pago conducirían a una situación en la que resultaría inviable en el futuro el crédito hipotecario, perjudicando de este modo el acceso a la vivienda en propiedad, que solo sería asumible por quién pudiera pagarla de antemano”, asegura el subsecretario de Economía.

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Fuente:Expansión
 

El euríbor cayó por primera vez en la historia por debajo del 0,6% en su cotización diaria y todo parece indicar que se encamina hacia un nuevo descenso este mes. En medio de una recesión profunda y tras cuatro años de crisis, el fuerte descenso del indicador ‐que ha retrocedido desde más del 5% en el verano del 2008 hasta el nivel actual‐ supone un alivio para miles de hipotecados, que han visto cómo sus cuotas mensuales caían en picado en los últimos años. Pero no es así para todos. Buena parte de la cartera hipotecaria, contratada en los tiempos en los que los tipos y el euríbor estaban mucho más altos, cuentan con cláusulas suelo. Las asociaciones de consumidores denuncian que muchos usuarios desconocían la existencia del suelo en sus hipotecas y hay ya sentencias que les han dado la razón o que han considerado abusivas estas prácticas, aunque no siempre.  
Desde el punto de vista de la gestión bancaria, el establecimiento de un suelo merece los elogios de los analistas, ya que, protege el margen financiero en periodos de tipos bajos como los actuales. Ahora, además, la banca tiene el problema de que le cuesta financiarse en los mercados, por lo que puede encontrarse con que su cartera le produce rendimientos negativos. Sería así en casi todos los casos de no ser por la ayuda del Banco Central Europeo y sus préstamos masivos a la banca española a tres años y al 1%.

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Fuente: La Vanguardia

El programa electoral del PSOE incluye un amplio apartado dedicado a la política de vivienda. Entre las propuestas que plantea, destaca el establecimiento de “la obligatoriedad de que las entidades financieras ofrezcan productos hipotecarios en los que la garantía se límite al bien hipotecado, lo que se denomina dación en pago”. Esta medida prevé reducir al mínimo las ejecuciones hipotecarias y aboga por que estas sean el último recurso. Recuerda el programa que estas operaciones generan costes judiciales e imponen demoras de casi dos años en los que se acumulan intereses y la vivienda queda paralizada. “Y cuando se llega a la subasta, el deudor no puede obtener por su piso un valor de mercado que le permita reducir al máximo su carga”, dice el documento. Por ello, el PSOE se compromete a incentivar la dación en pago pactada como una solución más eficiente para beneficiar al deudor hipotecario de buena fe. Incluso propone una mayor implicación de todos los agentes que intervienen en este proceso, además de las entidades, los notarios, los registradores y las comunidades autónomas. Quiere promover un acuerdo con las regiones para eximir del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales en los que la entidad acepte la vivienda para saldar la deuda. Otras medidas que el PSOE aplicará si gana las elecciones del 20-N para favorecer a las familias frente a las cláusulas abusivas que aplican algunos bancos y cajas es limitar para las hipotecas sobre vivienda habitual el tipo máximo de los intereses de demora y que se apliquen en exclusiva al principal de la deuda. Asimismo, pretende que la penalización por cancelación anticipada se limite a la pérdida económica real que sufre la entidad y establece un límite temporal mínimo por el que debe ser reconocido el valor de tasación de una vivienda, impidiendo actualizar a la baja el mismo al poco tiempo de haberse constituido el crédito.
Entre las medidas estrella que plantea el programa electoral del PSOE en materia de vivienda destaca la actualización de la fiscalidad para impulsar la salida del stock de casas sin vender, que se eleva en torno a las 700.000. Así, plantea elevar el tope de renta por el que las familias de rentas más bajas pueden seguir desgravándose en el IRPF por la compra de su residencia habitual de los 24.000 euros actualmente en vigor a los 30.000 euros brutos anuales.

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Fuente: Cinco Días, El País, El Economista, Expansión y ABC

El Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid ha declarado nulas por abusivas 22 cláusulas incluidas por BBVA (12) y Banco Popular (10) en sus contratos de préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, cuentas corrientes y servicios de banca telefónica e Internet. El juez Javier Yáñez ha avalado la legalidad de las otras 29 cláusulas impugnadas por la demandante, la asociación de consumidores OCU, entre las que destaca la llamada 'cláusula suelo' de los préstamos hipotecarios, que fija el mínimo del tipo de interés a pagar, limitando las posibles rebajas en la cuota mensual de la hipoteca al actuar como freno ante las bajadas del Euríbor. El juez desautoriza al BBVA a aplicar un vencimiento anticipado de la hipoteca cuando se incurra en incumplimientos "accesorios o irrelevantes". Respecto a las cláusulas anuladas, la sentencia ordena a BBVA y Banco Popular "cesar el empleo y difusión de las condiciones generales de la contratación declaradas nulas, debiendo eliminar las entidades demandadas sus condiciones generales" de sus contratos, así como "abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo". Las cláusulas impugnadas quedarán inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, lo que hace que se extiendan a otras entidades. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de cinco días.

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Fuente:El Mundo